Uno de los mitos que el gobierno pretendió refundar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el de la "recuperación de la capacidad del Estado" para controlar a las corporaciones mediáticas. La palabra liberada, de Cristian Henkel y Julián Morcillo, es un ataque de fondo a ese mito: "El condicionamiento mayor a la libertad de la palabra está dado por el organismo que en última instancia es el garante de la reproducción de un régimen social de explotación, que concentra el uso de la fuerza y la burocracia para frenar cualquier intento de cuestionamiento al orden establecido. La censura que hay que quebrar es la del capital, para lo cual es necesario enfrentar no sólo la concentración privada sino también al Estado capitalista, que actúa al servicio de tal orientación."

Ese cuestionamiento es el principal mérito del libro. Pero La palabra liberada no se limita a desnudar la naturaleza de clase del Estado sino a ilustrarla en su relación con los medios masivos. Por un lado, reconstruye la historia de las "políticas nacionales" de comunicación que hegemonizaron los debates de los años setenta. Esas políticas, que intentaron poner un límite a la acción de los monopolios mediáticos de origen imperialista, no sólo fracasaron por la acción de éstos últimos sino -como lo subraya el libro- por los límites de los gobiernos nacionalistas burgueses.

El recorrido atraviesa también el trayecto que va desde la dictadura hasta la sanción de la ley de medios. Contra la tesis dominante en los limitados debates y foros impulsados por el Estado, los autores demuestran que la ley de la dictadura se "democratizó" en los sucesivos gobiernos -de Alfonsín a Néstor Kirchner-, no para promover la pluralidad de voces sino, precisamente, para apuntalar sus aspectos más favorables a la concentración capitalista: desde la habilitación al sector de medios audiovisuales para ingresar a los medios gráficos (bajo el menemismo) hasta la extensión de las licencias y la fusión del cable (en el primer gobierno de los K).

De la sanción de la ley en adelante, Henkel y Morcillo examinan cada una de las promesas "liberadoras" para contrastarlas con la situación realmente existente.

En particular, aquellas que giraron en torno al "tercer sector", comunitario o popular. Además de revisar críticamente el concepto de "pluralidad de voces" (que alude a expresiones tan diversas como atomizadas, en lugar de asegurar la libertad de expresión para corrientes de opinión organizadas), el libro aborda los debates al interior de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fueron del apoyo crítico (más apoyo que crítico), pasando por la denuncia por haber quedado "fuera de la ley", a las recientes movilizaciones que exigen al Estado el acceso a señales. Ese acceso está vedado por licitaciones con requisitos infranqueables para organizaciones no profesionales y sin capital.

Otro punto fuerte del libro es el dedicado a la relación entre los trabajadores de los medios y la ley, un capítulo ausente del propio texto legal y de los debates previos y posteriores a su sanción. El control de los lugares de trabajo por parte de las patronales de medios -prohibición o no reconocimiento de las comisiones internas- es más que ilustrativo de la imposibilidad de garantizar la libertad de expresión, donde sólo se escucha e impone la voz del patrón. El llamado a los periodistas del grupo Clarín para que renuncien a sus puestos de trabajo -motorizado por Fatpren, entre otros- no sólo queda en los anales de la miseria moral, sino que termina demolido por la propia acción de los trabajadores del diario, que se organizan y eligen después de años su comisión interna.

Tras analizar la emergencia de medios paraestatales -con la entrada de nuevos grupos aliados al gobierno-, los autores concluyen que "la ley de medios (…) impulsa una reorganización de la explotación capitalista de la propiedad privada de los medios masivos; un reforzamiento de la intervención del Estado como garante de la reproducción de las relaciones sociales -desde la perspectiva particular de los intereses gubernamentales- y una apertura marginal al acceso de organizaciones de la sociedad civil, a las cuales impone condiciones económicas leoninas."

A tres años de la sanción de la ley, tres escenas recientes ratifican las tesis del libro. Una, la creciente organización y movilización de los periodistas en sus lugares de trabajo reclamando una paritaria que rechazan las patronales. ¿Qué mayor democratización de la palabra que asumirla en el lugar de mayor regimentación, la redacción? Dos, los balances oficiales de la ley que amontonan licencias aprobadas en estos años, el 80% de las cuales corresponden a empresas privadas, adjudicadas directamente y sin licitación. Tres, más que escena, una instantánea: con el resto de los canales de la televisión abierta a su favor (Telefónica, Vila-Manzano, el mexicano González González), el gobierno fuerza el cambio de horario de Fútbol para Todos para intentar capturar -infructuosamente- la audiencia a un programa del grupo Clarín. Una declaración de derrota de la batalla cultural que el gobierno proclamaba desde 2009.

Más allá de otros reconocimientos, el libro es un muy buen instrumento para seguir debatiendo y luchando por la democratización, la libertad de opinión y la independencia política de los trabajadores.