Compartimos el documento leído en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2022, a 20 años de la Masacre de Avellaneda.

 

20 años de impunidad, 20 años de lucha. Seguimos afirmando: no olvidamos no perdonamos no nos reconciliamos

¡Darío y Maxi no están solos y viven en la lucha del pueblo!

Darío y Maxi fueron parte de una gloriosa juventud y de un pueblo que en la década de los 90 y principios del 2000, enfrentaron con organización y lucha callejera, las políticas de ajuste que los organismos internacionales de crédito ordenaban a los cipayos políticos de turno. Esas luchas, con cortes de rutas y movilizaciones, se extendían por todo el país. Les trabajadores desocupados y desocupadas venían construyendo barricadas contra el avance del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Club de París. Esta resistencia legítima del pueblo se dio en el marco de hacer visible la condición de hambre y desolación que padecían más de cinco millones de familias que habían quedado desocupadas luego de haberles entregado las principales fuentes de trabajo y recursos económicos a las empresas transnacionales durante el gobierno de Carlos Menem. Las rebeliones  populares del 19 y 20 de diciembre del 2001 no alcanzaron del todo para frenar el avance de las  políticas de ajuste, por lo tanto no cesó la movilización del pueblo que quería trabajar y no pasar hambre. Es así que continuó expresándose en la calle el pueblo disgustado con quienes  gobernaban. Es por eso que un mes antes de la represión criminal del 26 de junio del 2002, los gobernadores peronistas, radicales y de partidos provinciales, tuvieron una reunión en La Pampa  con el presidente interino de aquel momento, Eduardo Duhalde y su Secretario de Seguridad Juan José Álvarez. En la misma exigieron “mano dura” para recuperar el control de la calle, esgrimiendo éstos que era imposible gobernar una nación sin cumplir con esta premisa. Es  así que comenzó entonces una campaña mediática, a través de los medios hegemónicos de  comunicación, estigmatizante hacia el movimiento popular mostrándolo como el enemigo interno a  derrotar. Esta campaña fue con amenazas directas desde la boca misma de los funcionarios de más alto rango en el Poder Ejecutivo nacional como las palabras de Alfredo Atanasoff: “Si cortan el  puente Pueyrredón va a ser una declaración de guerra”. Una guerra donde los únicos armados  fueron la Policía Bonaerense, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, en un operativo conjunto comandado y coordinado desde la base Billinghurst de la Side (Secretaría de  Inteligencia del Estado).

Sin embargo, la lucha popular, con las banderas de Darío y Maxi a la cabeza, se extendió y a los reclamos que aquel 26 de junio ellos sostuvieron con su vida, se le sumaron los de la exigencia de  justicia por ese crimen contra el pueblo.

Así logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, y de quienes nos oponemos férreamente a que recuperen, tanto la libertad condicional como salidas transitorias, por no ser ellos presos comunes. Son asesinos de una fuerza de seguridad, que formaron parte de un crimen de Estado al servicio de la más alta cúpula del gobierno de Eduardo Duhalde, pero los responsables políticos siguen impunes hasta hoy.

Las causas judiciales no avanzan. Ya presentamos catorce testigos y testigas a prestar declaración testimonial. En ellas, los diferentes testimonios han descrito situaciones particulares, relacionadas a las órdenes para aquella jornada represiva, citando nombres y apellidos, que coinciden con quienes  consideramos los responsables políticos de la masacre. Sin embargo, para la Procuvin [Procuraduría de Violencia Institucional], tanto para la fiscal de la causa  federal, tramitada en Comodoro Py, Paloma Ochoa y al Juez Federal Ariel Lijo, después de 20 años, aún consideran insuficientes los datos que la familia, organizaciones y organismos de derechos humanos hemos conseguido como información para la investigación. Una investigación que los poderes del Estado no sólo no han realizado, sino que por el contrario, han encubierto y se han mostrado cómplices de la impunidad que gozan al día de hoy quienes dieron las órdenes aquel 26 de junio del 2002.

La causa provincial a cargo de la Jueza Marisa Salvo, en la que se investiga la responsabilidad del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá y los miembros del Ejecutivo, también está  cajoneada, con un dictado de archivo y sin aportes de la fiscalía, casi sin cambios desde que Mabel Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara.

Todos los avances en las causas han sido, pura y exclusivamente por la lucha popular y el esfuerzo de  les familiares y compañeres de Darío y Maxi, sus organizaciones, y cientos de colectivas, agrupaciones y organizaciones piqueteras culturales, gremiales, de derechos humanes, políticas, y de les compañeres abogades.

Han pasado distintos gobiernos, pero ninguno investigó las responsabilidades políticas e intelectuales. Ni el de Néstor Kirchner quien prometió investigar hasta las últimas consecuencias, ni el de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri (partidario confeso de la represión estatal), y hasta el momento, tampoco el de Alberto Fernández. Todos estos gobiernos sostuvieron vínculos políticos con los responsables intelectuales y políticos de la Masacre, y en varios casos compartieron candidaturas electorales o les dieron cargos en ministerios y otros ámbitos del Estado.

Así lo demuestra, entre otros, el caso de Aníbal Fernández (actualmente Ministro de Seguridad de la  Nación), que tras la represión se jactaba de contar con información de la Side que espiaba a las organizaciones piqueteras. O el de Felipe Solá (ex Ministro de Relaciones Exteriores del actual Gobierno), quien en una intervención en el Senado en 2018 confesó su responsabilidad política como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento de la Masacre de Avellaneda al decir: “No disociemos la actuación policial de la decisión política porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando”. Confesión que presentamos como prueba ante la justicia, pero que fue desestimada.

Personajes que siguen siendo parte del poder político, que nunca fueron citados a declarar, beneficiarios de la misma política de encubrimiento montada por los sucesivos gobiernos frente a  crímenes como los de Carlos Fuentealba, Lázaro Duarte, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora – Sala III, denegó el pedido de la defensa del asesino Alfredo Fanchiotti, para acceder a la libertad condicional.

Sin dudas, este fallo en el marco de los 20 años de la Masacre de Avellaneda es una buena noticia. La movilización sostenida en la exigencia de justicia y el peso específico logrado con tantos años de coherente lucha empujan a personajes como este criminal hacia adentro de las celdas para continuar sus días rodeados por los barrotes de la cárcel.

Rechazamos esta provocación adicional poco tiempo antes de los 20 años de la Masacre. Y desde este Puente decimos: No a la liberación de los autores materiales del crimen de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Que los asesinos sigan en la cárcel.

Seguimos luchando y exigimos castigo:

A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.

A Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia y actual Ministro de Seguridad de la Nación.

A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación.

A Alfredo Atanasoff, ex Jefe de Gabinete de Duhalde.

A Jorge Matzkin, ex Ministro del Interior de la Nación.

Al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi.

A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte  Suprema de Justicia Bonaerense.

Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.

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A 20 años de la Masacre de Avellaneda, las luchas obreras y populares continúan enfrentando a todos los responsables de la pobreza que crece en los barrios. La organización y solidaridad construidas desde abajo nos marcan el único camino posible para que la crisis no la sigamos pagando la clase trabajadora y el pueblo. Hoy, como hace 20 años, el movimiento piquetero, obrero y popular vuelve a ganar las calles contra el hambre, el ajuste y la represión.

La movilización popular fue y es una respuesta frente a la inflación que liquida los salarios, contra la  desocupación, el hambre y la miseria. El acuerdo de entrega entre el gobierno de Alberto Fernández  y el FMI agravó la situación. Esta política parte del reconocimiento, por todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, de una deuda externa usuraria y fraudulenta en favor de la banca y el gran  capital. El acuerdo trae aparejado mayores degradaciones y penurias para nuestro pueblo. Tiene en agenda reformas laborales y más precarización, destrucción de las jubilaciones, ajustes en la  asistencia social, salud, educación, tarifazos y devaluación.

En los últimos días asistimos a una ofensiva contra el movimiento piquetero y las organizaciones populares, que tiene varios objetivos: estigmatizar y criminalizar a las organizaciones que luchan contra el hambre y el ajuste, que reclama la universalización de todos los planes sociales, asistencia alimentaria y trabajo genuino; y bajar aún los miserables salarios que cobran enormes sectores de nuestra clase trabajadora, posibilitando a intendentes y empresarios avanzar más en la destrucción salarial y en precarizar las condiciones de trabajo. Esta ofensiva, que se monta en la negativa del Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta de dar respuesta a los miles de compañeres que se movilizan en todo el país, es promovida por los grandes medios de comunicación, por distintos sectores empresariales, y por distintos sectores políticos (Juntos por el Cambio, los falsos “Libertarios”, y sectores del oficialismo), y en los últimos días principalmente por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pide que todos los planes pasen a los intendentes y gobernadores, aumentando el poder del PJ y atacando los derechos laborales de estatales provinciales y municipales al actuar para bajar más sus salarios. En ese marco, repudiamos la persecución judicial del fiscal Marijuan con Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y Gabriel Solano, diputado de Caba por el FIT Unidad.

El movimiento piquetero es quien trabaja cotidianamente contra el hambre y la pobreza, contra el Estado que no da respuestas desde hace años a los problemas reales de nuestro pueblo trabajador. Atacar a las organizaciones populares tiene como objetivo atacar toda forma de organización de nuestro pueblo, y someterlo aún más al dominio de los punteros políticos y de las empresas.

Así como crecen el ajuste y las luchas, en especial del movimiento piquetero, también crecen los intentos de reprimir y criminalizar la protesta social. Denunciamos la presencia de Aníbal Fernández  en el Ministerio de Seguridad, así como del represor Berni en la provincia de Buenos Aires, amparando el gatillo fácil y las torturas en las comisarías. Venimos de enfrentar la criminalización del movimiento piquetero de Jujuy, con las detenciones de 15 compañeres en marzo y de Juan Chorolque y Sebastián Copello en abril. En Misiones, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y todo el país avanzan causas contra compañeros y compañeras por luchar. En Catamarca se persigue a quienes luchan contra la megaminería y por tierra para vivir. En Capital, el gobierno desató una cacería luego de la votación del pacto con el FMI en  la Cámara de Diputados. Reclamamos el cese de la represión y criminalización de la protesta, el cierre de todas las causas en la lucha contra el FMI, la absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por participar en la lucha contra la reforma jubilatoria promovida por Macri y decimos no a la extradición de Facundo Molares.

Denunciamos también que esta política represiva se continúa en todos los gobiernos, antes y después de la Masacre de Avellaneda. Seguimos levantando los reclamos de Justicia por Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, por los compañeros Qom asesinados en Formosa, por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinados bajo el gobierno de Macri y Bullrich y por todos los compañeros asesinados por luchar.

Esta política de ajuste y represión no podría pasar sin el apoyo de la burocracia sindical, cómplice del deterioro de las condiciones de vida. Planteamos la unidad en la lucha de la clase trabajadora, ocupada y desocupada. Por eso apoyamos las luchas por el salario que vienen librando los  trabajadores del neumático, la docencia de San Juan y La Rioja, la que dieron los metalúrgicos de Río Grande y planteamos la unidad en las calles y un paro nacional y plan de lucha por trabajo y por salario y contra el hambre y la pobreza.

La crisis habitacional dio lugar a cientos de recuperaciones de “tierra para vivir” mientras se privilegia la especulación inmobiliaria, se criminalizan las luchas y se desaloja violentamente. El crecimiento de  los asentamientos y villas de “emergencia” son la respuesta al avance de la pobreza en nuestro país. El  sistema de salud arrastra años de ajuste y vaciamiento. Cientos de trabajadores de la salud murieron enfrentando la pandemia. El sistema educativo también lleva décadas de vaciamiento, mercantilización y precarización laboral y educativa. La pandemia puso al descubierto la falta de inversión acumulada por los distintos gobiernos. Más de un millón de niñes quedaron fuera del  sistema educativo por falta de computadoras y conectividad en la pandemia y no han regresado a las aulas. Hoy en Caba se impone el trabajo gratuito obligatorio para todes les jóvenes de 5to año.

El gobierno encabezado por Alberto Fernández aplica un brutal ajuste para lograr la renegociación de  la deuda con los acreedores internacionales y con el FMI. Este acuerdo somete al país a un mayor atraso económico y mayor dependencia del capital financiero internacional.

Rechazamos el acuerdo del Gobierno con el FMI, exigimos el no pago de la deuda externa fraudulenta e ilegítima y que ese dinero sea destinado a la salud y educación pública, al aumento de la asistencia social y la creación de trabajo genuino para todes. La deuda es con el pueblo trabajador y con la naturaleza, no con el FMI, el Club de París, ni los fondos buitres.

Repudiamos la continuidad de los métodos represivos, la impunidad de las fuerzas de seguridad del régimen, y la persecución a las familias que reclaman verdad y justicia.

Justicia por Facundo Astudillo Castro, asesinado luego de ser detenido por la maldita bonaerense durante la cuarentena del 2020, por Luis Armando Espinoza desaparecido y asesinado por la policía de Tucumán, por Josué Lago de la comunidad qom del Barrio Los Silos en Chaco, por Lautaro Rose asesinado por la policía de Corrientes hace ocho meses,  y por todes les pibes asesinades por la represión estatal.

Basta de gatillo fácil.

Basta de represión y criminalización de la protesta popular.

Libertad a las y los presos y presas políticos.

Absolución a César Arakaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero y Yolanda Vargas.

Por el desprocesamiento de los luchadores populares y la anulación de las causas judiciales.

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En este contexto, la crisis social y económica golpea con más saña a las mujeres, trans, travestis y  lesbianas, hoy en la primera línea contra el hambre, la violencia y las desigualdades de este sistema patriarcal y capitalista, como en aquel 26 de junio de 2002.

Más de cien feminicidios, y 4 trans-travesticidios en 2021 y más de 300 bajo Aspo [aislamiento social, preventivo y obligatorio] y Dispo [distanciamiento social, preventivo y obligatorio] una mujer es asesinada cada 35 hs. Miles de mujeres se encuentran viviendo con violentos, abusadores y femicidas, esto no puede quedar ajeno a nuestros reclamos y luchas cotidianas.

Exigimos respuestas para frenar el asesinato y el secuestro de mujeres y compañeres LQGBI en todo el país, y luchamos para que el Estado tenga políticas públicas que garanticen la igualdad para las mujeres, lesbianas, trans y travestis.

Toda la potencia de la marea feminista se expresa en un movimiento que conquistó el histórico  reclamo de aborto libre, seguro y gratuito y que se fortalece articulándose con las luchas antirracistas,  clasistas, anticoloniales y contra la heteronorma. Cada vez más nuestros sueños y nuestras luchas son feministas, disidentes y plurinacionales.

¡Basta de violencia machista! ¡Basta de femicidios y trans travesticidios!

Exigimos la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas en las redes de trata, y Justicia por todas las víctimas de la violencia machista.

¡Ni una menos! ¡Ni une menos! ¡El Estado es responsable!

¡Aparición con vida de Tehuel Torre!

¡Cupo laboral trans-travesti ya!

Exigimos el debido cumplimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¡Separación de la iglesia y el Estado!

Darío y Maxi, Son nuestra bandera para seguir construyendo el poder del pueblo. A través de ellos reivindicamos a todes les mártires de las luchas obreras y populares.

A nuestres 30 mil compañeros y compañeras detenidos y detenidas desaparecidas por la última  dictadura cívico militar eclesiástica y a les asesinades por la represión durante la democracia. Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento del crimen de Silvia Suppo. Reclamamos Justicia por el crimen de Lázaro Duarte, asesinado por una patota del MPN gobernante en la provincia de Neuquén.

Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la prefectura y la gendarmería en la represión contra las comunidades mapuches. Patricia Bullrich y Mauricio Macri son responsables.

Por Luciano Arruga y todos les asesinades por gatillo fácil. Por Mariano Ferreyra y la vigencia de su lucha contra la tercerización laboral y la explotación de les trabajadores.

Nos solidarizamos con todas las luchas de los pueblos hermanes de Nuestra América. Saludamos la  heroica lucha que puebla las calles en Ecuador. Seguimos exigiendo Justicia por Berta Cáceres,  lideresa del COPINH [Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas] en Honduras asesinada en marzo de 2016, justicia por las 56 niñas incineradas en Guatemala en 2018, castigo a los asesinos de Marielle Franco en Brasil. Aparición con vida ya de  Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, en Paraguay. ¡El Estado es responsable!

Volvemos al puente con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral. Por tierra, trabajo y vivienda digna para todes.

Basta de hambre, criminalización de la protesta y represión.

Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.  No al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI, que profundiza la miseria y la dependencia  económica y social.

Fuera el imperialismo de América Latina.

No a las bases militares en Argentina y Nuestra América.

Unidad de todes les luchadores y luchadoras por una Argentina sin explotación ni opresiones.

¡Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy!

Darío y Maxi 19 años en la primera línea

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ¡presentes!

La Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado.

https://prensaobrera.com/politicas/a-20-anos-de-la-masacre-de-avellaneda-las-lecciones-de-la-lucha