Según cifras oficiales el gobierno ha reducido los recursos destinados a las principales políticas sociales para los sectores más pobres. Mientras que en noviembre del 2021 se destinaron $1.207 millones diarios a la asistencia social, en enero y febrero esa cifra pasó a $1.073 millones: un guiño para el FMI y el ajuste fiscal.

Se trata de las partidas designadas, principalmente, a Políticas Alimentarias y Potenciar Trabajo, que concentran el 90% de los fondos que maneja la cartera de Desarrollo Social, y que entre ambos acumularon $62.270 millones en los primeros 58 días del año.

A la caída nominal de los recursos destinados debemos agregarle la licuación por la inflación acumulada durante los últimos tres meses, la que implica un 10%. Así las cosas, el ajuste implicaría un recorte del 19% real entre noviembre y la actualidad.

Este ajuste es parte de una política reconocida recientemente por el ministro Juan Zabaleta, con su negativa a la apertura de los programas sociales, en medio de una crisis de empleo, desocupación y pobreza.

En palabras del ministro “No es la misma Argentina que la de la pandemia. Está dando señales de recuperación. Más del 80% de los trabajos que se perdieron durante la pandemia se han recuperado”. Con independencia del 20% de los empleos sin recuperar, Zabaleta quiere dar por finiquitada la asistencia a los desocupados y sectores más pobres, con la fábula de una conversión de los planes sociales en empleo.

Para ponderar los “esfuerzos” que realiza el gobierno y los intereses que sustenta, en medio de la crisis, en los primeros 50 días de 2022 se enviaron al Servicio de la Deuda Pública $204.000 millones (más de $ 4.000 millones diarios) y $134.669 millones para subsidios a las patronales eléctricas, a razón de $2.700 millones por día, casi el triple de lo que reciben las políticas sociales.

La veracidad de la advertencia de las organizaciones piqueteras, nucleadas en la Unidad Piquetera, del ajuste en marcha del gobierno puede verificarse con estos números, lo que no hace más que calentar la olla de presión social que se gesta por debajo.

Ante esta situación, las organizaciones sociales afines al gobierno, enroladas en la Utep, convocan a una olla popular para el jueves 3 de marzo, con el lema “¡Es hora de priorizar la deuda interna!”, sin rechazar de plano las gestiones del gobierno con el FMI, que llevan al ajuste directo sobre los trabajadores y desocupados, como al que estamos asistiendo.

El movimiento piquetero combativo, por su parte, sigue trabajando intensamente en la convocatoria a un plenario nacional piquetero el 11 y 12 de marzo, al cual ya se han comprometido participar más de 30 organizaciones nacionales.

Este plenario será una nueva instancia de deliberación y resolución de un plan de acción nacional para derrotar el ajuste del gobierno y el FMI, con un programa que se viene expresando en las calles, por trabajo genuino, aumento y apertura de los programas sociales, alimentos para los comedores populares, libertad de organización y no al pacto con el FMI, entre los principales reclamos.

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