Los comedores populares juegan un papel fundamental, de subsistencia, para millones de personas condenadas a la pobreza y la indigencia, por la política de ajuste del gobierno nacional y el régimen de hambre y miseria del FMI.

Existen en casi todos los barrios pobres del país y son impulsados por el esfuerzo y la dedicación de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, con un limitado reconocimiento del Estado: mal pagos y sin derechos laborales, previsionales, sanitarios y contra riesgos del trabajo.

Solo el Polo Obrero cuenta con más de 400 comedores y merenderos en el país. De los cuales 196 se encuentran en el Gran Buenos Aires. Desde Prensa Obrera recorrimos el interior de algunos comedores del Conurbano bonaerense y el interior del país.

Actualmente el Estado reconoce solo 70.000 trabajadores/as de comedores populares, a quienes les asigna un “plus” de $5.000 sobre el escaso ingreso de un programa Potenciar Trabajo, el cual representa la mitad del salario mínimo.

Como explican las trabajadoras de los comedores, este reconocimiento implica poco y nada, ya que no las hace beneficiarias de ningún derecho ni consideración particular. Incluso nos han manifestado que tal reconocimiento responde a la asignación de “cupos” determinados y no a la realización de sus tareas, quedando varios compañeros/as por fuera.

Si bien son considerados/as como esenciales, el Estado no les garantiza los insumos sanitarios, y, hasta la fecha, no los/as ha integrado en el cronograma de vacunación contra el Covid-19, a pesar de que en cada lugar reciben a diario decenas de familias en busca de un plato de comida.

Los comedores populares han aumentado el caudal de comensales con el crecimiento de la pobreza, con 19 millones de pobres en el país y casi 5 millones de indigentes. El gobierno ha recortado la precaria asistencia económica y alimentaria durante la pandemia, lo que ha empujado a más personas a asistir a comedores y merenderos barriales.

Los testimonios de los/as trabajadores/as reflejan que a pesar del papel imprescindible que cumplen, el Estado nacional viene recortando los alimentos y provisiones para los comedores populares, lo que los obliga a acudir a la solidaridad de los vecinos y comerciantes, para no descontinuar el funcionamiento de los mismos.

Muchos comedores han tenido que reducir su funcionamiento o bajar la calidad de las comidas que sirven para que pueda alcanzar a todos los comensales. Por este motivo, los/as trabajadores/as se han visto obligados a movilizarse durante la pandemia para que se restablezca el envío de alimentos, al mismo tiempo que son denunciados como “irresponsables” por el mismo gobierno que condena a millones al hambre.

Desde Desarrollo Social afirman destinar $3.400 millones para comedores populares, lo que implicaría $17.000 millones en lo que va del año. Mientras que en vencimiento de deuda se pagaron $215.000 millones y otros $430.000 millones en intereses por Leliqs y Pases.

Entre los principales reclamos que levantan se encuentra el reconocimiento de todos los trabajadores esenciales, alimentos para los comedores populares, vacunación e insumos sanitarios y salario por arriba de la canasta básica y derechos laborales.

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