El martes pasado, durante una reunión virtual de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Unicameral, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, Juan Carlos Massei, explicó los alcances, en el marco del aislamiento social, de los programas de la cartera que preside. El planteo es una política de hambre por parte del Estado en su conjunto, contra las familias que no pueden hacer frente a la cuarentena sin asistencia.

El ministro informó que 1,7 millones de personas son asistidas por el Estado nacional y provincial en Córdoba: ya que no cubren sus necesidades básicas alimentarias sostienen a más del 40%, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. El reconocimiento de que el 40% de los cordobeses necesitan asistencia alimentaria es la confesión del fracaso de las políticas del PJ cordobés, que gobierna la provincia desde hace más de 20 años. El ministro también reconoció que de la pandemia se saldrá con más pobres e indigentes, sin plantear cual será el plan para afrontar este problema.

El informe no dio cuenta de por qué el ministerio dejó de funcionar durante la cuarentena, tampoco de por qué se cortó la asistencia a comedores y merenderos. Tampoco se explicó el recorte en las tarjetas alimentarias, en vez de ampliar los beneficiarios ante esta situación. Massei no dio cuenta de por qué la provincia suspendió el pago de los programas socio laborales provinciales.

El ministro, hombre de confianza del gobernador Schiaretti, no desconoce que ya en marzo de este año la Defensoría del Pueblo de Córdoba publicaba que una familia para subsistir necesita como mínimo $16 mil por mes. Sin embargo, se plantea como un logro las tarjetas sociales de $2 mil para 61.700 beneficiarios: muy lejos de lo que necesita una familia para comer durante el mes. El gobierno no garantiza el derecho al trabajo, y da tarjetas miserables. Claramente esta política alimentaria es una política de miseria y hambre.

Desde el gobierno también plantearon como un gran logro el Paicor que asiste a 270.000 niños de los casi 650.000 estudiantes de escuelas públicas provinciales. Desde la juventud del Polo Obrero nos hemos movilizado y denunciado que se excluye niños por tener a hermanitos que asisten a ese programa alimentario; también se excluye niños por tener a los padres con trabajo registrado. Además, hemos denunciado que los módulos para cubrir las necesidades de un niño por 45 días, son totalmente insuficientes, menos aún podrían alimentar a una familia que se encuentra sin ingresos.

El ministro también reconoció que con la cuarentena apareció una franja social que antes no recurría a la ayuda del Estado. Son personas de la economía informal, que en Córdoba alcanzan al 40% de la población trabajadora. Con la cuarentena quedaron en cero, sin la ayuda del Estado. Massei no planteó una solución para estas familias, dejando entrever que entienden que están cubiertos por Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que abarca a 651.560 personas en la provincia. En este punto es necesario tomar en cuenta que el IFE se ha cobrado una sola vez en casi 90 días de cuarentena, es decir $3.333 por mes, muy lejos de los $16.502 de subsistencia.

El informe de Massei se dio dos días antes de que el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero y organizaciones sociales desarrollemos una jornada nacional de lucha en reclamo de provisión integral y preventiva de elementos y kits sanitarios para comedores, para toda persona que lo necesite y no pueda acceder a estos. También solicitamos alimentos para los comedores populares, incremento de testeos, seguro al parado de $30.000, para todos los que lo necesiten y que la crisis la páguenlos capitalistas, porque con hambre no hay cuarentena.