Mientras se agrava la crisis alimentaria en la localidad bonaerense de Florencio Varela, el gobierno del peronista Andrés Watson continúa sin dar respuestas a los reclamos de los comedores populares.

Esta política se hizo clara en la reunión realizada el martes 7 en el Salón de los Bomberos, la segunda entre las autoridades locales y las organizaciones sociales, de la que participamos con el Polo Obrero (luego de no haber sido convocados a la primera).

En días previos, el municipio había solicitado un informe de la ubicación de los comedores barriales dependientes de las organizaciones sociales; pero durante la reunión Natalia Scigo (subsecretaria de Promoción Comunitaria) nos notificó que tales datos les servirían para tener un mapeo de “hasta donde llegamos”, es decir: adonde NO enviarán ningún tipo de ayuda social.

Esta burla fue complementada por los funcionarios con la afirmación de que solo habían otorgado al municipio 10 millones de pesos, con los cuales no se podía “hacer magia”. Ello cuando el intendente está alineado políticamente y defiende públicamente la política de los gobiernos provincial y nacional,  que destinan fortunas a la deuda externa y a subsidios a los empresarios mientras la población trabajadora pasa hambre (a lo que se suma el escándalo de los sobreprecios, de hasta un 100%, en la compra de alimentos que realiza el Estado Nacional).

Quienes no pueden “hacer magia” son las y los trabajadores que sufren el agravamiento de la crisis ya existente como consecuencia de la pandemia. Los comedores populares cuentan con una provisión de mercadería totalmente escasa, ya que el Estado Nacional no cumple con la Ley de Emergencia Alimentaria (sancionada en septiembre de 2019 a fuerza de un acampe de 48 horas del movimiento piquetero), que prevé un aumento del 50% en los alimentos destinados a comedores. En estas condiciones, se tiene que recurrir a la buena voluntad de los comerciantes que donan mercadería cuando pueden, mientras que la carga de las garrafas termina saliendo del bolsillo de las delegadas barriales –cuyo único ingreso, con suerte, son $8.500 de un plan social.

Antes de que hablase Scigo, la reunión había sido abierta con un informe del Secretario de Salud. El funcionario anunció el avance de la construcción del hospital modular alrededor de la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en la avenida Novak, con capacidad de 25 camas de terapia intensiva y 30 de internación común, sumándole a esto también el uso de instituciones no hospitalarias para casos leves, totalizando 354 camas. Pero se trata de 0,64 camas cada mil habitantes del distrito, menos de un décimo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El funcionario insistió en la importancia de respetar el aislamiento y en la higiene de manos constante, pero omitió el hecho de que un 40% población de la localidad (donde hay casi 70 villas y asentamientos) carece de cloacas y acceso a agua potable.

Ante todo esto, desde el Polo Obrero denunciamos que la reunión constituía una “lavada de cara” sin dar respuestas a los reclamos de comedores, recibiendo como única respuesta de los funcionarios que “el que no esté de acuerdo, allí tiene la puerta”.

La crisis sanitaria actual, a causa del coronavirus, vuelve a poner a la luz décadas de miseria y abandono en la que se encuentra nuestro distrito. Desde el Polo Obrero Florencio Varela denunciamos la negativa del gobierno municipal de asistir a los comedores populares, y exigimos que se imponga una tasa de emergencia a los grandes empresarios del distrito para satisfacer las necesidades de los desocupados. Y levantamos más fuerte que nunca el reclamo del no pago de la deuda externa, y de que esos fondos sean utilizados para enfrentar la emergencia sanitaria y alimentaria y el conjunto de las reivindicaciones populares.