En su reciente intervención del pasado viernes 8 en el Calafate, la vicepresidenta Cristina Fernández volvió a la carga contra los programas sociales, reivindicando la gestión kirchnerista con la implementación del programa Argentina Trabaja: un esquema de precarización y fraude laboral, en mano de los intendentes y gobernadores, que dio lugar a uno de los casos de corrupción más resonantes.

Allí reivindicó la labor de Alicia Kirchner -actual gobernadora de Santa Cruz- al frente del Ministerio de Desarrollo Social, en la transformación (compulsiva y convulsiva) de los planes Jefes y Jefas en programas que “habiliten” una mano de obra precarizada y barata para distintos emprendimientos públicos. Así nacieron el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen.

Argentina Precariza

Tanto el Argentina Trabaja como el Ellas Hacen se desarrollaron a partir de finales del 2009, es decir que no aparecieron como relevo inmediato de los planes Jefes y Jefas de Duhalde, con la asunción de Néstor Kirchner en 2003, como Cristina intenta presentarlo. Estos programas le permitieron al gobierno nacional “reencauzar” la asistencia social, con un severo recorte de los beneficiarios, a tareas laborales por fuera de todo convenio de trabajo.

Ambos programas consistieron en la realización de tareas laborales por un total de 40 horas semanales (8 horas diarias), a cambio de un ingreso apenas superior a la mitad del salario mínimo, bajo la modalidad de “cooperativas de trabajo” controladas por los Entes Ejecutores del Estado, en cabeza de cada municipio.

Como Cristina reivindica en los tuits publicados tras su discurso, las cooperativas de los AT y el Ellas Hacen fueron empleadas en diversas tareas públicas, como la construcción de viviendas, zanjeos, limpieza y saneamiento, confección de indumentaria, pavimentación y refacción de calles, etc.

Las condiciones laborales eran más que paupérrimas, ya que el Estado siquiera garantizaba todo los elementos de trabajo, no se reconocían derechos laborales (a pesar de la característica de las tareas y la manifiesta relación de dependencia) ni paritarias. El Polo Obrero, por ejemplo, emitía un boletín (La Cuadrilla) justamente para organizar las reivindicaciones laborales de las y los 200.000 integrantes de ambos programas.

Punteros, estafas y fraude

Un caso paradigmático de la manipulación y el fraude que este programa constituía fue el del desvío de fondos en la construcción de viviendas de la “Misión Sueños Compartidos”. O el despliegue clientelar de Milagro Sala en Jujuy, referencia de los armados punteriles del Estado sobre la base de la coacción y los negociados; esquema que hoy ha quedado en manos del gobernador Gerardo Morales.

Lo que de seguro no es cierto es lo que Cristina afirma al señalar que estos programas sociales fueron el punto de partida de la inserción de los y las desocupadas al mercado laboral; concluido el gobierno kirchnerista los programas siguieron creciendo bajo el macrismo, sumando el Salario Social Complementario y luego “simplificando” todo el esquema en este último y el Hacemos Futuro.

El ataque de Cristina responde a que gran parte de este esquema, que ha crecido de la mano de la desocupación y la pobreza generadas por el kirchnerismo, el macrismo y el actual gobierno del Frente de Todos, ha pasado a organizarse de forma independiente de los punteros y el Estado, con comedores populares en miles de barrios e infinidad de tareas comunitarias y vecinales.

La vicepresidenta quiere poner todo ese capital humano al servicio del viejo esquema punteril de trabajo precario, explotación y manipulación, para disciplinar y liquidar un movimiento de lucha en ascenso: el de las y los trabajadores desocupados que enfrentan el pacto con el FMI y el ajuste.

Las organizaciones piqueteras combativas ya han dado su claro rechazo a esta política, con asambleas masivas en las puertas de las intendencias y gobernaciones, el pasado 7 de julio. Ahora preparan una nueva movilización, a Plaza de Mayo, donde amenazan con un acampe piquetero, en medio de los ataques contra el movimiento de desocupados, y con el reclamo de trabajo genuino, seguro universal al desocupado de $100.000, alimentos y libertad de organización.