Los casi cinco millones de trabajadores que vivimos sobre la cuenca del Riachuelo-Matanza, y en particular los de la zona de Dock Sud, Villa Inflamable y Villa Tranquila, en Avellaneda, hemos oído una y mil veces promesas de todos los políticos del régimen de acabar con la contaminación en la zona. Los "mil días para limpiar el Riachuelo" de María Julia Alsogaray se han convertido en muchos más. Los fondos destinados para obras de saneamiento se gastan en un 90% en consultoras que hacen diagnósticos que ya conocemos: que somos víctimas de un envenenamiento silencioso por parte de un puñado de empresas emplazadas en la zona. ¡Entre más de 3.000 empresas asentadas en la cuenca, 65 de ellas son indicadas como responsables del 80% de la contaminación!

Todos los políticos del régimen han fracasado, según informa el diario local La Calle (28/11/03), no prospera el tratamiento de los chicos contaminados de Villa Inflamable: "Los niveles de sustancias en sangre persisten a pesar de los casi nueve meses de tratamiento". Los médicos denuncian que los chicos contaminados por plomo en sangre, al volver a sus casas en zonas contaminadas y por las propias características que tiene el tratamiento, terminan peor que antes, ya que la dilatación de los poros de los órganos internos (efecto del tratamiento) da lugar a una mayor intoxicación. Por esto, el traslado del Polo Petroquímico en un plazo de 10 años, como propone "Cacho" Alvarez, no representa ninguna salida.

Dicho traslado no resuelve el drama de las personas ya contaminadas, ni el desastre en la zona, ni establece garantías para los trabajadores del mismo. Mucho menos pretende resolver la situación dramática de los vecinos y particularmente de la juventud de estas barriadas. Los jóvenes están empleados en negro en el puerto, para limpiar las embarcaciones por jornales diarios, sin protección alguna y expuestos a emanaciones altamente tóxicas.

La única política ambiental positiva es la que puede fijar la clase obrera. El puñado de empresas nucleadas en el Polo Petroquímico son responsables del 5% del PBI de la provincia de Buenos Aires y son las grandes favorecidas por la devaluación. Que sean estas grandes empresas las que financien la instalación de plantas de tratamiento de residuos industriales, las obras de instalación de cloacas en las barriadas, el tratamiento médico de la población afectada y los costos de traslado, reubicación y subsidio a las familias que deban ser evacuadas. Para eso, la caja de esas empresas debe pasar al control obrero. La Comisión obrera-vecinal electa debe integrarse a las comisiones obreras de seguridad en las plantas, para la anulación del régimen de las ART y de la flexibilidad laboral.