Las empresas responsables de la construcción de un gasoducto en el norte de Salta (Refinor y contratistas) se comprometieron a tomar a 200 trabajadores pertenecientes a las organizaciones de desocupados del norte de Salta, cifra que podría llegar a 500. En la misma reunión con representantes de la CTD Tartagal (PO), de la UTD Mosconi y de organizaciones de otras localidades, las patronales se comprometieron a pagar un salario mínimo de 3 pesos la hora para los trabajadores empleados.

Por otro lado, luego de un corte de ruta que se prolongó un día y medio por la caída de 328 planes, el intendente de Mosconi resolvió habilitar fondos propios de la comuna para restituirlos.

Esto ocurre en el escenario político creado por la impresionante movilización en Tartagal (1.200 compañeros, en su inmensa mayoría convocados por la CTD-PO) del 7 de noviembre.

En Tartagal, esta movilización tuvo un significado particular por el clima “antipiquetero” que quiso crear el gobierno a partir de la infausta muerte de una mujer en un corte de ruta a mediados de octubre.

 

Vuelco político

La CTD Tartagal logró este nivel de convocatoria luego de una enérgica lucha política, en la que denunció al gobierno y a las patronales por una triple responsabilidad: la muerte de Nicolasa Jaime (la mujer no disponía de un centro elemental de asistencia a distancia), la represión al movimiento de lucha y el intento de dividir a las organizaciones piqueteras en función de una política de provocación.

Hace quince días recuperaron su libertad los cinco miembros de la ATD (Asociación de Trabajadores Desocupados de Tartagal) a quienes se acusó, en un principio, de “abandono de persona, seguido de muerte” por haber participado del piquete que tuvo ese final desgraciado (luego se cambió la carátula posibilitando su excarcelación). La ATD, una organización con fuertes vínculos con el PJ y la Intendencia de Tartagal, puede haber sido víctima de una política de provocación. Ya a fines de julio, en un corte realizado por una fracción de la ATD existió el intento de no dejar pasar ni ambulancias ni equipos médicos en lo que pudo ser una acción premeditada y orientada desde arriba con el objetivo de generar un rechazo mayor de la población a los cortes de ruta y avanzar en una escalada represiva. La ATD fundamentó su conducta, a su vez, en el intento de la UTD de Mosconi de apropiarse del 80% de los puestos de trabajo que ofrecían las petroleras por el tendido del gasoducto, una conducta incompatible con una política de unión de la clase obrera.

La CTD (PO) llamó a actuar unidos frente al gobierno y las petroleras, delimitándose de quienes “plantean la absoluta potestad sobre los puestos de trabajo” o de quienes “impulsan el enfrentamiento directo entre los desocupados de localidades no solo vecinas sino hermanas”. Llamó a todas las organizaciones a “retomar el método de las asambleas departamentales, el programa del Congreso de Desocupados de diciembre del 2000 para ir por un Fondo Especial de Hidrocarburos, el reparto de las horas de trabajo, el jornal del convenio piquetero actualizado, la reestatización sin pago bajo control obrero”.