Programas sociales

El ajuste del FMI y el gobierno amenaza con bajas masivas al programa Potenciar Trabajo

Victoria Tolosa Paz.

La Justicia accedió al pedido de la ministra Victoria Tolosa Paz de levantar el secreto fiscal e informar al Ministerio de Desarrollo Social quienes son los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que están incluidos en el informe de la Afip que plantea que habría 250.000 programas en situación irregular. El pedido de la ministra tiene que ver con el reclamo judicial de no pagar los programas que para la Afip no cumplen con los requisitos que poseen bienes personales, compra de dólares, etc. El informe había sido pedido por el ministro Zabaleta y fue filtrado desde la Afip que maneja el kirchnerismo.

Esto motivó diferentes presentaciones en la Justicia, que colocan al ministerio bajo la lupa. En este cuadro, inclusive, circularon versiones de que el programa no se pagaría este 5 de diciembre, lo cual sería un ataque brutal contra el millón doscientas mil familias humildes que dependen de ese ingreso. El pedido de la ministra a la Justicia para que le ceda el informe nominal de la Afip habilita que el ministerio avance en bajas masivas, con diferentes argumentos, inclusive contra quienes utilizan billeteras virtuales como mercado pago, quienes pagan Netflix (que se cobra en dólares), o que tienen algún bien.

La confirmación del juez Julián Ercolini despertó el rechazo de propios y ajenos, por el nivel de ensañamiento con los trabajadores desocupados, tomando una medida que no se aplica para investigar los negocios y la evasión fiscal de los grandes capitalistas.

“Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles”

La Utep denunció “amenazas y medidas arbitrarias” vinculadas al intento de desenganchar los programas sociales del salario mínimo, diciendo que no va a permitir “ser fuertes con los débiles”. Incluso anuncian asambleas y movilizaciones. Pero el gobierno de los “fuertes con los débiles” es el que ellos siguen integrando. Con la salvedad de que no es una conducta de ocasión sino una orientación profunda que hunde sus raíces en los compromisos con el FMI y en la defensa de los intereses de las patronales contra los trabajadores.

El gobierno y la Afip también son “débiles con los fuertes”, no se empeñan en perseguir a las patronales que realizan todo tipo de evasiones y defraudaciones al Estado. Así ocurre con las patronales que subfacturan sus exportaciones o las liquidan por fuera del mercado, o directamente son beneficiadas por el Estado con tipo de cambios especiales, como el dólar soja 2. Tampoco persiguen a los capitalistas que sobreestiman importaciones para acceder a dólares más baratos, o realizan operaciones con sus casas matrices con la misma finalidad.

Dirigentes de la CCC sostienen que la responsabilidad es de los “jueces macristas”. Aunque los jueces presionan contra el cobro del Potenciar Trabajo, no se puede tapar que el pedido del informe a la Afip y su confección surgieron de diferentes sectores del gobierno.

Auditoría, auditoría fiscal, ajuste y desenganche

Lo obrado por el gobierno contra los trabajadores desocupados y precarizados debe ser puesto en relación al objetivo que se han propuesto: la liquidación de los programas sociales como medio para avanzar en una depresión generalizada de los salarios.

El gobierno lanzó una auditoría virtual de los programas sociales -que ahora trasladó a la responsabilidad individual de cada beneficiario. Una auditoría que requiere de manejar la conectividad y tecnología necesaria, a la que no acceden miles de compañeros. Y que debe estar terminada el 6 de enero, en tiempo record en relación a reempadronamientos anteriores. La metodología apunta de nuevo al mismo objetivo: dar bajas.

Por otra parte, la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos salió a plantear que desde el gobierno aspiran a desvincular los programas sociales del salario mínimo –hoy representan la mitad del piso salarial-, en una clara señal de ajuste e intento de separar a trabajadores ocupados y desocupados. Esta declaración también armó una crisis y generó rechazo de distintos sectores, pero el gobierno avanza, para reemplazar el aumento automático por el denominado “Consejo de la Economía Popular” integrado por el gobierno y la Utep.

Así las cosas la Unidad Piquetera discute medidas de fuerza para quebrar este plan de bajas y defender el cobro de los programas por todos los compañeros, con acampes, cortes de ruta y movilizaciones. La Unidad Piquetera viene levantando la necesidad de que el conjunto de las organizaciones de desocupados rompan con el gobierno y convoquen a un plan de lucha común.

La ofensiva antiobrera del gobierno y las patronales reclama una respuesta colectiva del conjunto del movimiento de desocupados por trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales y alimentos a los comedores populares como medidas urgentes.