Cerca de 5.000 compañeros del Bloque Piquetero y el Polo Obrero se movilizaron el 15 de enero, desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta la Casa de Gobierno y de allí al Ministerio de Trabajo. La movilización fue un salto político y numérico. Político, porque asumió una posición de independencia frente al gobierno de Duhalde, en un momento en el que el conjunto de las direcciones se somete a la “concertación” en su defensa, armada por la Iglesia. Numérico, porque la movilización mostró un crecimiento de casi el 50% en los compañeros que ganaron las calles respecto a la marcha del 5 de diciembre pasado y el significativo alcance nacional de la jornada. En Córdoba, Salta, Tartagal o Resistencia.

En el caso del Polo Obrero, la movilización consagró el ingreso de nuevas organizaciones a sus filas: la Interbarrial de González Catán y el MTD de Isidro Casanova.

La movilización enarboló un programa suscripto por el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras 11 organizaciones: no a la devaluación, no al pago de la deuda externa, nacionalización de la banca, reparto de las horas de trabajo, salario mínimo de 600 pesos actualizable, defensa y extensión de los planes de empleo sin rebaja ni pago en bonos, libertad y desprocesamiento a los luchadores, Asambleas Populares; todo un programa frente a la crisis actual. Las organizaciones reclamaron, para sus propias filas, 130.000 kilogramos mensuales de alimentos y 25.000 puestos de trabajo.

Los punteros y los agentes del clero

Durante las entrevistas con los funcionarios se desenvolvieron debates sin concesiones. Frente al argumento repetido de “no hay plata”, el PO y el Bloque denunciaron que los banqueros podían obtener préstamos internacionales en efectivo ofreciendo sus carteras de créditos como garantía u obtener el dinero de sus casas matrices. Que ni Telefónica ni Repsol, para tomar sólo dos ejemplos emblemáticos, eran empresas en quiebra.

El debate reveló que para el gobierno, el nudo de la cuestión “social” no es la supuesta ausencia de recursos. Los funcionarios explicaron, tanto en Desarrollo Social, en lo que hace al plan alimentario, como en Trabajo, en lo referido a los planes de empleo, que la distribución en uno u otro caso se haría a través de “comités de crisis”, “emergencia” o “seguimiento”, presididos por el intendente de cada localidad e integrados por la Iglesia, las tres centrales sindicales, las fuerzas empresarias y las ONG *eufemismo que abre paso a las organizaciones dispuestas a colaborar con el Estado.

Por otra parte, quedó en claro que el componente básico de la “política social” del gobierno es un subsidio para jefes de familia de 100 a 200 pesos en “bonos basura” (Lecop), aunque la intención es que gran parte del presupuesto de planes de empleo sea utilizado para habilitar mano de obra barata para las empresas en quiebra, con contratos por tres meses por un monto que no puede superar los 200 pesos o bonos, lo que el gobierno llama “salario de inclusión social”.

Los representantes del Bloque Piquetero y el Polo Obrero rechazaron los “consejos de crisis” por ser mecanismos ideados para reconstruir la red de los punteros y agentes de la Iglesia administradores del subsidio o los planes. Denunciaron la supuesta “transparencia” que se invoca, señalando que los padrones están hechos desde hace tiempo y son desconocidos o manipulados, y que su confección, publicación y control por las organizaciones de desocupados y la elección de dos delegados por manzana, como se viene haciendo, podrán al desnudo los chanchullos de los punteros y el Estado.

El gobierno se comprometió a respetar las entregas alimentarias y de planes comprometidas por el gobierno de Rodríguez Saá y concedió futuras entrevistas sin compromiso de fondo alguno.