Frente a un aumento colosal de la pobreza, donde un 39,2 de la población es pobre, 18 millones de argentinos no llegan a fin de mes, sobre todo en la juventud; donde el FMI reclama un ajuste mayor, sobre todo en el presupuesto social, el gobierno de Alberto Fernández y los K realizará un nuevo gesto a favor de los movimientos sociales oficialistas: pondrá en funcionamiento el Consejo de la Economía Popular. Mientras tanto, ataca al conjunto de los trabajadores desocupados con la reducción de los planes de Potenciar Trabajo y con la reducción de la comida para los comedores populares.

Este organismo de cooptación estatal fue creado por el anterior gobierno de Macri, que en su momento también tuvo una política cooptación de las organizaciones sociales para sacarlas de la calle y que no defiendan los intereses del conjunto de los trabajadores. Pero hasta el momento este consejo no se puso en funcionamiento. ¿Qué es lo que precipitó al gobierno a reactivar esta iniciativa macrista?

En primer lugar, contener la disgregación de la coalición gobernante en un cuadro de declive económico muy severo, que evidencia el fracaso político del gobierno y de todo el régimen en su conjunto, donde la inflación no para de subir, el poder de compra del salario no para de retroceder y la Argentina es una fábrica de pobres.

En segundo lugar, mantener el acuerdo con el Fondo exige más ajuste en el presupuesto social. Como la eliminación de los nexos y complementos de los planes, que acaba de anunciar el Ministerio de Desarrollo Social que estas organizaciones integran. Por lo tanto, tiene que entenderse como una forma de seguir comprando a estas direcciones entreguistas para que hagan la vista gorda frente a este enorme proceso de retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores.

Economía social o superexplotación

En las declaraciones del gobierno, el Consejo de la Economía Popular tiene como uno de sus objetivos no permitir el ingreso de nuevos beneficiarios a programas sociales como Potenciar Trabajo y canalizar con cooperativas el 30% de la obra pública, transformando a las organizaciones sociales en tercerizadas del Estado.

Para llevar adelante estos planes de obras, las organizaciones cooptadas tienen que exponer a los compañeros a condiciones de máxima explotación. Esto en el cuadro donde el Estado saca recursos de la obra pública, de la ayuda social, de la educación y de la salud para seguir pagando la deuda externa. Por lo tanto, lo más posible es que la mayoría del Presupuesto quede sin ejecutar, como parte del ajuste.

Los planes le ponen un límite a la caída salarial, porque nadie va a trabajar 12 horas si puede acceder por el mismo monto a un programa social, que implica una contraprestación de cuatro horas. Así que atrás de las bajas, también se busca bajar un piso salarial de menos de la canasta de indigencia. Esto es lo que reclaman las patronales, eso es lo que está detrás de las bajas masivas de los planes sociales Potenciar Trabajo.

El apoyo sin fisuras de los integrantes de estos grupos, a las medidas contra los planes se explica porque los fondos recortados irían, fundamentalmente, a las organizaciones oficialistas. Como ya lo denunciamos en las páginas de Prensa Obrera, quieren cambian plata por bajas de compañeros, a sabiendas de que tampoco esos recursos irán totalmente a las organizaciones, sino que la mayor parte será destinada reducir gastos para el pago de la deuda externa.

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