El gobierno nacional aceptó renovar 7.500 planes Trabajar en La Matanza desde el 1º de mayo (sobre los 8.400 obtenidos en el corte de noviembre del año pasado) y pagar asignaciones adeudadas a 2.800 compañeros (sobre 3.100 afectados). Se compromete, además, a aportar los recursos adeudados para refacción de escuelas y calles, en cuotas, a lo largo del año, y a hacer lo mismo con la provisión de herramientas y materiales, puntos que no tenían plazo de cumplimiento en el acta de noviembre. El acta acuerdo ratifica su vigencia hasta que no se opere una baja drástica de la desocupación.

Si se considera que el gobierno apostó a quebrar el corte por la vía del aislamiento, y a preservar su control sobre el manejo de los planes, la conclusión es que terminó dando un paso atrás. En febrero pasado, los piqueteros tuvieron que regresar a sus casas con las manos vacías. El Ministerio de Trabajo, con el acuerdo del PJ y del Consejo de Emergencia, impuso el reempadronamiento y su control sobre los planes. Luego de aquella derrota el Ministerio desenvolvió una política de provocación para limitar el número de planes y socavar a las organizaciones de desocupados. "Nuestros inspectores fueron a controlar las tareas y en infinidad de casos no encontraron a nadie. Si no hay un proyecto en ejecución, no podemos pagarlo", se justificó el secretario de Empleo, Horacio Viqueira (Frepaso) (Página/12, 21/5). Se trata, naturalmente, de una trampa. Ni la Nación ni la Intendencia proveen de herramientas o insumos a los trabajadores y así se monta el escenario para que el "buchón" del ministerio informe que el proyecto "no está en ejecución" y que los "beneficiarios" de los planes deben ser dados de baja. El corte impuso, esta vez, la reincorporación de quienes fueron dados de baja en los últimos meses, hasta el tope de 7.500, siempre que acepten un nuevo empadronamiento.

El regreso del Consejo de Emergencia

El reempadronamiento, tanto de los que fueron dados de baja como de los que ya están, fue zanjado del siguiente modo: la asignación de los planes queda en manos del Consejo de Emergencia, ahora rebautizado como Comité de Crisis, con la premisa de que van sólo a jefes y jefas de hogar y bajo el control del Ministerio de Trabajo.

La constitución de "consejos de emergencia" que reúnen a intendentes, cámaras empresariales, representantes del clero y organizaciones de desocupados de la CTA y la CCC, y se hacen cargo en forma exclusiva del reparto de los planes y otros beneficios sociales, fue la respuesta oficial del PJ y la Alianza al desarrollo explosivo de las organizaciones de desocupados. Esta política varió en marzo, cuando el Ministerio de Trabajo comenzó a hacerse cargo del manejo de los planes, y ha vuelto a cambiar ahora, en función de un nuevo pacto con el PJ. Pocos días antes del acuerdo que permitió el levantamiento del corte de la ruta 3, Ruckauf y los intendentes se comprometieron con el gobierno nacional a "hacer un trabajo de reempadronamiento de los planes Trabajar asignados en la provincia" (Clarín, 21/5), lo que apunta a una ofensiva en regla de los partidos patronales y de la Iglesia (a través de Cáritas) para reapropiarse de los planes. Un informe oficial sobre el manejo de los planes señalaba, un año atrás, que "en Buenos Aires (gobernada por el justicialista Carlos Ruckauf), el PJ maneja 4.552 planes Trabajar, la Alianza 2.35l, y las instituciones (entre las que figuran las eclesiásticas), 3.315" (La Nación, 21/3/00).

Así ha quedado en claro lo que Patricia Bullrich definió como el centro del conflicto: "Ellos (los piqueteros) piden manejar los planes Trabajar, sin control del Estado. Nosotros no lo aceptamos" (La Nación, 20/5). La renovación de los planes en La Matanza se hace a cambio de reimplantar el control del Comité de Crisis patronal, el cual buscará preservar la dictadura "tradicional" de los punteros.

"Estos son como mensajeros de lo que viene atrás"

Puede afirmarse que al momento del levantamiento existía más dureza en el corte que al inicio, 16 días antes. La temprana provocación de la Bullrich, plantando el levantamiento del corte para "conceder" una negociación, produjo un resultado contradictorio: luego de un primer instante de desazón en algunos asentamientos se impuso la decisión de prepararse para un corte "largo" y se acentuó la movilización de los barrios.

El corte se mantuvo firme, incluso por razones que excedieron a los 2.000 o más piqueteros: fue el corte más popular de cuantos hubo, lo que se expresó en las manifestaciones de solidaridad y en las colectas. Una recorrida hecha por Crónica en los alrededores del asentamiento constató "casi un discurso unísono"; "los piqueteros son nuestros vecinos, los que compran nuestras mercaderías. A muchos los conocemos casi le diría que desde siempre"; el problema es "la grave desocupación" (24/5). Por eso la declaración del vicegobernador de la provincia no tiene desperdicio cuando afirma que "uno se podrá enojar con los organizadores, pero, en realidad, "éstos son como mensajeros de los que vienen atrás, y lo de atrás es más que cierto" (La Nación, 20/5).

Esta inmensa corriente de solidaridad no se expresó a través de los sindicatos por la deserción casi en bloque de la burocracia sindical de La Matanza, que no produjo no digamos un paro, sino siquiera una jornada de movilización en apoyo al corte. La gran excepción fue el Suteba La Matanza, cuya dirección tuvo la entereza de llamar a defender el corte, proclamarlo en su propio plan de lucha y organizar la solidaridad efectiva con él a pesar de haber sido proscripta por la FTV (CTA) con la complicidad de la CCC. El ataque de estas organizaciones se produjo porque la dirección del sindicato docente, en una actitud ejemplar, expulsó de sus filas a un "protegido" de la FTV que se quedó con planes Trabajar al mejor estilo Franja Morada.

Radicalización

"Hay preocupación", le dijo un funcionario del intendente de La Matanza a Página/12 antes del acuerdo, "porque cada día que pasa vemos que ganan terreno las posiciones más duras dentro del piquete" (21/5). A esa altura, un conjunto de organizaciones y barrios estaban discutiendo proponer en la asamblea un plan de cortes relámpago en las inmediaciones del asentamiento, integrando un comité común encargado de su ejecución, y una franja del activismo había comenzado a tomar el planteo de organizar un plenario de organizaciones de desocupados y activos en la ruta 3, para discutir un pliego y una acción común; una propuesta que el Futrade trabajó sistemáticamente en las carpas.

Al momento de la votación del acta acuerdo, una fracción de la asamblea se refugió en la abstención, expresando sus desacuerdos y dudas con lo pactado.

Qué hacer

La pretensión de los gobiernos es cancelar el tema La Matanza de aquí a las elecciones, implantando la "paz social" en el distrito a cambio de los 15.000 planes entregados en partes casi iguales por Nación y Provincia. Pero en La Matanza, según un estudio exhaustivo, en octubre pasado "los desocupados sumaban 102.444 y los subocupados llegan a 94.431", lo que suma 200.000. Pero, además, el 39% de los trabajadores se halla en negro y de ellos, un tercio gana menos de 300 pesos por mes (Consultora Equis, La Nación, 23/5).

Esta catástrofe social no se puede resolver con planes de empleo miserables que no cubren ni una quinta parte de esta masa de desempleados. Menos aún cuando la situación de los barrios es inenarrable y plantea obras públicas urgentes a cargo de los mismos desocupados de cada zona.

Retomar la movilización supone preparar la fusión entre desocupados, vecinos y ocupados, plantear un reclamo común de todos los barrios organizados y proponerse presentarlo ante todos los gobiernos, lo que incluye al gobierno de la provincia y de la comuna, que tienen en sus manos los recursos que antes ingresaban como Fondo del Conurbano y los que provienen de la evasión consentida de los grandes contribuyentes en el distrito; supone también oponerse a la tutela del Comité de Crisis en nombre de la soberanía de las organizaciones obreras. Supone, en definitiva, la realización de un Congreso Piquetero político reivindicativo, para unir a la inmensa mayoría de la población obrera y explotada.

FUTRADE: "El comité de crisis no nos puede representar"

Para José Villalba, dirigente del Futrade, "había condiciones para seguir el corte". "Nosotros planteamos cuatro críticas a este acuerdo *señala*. Primero: la defensa de los 8.400 planes nacionales, un objetivo que suponía exigir tan sólo el cumplimiento de lo pactado en octubre, con una desocupación que, seis meses después, es superior.

"Segundo: aunque parezca un hecho menor, la entrega en cuotas y hasta fin de año de las herramientas es un paso atrás, porque las cuadrillas siguen sin elementos y están expuestas a las provocaciones por no trabajar.

"Tercero: no hemos avanzado en la libertad de Emilio Alí.

"Cuarto: el Comité de Crisis (antes Consejo de Emergencia) es una organización que aunque lo quisieran algunos de sus miembros, no puede, representar el interés de los trabajadores desocupados. Esto desde el momento en que integra a representantes del mundo empresarial y de otros intereses. Por eso reclamamos la constitución de una Mesa de Organizaciones de Desocupados, sin exclusión alguna, que lleve sus reclamos en común ante el Comité de Crisis o quien sea."