Las organizaciones de la Unidad Piquetera se reunieron este viernes con el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, ante quien presentaron su Plan Integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza, que plantea la generación de un millón de puestos de trabajo genuino y la universalización de un seguro al desocupado que cubra la canasta básica.

La delegación, que representó a las más de 40 organizaciones que integran este reagrupamiento del movimiento piquetero independiente y combativo, defendió este planteo ante los funcionarios del Estado para resolver la crisis que atraviesan millones de familias trabajadoras.

Un planteo contra la pobreza

En el documento que presentó la Unidad Piquetera -que adjuntamos al final de esta nota- se destaca el planteo de “Reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo creada por los gobiernos de los últimos años 20 años”, que ha fracasado rotundamente, manteniendo a millones de personas en la pobreza y la indigencia.

En contraposición, las organizaciones piqueteras proponen generar un millón de puestos de trabajo, principalmente a través de la obra pública y la creación de viviendas, satisfaciendo así las necesidades habitacionales de las familias trabajadoras.

Parten del ofrecimiento de una bolsa de trabajo de unos 100.000 desocupados, dispuestos a trabajar en relación de dependencia y bajo el convenio correspondiente a su actividad: es decir, trabajo genuino. Por lo que se diferencian de los proyectos de “empalme” que terminan convirtiéndose en subsidios a las patronales y ataques a los convenios de los trabajadores en actividad.

Para impulsar este plan proponen la creación de una “Mesa Interministerial” con las organizaciones sociales, y el financiamiento estatal, con los recursos que actualmente se utilizan en la bicicleta financiera -$800.000 millones en intereses de letras- y en el pago de la deuda externa.

También plantean el reconocimiento laboral de las tareas comunitarias que se vienen realizando en los barrios, con el salario correspondiente, como es el caso de la asistencia alimentaria en los comedores populares, tan importante durante las etapas más duras de la pandemia y en la actualidad.

A la salida de la reunión, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, expresó: “Nosotros consideramos que la salida para la situación de desocupación en la Argentina tiene que ver con romper con el FMI y los lazos que nos atan al atraso en la Argentina, que significa el sometimiento al capital financiero internacional”. Belliboni denunció que los programas sociales están actualmente en $13.000 y que se encuentran cerrados al acceso de los desocupados, lo que no implica ninguna salida para los trabajadores.

Adjuntamos la propuesta de la Unidad Piquetera.

03/09/2021

Al Sr. ministro de Desarrollo Social

 Sr. Juan Horacio Zabaleta:

Por medio de la presente las Organizaciones Sociales abajo firmantes presentamos un Plan Integral que tiene el doble objetivo: “Reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo” creada por los gobiernos de los últimos años 20 años, sin conseguir modificar la situación de pobreza, desocupación e indigencia en la que millones de familias se encuentran; y la generación y estimulo de “Trabajo Genuino” bajo convenio, y con todos los derechos conquistados por las y los trabajadores.

Al mismo tiempo nuestra propuesta abarca la necesidad de dar respuesta a la falta de urbanización, escuelas en todos sus niveles (desde jardines maternales hasta los estudios secundarios), conjuntamente con las viviendas populares que permitan empezar a resolver el drama social de la vivienda propia que sufren millones de personas en nuestro país.

En la Argentina los barrios populares nunca dejaron de crecer. Las últimas cifras oficiales (diciembre de 2016) ubican a estos asentamientos en 4.416. Sin embargo, las estimaciones de organizaciones sociales que trabajamos en el territorio sostenemos que esa cifra ascendió a unos 5.000. La mayoría de ellos están ubicados en la Provincia de Buenos Aires. Dentro de ella, los municipios que suman la mayor cantidad de asentamientos son los municipios de La Plata y La Matanza, en ese orden.

Sucede que desde diciembre de 2016, fecha del último relevamiento, la situación económica del país derivó en que miles de familias quedaran en situación de vulnerabilidad, que no pudiesen pagar un alquiler, en muchos casos por la pérdida de empleo, y terminaron formando nuevos barrios populares

En la Argentina, unas 870 mil familias, esto es unos cuatro millones de personas, que viven en asentamientos, en viviendas precarias, en muchos casos sin agua potable, cloacas y luz.

El último censo realizado sobre los asentamientos de todo el país determinó que el 78,5% de los barrios son de baja densidad poblacional y el 68% tienen viviendo menos de 150 familias.

Las Villas representan el 21,5% y son las que tienen mayor densidad poblacional. Más de la mitad de las familias viven en estos barrios desde antes del 2000. El 93% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente y el 70,5% a la red de energía eléctrica (datos del Renabap).

La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de Barrios Populares. El último relevamiento determinó que son 1.783, pero las últimas estimaciones elevan esa cifra por arriba de los dos mil.

La situación social no solo constituye una negación de derechos para los millones de personas que necesitan asistencia por su situación, sino que deja en un atraso enorme a los barrios obreros que margina aún más a la población que contiene.

El trabajo genuino y las obras públicas no solo son imprescindibles para el desarrollo nacional, sino que constituyen un acto de justicia indelegable del Estado, que debe figurar entre las principales prioridades.

Nuestro Plan Integral de generación de Trabajo Genuino y reconocimiento:

Planteamos la urgencia de desarrollar un “Gran Plan de Obra Pública y Vivienda” para crear 1 millón de puestos de trabajo financiado por el Estado Nacional que incluya la construcción de viviendas en todo el país.

A su vez, proponemos una “Mesa Inter Ministerial” con las Organizaciones Sociales donde participen el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Intervención Socio Urbana, y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Desde nuestra parte nos ponemos a disposición y acercamos el relevamiento con el cual hemos construido una gran “Bolsa de Trabajo” de 100.000 trabajadoras y trabajadores de nuestras organizaciones con diversos oficios y profesiones.

Para graficar contamos con compañeras y compañeros con experiencia en los siguientes oficios:

Electrotécnicos, Programador de computación, Albañil, Solador, Escayolista, Yesista, Acabados, Empapelador, Pintor, Electricista, Gasista, Jardinería, Revestimientos continuos, Ayudante de mantenimiento básico de edificios, Enfermeras, Auxiliares de limpieza, Cocineras/os, Auxiliares de cocina, Costureras/os, Mampostero, Oficial de miras, Pavimentador, Pocero saneamiento, Encofrador, Ferrallista, Tejador, Pizarrista, Aplicador de revestimientos, Alicatador-solador, Instalador de sistemas de impermeabilización, Impermeabilizador de terrazas, Cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, etc.

Estamos convencidos de que la conversión de planes sociales en trabajo no se va a resolver con programas como el “empalme” o “enganche” que no dieron ningún resultado concreto y que constituían un subsidio encubierto a las patronales y un ataque a los convenios colectivos de trabajo, entendemos que esa reconversión es solo posible con trabajo genuino, bajo convenio y sin eliminar derechos conquistados.

El plan que proponemos se debe financiar con los recursos provenientes de los recursos que actualmente el Estado destina al pago de la deuda, subsidios a las viejas privatizadas y al gran capital. En lo que va del año, el Banco Central destinó 800.000 millones de pesos a pagar intereses a la banca privada, el Estado pagó más de 1000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y se están pagando las cuotas al Club de París, mientras no se resuelven las necesidades de los barrios populares, además de los compromisos que ya ha establecido el Gobierno para los próximos años  en pagos exorbitantes que postergan las más elementales necesidades del pueblo.

Al mismo tiempo exigimos el reconocimiento a través “un salario con todos los derechos” a los trabajos que desde hace décadas venimos realizando en los barrios populares las organizaciones sociales. Donde se destacan las tareas vinculadas al cuidado y la reproducción de la vida donde en su amplia mayoría son nuestras compañeras las que están al frente de los comedores, merenderos, experiencia productivas y educativas, etc.

Los peores momentos de la pandemia visibilizaron que sin ese trabajo cotidiano y constante de las organizaciones, la cantidad de víctimas en nuestro país por la emergencia sanitaria y económica habría sido muchísimo mayor.

Por otra parte, remarcamos la necesidad de fortalecer y apoyar a las y los trabajadores de las empresas recuperadas y unidades productivas, tomando medidas urgentes para que no se pierdan estos puestos de trabajo ante la crisis económica. Se debe promover: garantía salarial estatal, eximiciones impositivas y créditos no bancarios para su desarrollo, implementación efectiva y amplificación del Compre Social incorporando todas las dependencias del Estado, y promoviendo desde el Estado la comercialización la comercialización de su producción.

En este marco de crisis económica, sanitaria, y ambiental debe complementarse estas medidas con:

Prohibición real de los despidos. Continuidad de la producción bajo control de sus trabajadores de toda empresa que cierre o despida.

Construcción de polos educativos en los barrios populares que incluya jardín de primera infancia, escuela primaria y secundaria.

Plan de viviendas populares y accesibles con un % del salario mínimo vital y móvil en todo el país.

Promoción y estímulo para la contratación de trabajadores y cooperativas de cuidadores domiciliarios desde el sistema público, obras sociales y prepagas.

Reconocimiento salarial para promotoras de género, salud comunitaria, tareas ambientales, y educativas.

Apertura de concursos en hospitales, jardines de infantes y escuelas para cubrir vacantes de auxiliares, limpieza, cuidado de personas etc.

Pase a planta o mejor convenio de la actividad de todos los precarizados, tanto en el Estado como en el sector privado.

En este contexto vemos necesario y urgente establecer políticas generales que puedan mejorar rápidamente las condiciones de vida de la enorme cantidad de trabajadores estén organizados o no en nuestros movimientos sociales, para esto creemos que deben aplicarse tres medidas urgentes:

Reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, creación de nuevos turnos de trabajo utilizando la capacidad instalada ociosa.

Ingreso Universal para todas las personas en edad laboral que tengan una situación de vulnerabilidad social. Los montos de este ingreso deben estar atados a la canasta básica que se precisa para no ser pobre.

Aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Esta ampliamente demostrado que la pandemia ha ocasionado también un aumento significativo de femicidios y situaciones de violencia de Géneros donde somos las organizaciones sociales, con nuestra capilaridad en los territorios, quienes estamos en la primera línea identificando y relevando estas situaciones. Ante esto proponemos un “Dispositivo de Emergencia ante situaciones de violencias de género” donde el Estado debe resolver las condiciones habitacionales, laboral, alimentarias, y el acompañamiento multidisciplinario (psicológico, etc.) de las personas que está atravesando en esta situación.

Al mismo tiempo exigimos financiamiento para nuestros refugios contra situaciones de violencia, como también la ampliación y aplicación del cupo laboral trans.

Ante las condiciones actuales de existencia de la mayoría de los sectores populares se deben generar un plan de acceso a la tierra para vivir y producir, constituyendo una “Banco de Tierras”. Con el objetivo de repartir 500.000 hectáreas, fiscales y ociosas, para vivir y producir a través de cooperativas de trabajo u otras formas organizativas del trabajo.

Al mismo tiempo creemos que se debe “Promover el acceso a la Energía Renovable” y entendemos el acceso a un ambiente no contaminado como un derecho. Ante esto proponemos estímulos y fomento para la utilización en nuestros espacios sociales y productivos de pantallas solares, termotanques solares, biodigestores, Aero-generadores para bombeo de agua, sistema de calefacción natural. Como también amplificar los programas de “Limpieza de arroyos y Forestación”, casi inexistentes en nuestro país. Donde se incentivar líneas de capacitación y financiamiento para la promoción de políticas ambientales vinculadas a las organizaciones sociales.

Para finalizar, pero no menos importante requerimos “el Fortalecimiento y Reconocimiento de las experiencias educativas populares, como también el estímulo para desarrollar nuevas experiencias” (educación en todos los niveles, espacios de niñez, alfabetización, jardines de primera infancia, centros educativos complementarios, talleres de juventud, escuelas de oficios y formación profesional).