El gobierno ya unificó su política respecto a las tomas de tierras. Las diferencias entre quienes lo consideraban un delito y quienes decían que era un tema de orden social quedaron en el pasado. Las acusaciones del ministro facho Sergio Berni contra las organizaciones sociales, y contra el Movimiento Evita en particular, de ser impulsores de las tomas de tierras provocaron una disputa pública que finalmente fue saldada a favor del represor y su línea bolsonarista por el presidente Alberto Fernández, el gobernador Kicillof y la ministra nacional de Seguridad, Sabina Fredric (que anteriormente había mencionado tibiamente que no sería un delito) y planteada con todas las letras, junto al anuncio del llamado plan de seguridad para el conurbano.

Que esto se haya zanjado a favor de la línea de mano dura horas después que se identificaron los restos de Facundo Castro, desaparecido por más 100 días, y cuando organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos denuncian por esto a las fuerzas policiales y exigen que se vaya Berni, no parece una casualidad y es un enorme respaldo al milico mediático.

Para el gobierno de los Fernández más Massa estamos frente a un grave delito que debe ser reprimido, coincidiendo con la exministra Bullrich y la derecha más reaccionaria del arco político.

¿Delito o crisis social extrema?

El gobierno Nac & Pop se plantea abordar el enorme problema del déficit habitacional con el Código Penal en la mano, no como un problema social, que es lo que realmente es, sino con la calificación de “delito”.

Al hacerlo no han reparado en una contradicción gigantesca. Las ocupaciones son un fenómeno masivo. Sólo en la toma de Presidente Perón (Guernica) hay más de 10.000 personas. En La Plata hay más de 20 tomas. Las ocupaciones son masivas y recorren todo el país. ¿Son cientos de miles los que delinquen?

Por definición, la violación de la ley realizada por cientos de miles de personas, cuestiona la legitimidad de la ley en cuestión. La enorme necesidad social que expresa no podrá ser resuelta con la represión y el código penal. Cuando existe lo que se llama una colisión de derechos, debería primar el que tenga mayor jerarquía, y, según los constitucionalistas, el derecho a la vivienda estaría “garantizado” por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Estos derechos de los cientos de miles de ocupantes tienen prioridad sobre el estatus legal de terrenos a menudo abandonado, de baja cota, y de dudosa propiedad.

¿Quiénes son los llamados “delincuentes” que ocupan tierras ilegalmente ?

Los funcionarios no se refieren a los que se quedan con tierras a precio vil para luego vendérselas a los titulares de los créditos Procrear, como ocurrió con los que compraron tierras a dos pesos en el Calafate y ahora las cotizan en dólares. Ni tampoco a las miles de hectáreas entregadas por municipios a la especulación inmobiliaria para luego construir countries. No, la ocupaciones que denuncia “el loco Berni” son las de los que no pueden seguir pagando el alquiler.

Más de 300.000 personas perdieron su empleo en los últimos 6 meses. Los trabajos eventuales han desaparecido y ya no hay changas para bancar la pieza que alquilan muchas parejas jóvenes. Las familias que amontonan generaciones en la misma casa no pueden seguir aguantando el hacinamiento en medio de la pandemia. Si los funcionarios hicieran un censo de las ocupaciones se darían cuenta que hay muchas mujeres solas o con chicos que huyen de la violencia familiar y la mayoría de los ocupantes son trabajadores jóvenes y pobres.

La acusación de que detrás de las tomas hay mafias que venden terrenos es en verdad una autoinculpación. La mayoría de estos delincuentes que efectivamente tratan de hacer negocio con una necesidad son punteros de los municipios y/o cuentan con la complicidad y el apoyo de la policía, que está detrás de todas las mafias que asolan los barrios, estén “ocupados” o no.

https://prensaobrera.com/politicas/el-frente-de-todos-solo-tiene-represion-para-los-trabajadores-sin-vivienda/

La acción del Polo Obrero

¿Las organizaciones sociales están en las tomas? ¡Categóricamente sí! Somos parte de todas las luchas de los barrios más postergados, del reclamo de trabajo genuino, de las imprescindibles obras públicas, de los reclamos de tierra y vivienda y de la lucha contra el hambre.

El Polo Obrero no se dedica a “promover” tomas, estas se producen naturalmente por una necesidad social. Aunque lo hiciéramos no tendría resultado. Los trabajadores desposeídos de todo, hasta del derecho de ser explotados, toman en sus manos la resolución de un problema que los gobiernos no han resuelto en décadas y décadas y generación tras generación que se acumulan frustraciones y necesidades en momentos de crisis extremas.

Muchos compañeros que integran asambleas del Polo y otras organizaciones son parte de las ocupaciones de tierras que ocurren en todo el país, porque son los afectados por esas necesidades. Es el caso de H. de Presidente Perón en la zona sur, que nos cuenta que: “vivía en la casa de mis viejos, somos 7, el terreno no da para construir nada más, mi hermano mayor se hizo un ranchito atrás cuando se casó, pero el resto vivimos amontonados, me la jugué para tener mi terreno y construirme mi casa”. Ola pareja de Avi y José, que dicen: “no podemos pagar más el alquiler de la pieza, era poco, 3.500, pero como no hay más changas… José es albañil pero no hay trabajo y nos echaron, me enteré de la toma en la verdulería”. “Yo me fui hace un tiempo con los nenes porque no aguantaba más a mi pareja”, nos dice M. que tiene tres chicos. “Me fui a lo de mi hermana que vivía cerca de acá, pero ellos son 5 y no había lugar para nada”.

Los testimonios son todos iguales. Desde el Chaco a Merlo, y desde Córdoba a Guernica, no hay delincuentes, hay necesidades sociales, que son las de más de 12 millones de personas que solicitaron el IFE.

Por otro lado los llamados “propietarios” muchas veces no tienen título de propiedad legalmente reconocido. Así ocurre en la emblemática “ocupación” de Presidente Perón que en la causa judicial que tramita en el juzgado de Cañuelas no tiene presentado título de propiedad legítimo. Como lo reconoce en su resolución el Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas, del juez Rizzo, “… se encuentra parcialmente acreditada” la “presunta posesión/titularidad de los lotes en litigio…”. Esta resolución fue apelada por la Gremial de Abogados, logrando lógicamente suspender el desalojo,ya que no está acreditada la propiedad de los terrenos.

La Argentina tiene 2,8 millones de kilómetros cuadrados. El valor de la tierra ha trepado a su máximo valor en relación al salario. Se necesitan 200 salarios mínimos para comprar un ambiente de 30 metros cuadrados en CABA.

Por otro lado, la tierra no explotada en manos de empresas extranjeras y grandes empresarios ha crecido en los últimos tiempos y se concentra en gran parte a lo largo de la Cordillera, donde están los hielos continentales, con reservas enormes de agua dulce y con grandes yacimientos de minerales.

La Argentina es el 7° país en el mundo en extensión territorial. ¿Es posible que en este país de pocos habitantes no haya un terreno de 10 x 30, para tener un lugar donde vivir?

El Polo Obrero se coloca, sin lugar a dudas, del lado de los que luchan por un pedazo de tierra, por el derecho a la tierra y la vivienda.

Un programa para abordar la crisis

Es necesario hacer un relevamiento e investigar la entrega de tierras a grandes empresas inmobiliarias por parte del Estado.

Crear un banco de tierras con destino exclusivo para la construcción de viviendas.

Realización de un censo de los ocupantes de las tierras para establecer un criterio de prioridades.

Suspender todo desalojo por 180 días de terrenos ocupados después del 20 de marzo del 2020 hasta verificar la situación social y la titularidad de los propietarios.

Que la Provincia expropie las tierras ocupadas para su utilización en la construcción de viviendas.

Plan de viviendas populares con trabajo genuino y bajo convenio con participación de los trabajadores desocupados de la zona.