Hace unos días, Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, abrió la inscripción y se comprometió a entregar un millón de lotes con servicios en el transcurso de cuatro años si es que llegase a ser electo presidente.

El gobierno nacional es el responsable del desalojo de miles de familias a lo largo y ancho del país. En Guernica, de la mano de Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof, fueron desalojadas más de 1.500 familias que durante la pandemia no tenían dónde vivir, al igual que en la toma de Nueva Unión en La Matanza, también el barrio Tierra y Libertad de Ciudad Evita, donde el pasado 2 de setiembre fueron desalojadas más de 200 familias con una represión que terminó con 23 detenciones, entre ellas la de dos menores de edad; o el brutal desalojo de 300 familias originarias en Sáenz Peña, en el Chaco de Capitanich.

El gobierno peronista no mueve un pelo ante el aumento de los precios de los alquileres que se llevan más del 50% de nuestros salarios y se actualizan por arriba del 120% anual, llevando a las familias a vivir en alquileres informales o a quedar directamente en la calle.

En el último censo se reflejó que hay 6 millones de personas que no tienen una vivienda propia.

A pesar de esta iniciativa gubernamental, nada garantiza que la entrega de los lotes pase a ser más que otra promesa de campaña con el único interés de ganarle el voto a los que vivimos en la incertidumbre de no tener un lugar donde vivir. Proponer la entrega de lotes dentro de los próximos cuatro años a las familias que lo necesitan hoy es un chiste, ignorando que hay 68.516 kilómetros cuadrados de tierras fiscales ocupadas por barrios populares y comunidades indígenas; y, siendo gestión, no fueron capaces de cumplir con la ley Pierri y entregarles títulos de propiedad a esos habitantes.

La necesidad de vivienda podría haber sido cubierta, ya que existen al menos 10.050 kilómetros cuadrados de tierras fiscales improductivas, pero no hubo voluntad política de satisfacer esta demanda.

La lucha por tierra, vivienda y un plan de obras públicas

Se requiere la puesta en marcha de un plan de viviendas financiado por el Estado a tasa cero, para que todo trabajador pueda pagar su vivienda sin que sea una confiscación de los salarios, como lo fueron los créditos UVA. La inmediata creación de un banco de tierras fiscales y ociosas para disponerlas a la construcción de viviendas populares, que vendría a crear puestos de trabajo para miles y miles de trabajadores.

Para eso hemos presentado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en conjunto con otras organizaciones, el listado de oficios que realizan los miles de compañeros que se organizan y hoy no tienen trabajo, con la intención de generar puestos de trabajo y la creación de complejos habitacionales para resolver el déficit habitacional y mejorar los servicios de saneamiento.

Pongamos en marcha un frente único de familias que luchan para que la tierra y la vivienda sean para las familias trabajadoras y no para la especulación y el negocio inmobiliario. ¡Ni gente sin vivienda, ni vivienda sin gente!

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