El gobierno nacional, por medio de una Resolución del Ministerio de Trabajo, acaba de crear el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica: un instrumento para “institucionalizar” los reclamos populares y regimentar las organizaciones piqueteras, otorgándole mayores potestades al Estado. Se trata de una política en el marco del pacto social de Fernández, de cara al acuerdo ruinoso con el FMI.

Esta pseudonormativa administrativa es el resultado del reclamo de las organizaciones sociales alineadas al gobierno que han constituido la Utep –una especie de sindicato de la precarización laboral- y una respuesta oficial contra el desarrollo y crecimiento del movimiento piquetero independiente y la protesta social, que han dado lugar a un resquebrajamiento del esquema de contención oficial.

En efecto, este precario marco regulatorio establece puntos análogos a la Ley de Asociaciones Sindicales, que rige para las organizaciones gremiales de la clase obrera, aunque con menos prerrogativas y derechos.

La resolución, en sí, parte de una primera diferenciación arbitraria al delimitar el ámbito de la “economía popular y de subsistencia básica (…) sin que exista una relación que permita tipificar el vínculo como contrato de trabajo” (Resolución 118/21); es decir, por fuera de la normativa laboral, negándole a los trabajadores precarizados derechos elementales (convenio, ART, aportes, obra social, etc.) y formalizando un degradación social asentada sobre la base de una superexplotación laboral.

La “institucionalización” de lo que ya existe

La regulación del Estado no implica el reconocimiento de ningún derecho para los cientos de miles de trabajadores precarizados alcanzados, sino que detalla una serie acciones y derechos con los que las organizaciones sociales y piqueteras ya cuentan, a base de su lucha, organización e historia.

Las potestades para organizarse, reunirse, votar su plan de acción, peticionar ante las autoridades públicas, manifestarse, actuar ante organismo del Estado, denunciar, representar intereses colectivos, etc. ya son parte del patrimonio y el legado de las organizaciones de desocupados. La Resolución oficial no agrega nada en materia de derechos.

Respecto a dos de los reclamos principales de la Utep, la institucionalización de las cotizaciones y el derecho a obra social propia, la reglamentación es ambigua y negativa, respectivamente.

Sobre los aportes económicos solo se reconoce el derecho a la recepción de cotizaciones, sin que se haga mención a algún tipo de mecanismo de descuento por planilla, similar a lo que ocurre con los trabajadores registrados. Este sería uno de los requerimientos del Triunvirato Cayetano para formalizar sus ingresos y garantizar una caja regular y una estructura burocrática, lo que podría ser motivo de futuras modificaciones o adecuaciones.

En cambio, el derecho a constituir obras sociales –actualmente permitido solamente a los sindicatos con personería gremial- está ausente en la Resolución, la cual solo habilita la formación de sociedades cooperativas y mutuales.

Un chaleco de fuerza

La “formalización” de los derechos conquistados con la lucha piquetera es a condición de gestionar la Personería Social que otorgará el Ministerio de Trabajo luego de la inscripción. Se trata de una injerencia del Estado en las organizaciones de desocupados, que implica el reconocimiento de un “status” para el ejercicio de derechos que ya se practican. ¿Qué hará entonces el gobierno con las organizaciones que no se ajusten a esta regulación?

Al igual que lo que ocurre con la Ley de Asociaciones Sindicales, el gobierno “reconoce” un derecho solo para regularlo y restringirlo. Respecto a las “medidas lícitas de acción y de autotutela en defensa de sus derechos” (Idem) se habla de respetar los “límites del ordenamiento jurídico”, lo que podría ser utilizado contra bloqueos, cortes, piquetes, acampes y casi cualquier acción de lucha.

A su vez, se instituye que “Todos los planteos y reclamos del sector se llevarán a cabo, como actuación previa a cualquier medida, ante la Comisión de Controversias Mediación y Planteos de la Economía de Subsistencia Básica” (Idem), compuesta por tres autoridades designadas por el propio Ministerio de Trabajo, en un procedimiento que tendrá un plazo de 20 días. Una suerte de conciliación obligatoria contra las organizaciones piqueteras.

También se establece que “la representación ante los organismos públicos la ejercerá, exclusivamente, aquella que posea mayor número de afiliados en el semestre anterior” (Idem), según los registros oficiales, cuando confluyan varias asociaciones “inscriptas” –de las no inscriptas ni hablar. Otra violación del derecho a reclamar y de representación de los trabajadores desocupados, que busca evitar la sangría de las organizaciones oficialistas. La misma comisión tendrá injerencia, además, sobre las controversias internas de las asociaciones inscriptas.

Si bien la Resolución establece un plazo de 90 días para su entrada en vigencia, intima a las asociaciones existentes, con algún tipo de inscripción, a adaptar sus estatutos a las nuevas exigencias en el plazo de 180 días.

La prueba de la lucha de clases

Este registro se ha diseñado como un medio para bloquear y regimentar la actividad de las organizaciones piqueteras y para cumplir con las aspiraciones y apetencias de la burocracia al frente de las organizaciones sociales del gobierno, aunque por ahora no han obtenido todo lo que deseaban.

Se trata de un instrumento de contención y cooptación, similar a la experiencia de los Consejos Consultivos de Duhalde que, con el mismo propósito, fracasaron estrepitosamente y desembocaron en la Masacre del Puente Pueyrredón.

La realidad no responde a reglamentaciones forzadas de entes administrativos: el movimiento piquetero se ha abierto paso contra todo tipo de regulaciones antiobreras, represión, desidia, ataque y desplante por parte del Estado. Es la lucha de clase la que dejará su huella sobre la realidad, camino por el cual el Frente de Lucha Piquetero ha dado un salto en la organización y consolidación de un movimiento piquetero combativo e independiente del Estado.

Rechacemos esta regulación e intromisión antiobrera con los métodos históricos de la clase trabajadora: la asamblea y el piquete.

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