Enorme reclamo en el Puente Pueyrredón por alimentos para los comedores populares

Denuncian que el gobierno nacional no entrega las partidas alimentarias para millones de comensales.

Crédito: gentileza Walter Carnevale.

Los y las trabajadoras de los comedores populares, y las organizaciones piqueteras que integran, desarrollaron una acción frente al Puente Pueyrredón (Avellaneda) en reclamo contra el recorte total de la provisión de alimentos del Estado nacional para la asistencia alimentaria en los barrios, de la cual dependen millones de trabajadores pobres con sus familias.

La acción se desenvolvió desde las 10 horas de la mañana con decenas de organizaciones piqueteras, muchas de ellas nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero, las cuales denuncian que “más de 30.000 comedores populares (…) están cerrados producto de una decisión de la ministra Pettovello que se burla de la pobreza”.

Las fuerzas de seguridad nacionales montaron un fuerte operativo represivo, incluso violando la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, violentando los términos del protocolo represivo de Patricia Bullrich y las leyes nacionales en la materia.

Las organizaciones de los y las trabajadoras desocupadas apuntan particularmente a los dichos de la ministra, quien ante una protesta de organizaciones sociales ante su ministerio aseveró: “Voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Vengan de a uno que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”. Esto fue entendido como una provocación, debido a lo insólito e impracticable de la “propuesta”.

Cabe destacar que tras las declaraciones de ministra miles de trabajadores desocupados hicieron más de 20 cuadras de fila ante el Ministerio de Capital Humano para ser recibidos personalmente, como Pettovello se había comprometido, pero ninguno fue atendido.

Desde asumido el gobierno nacional de Javier Milei se ha cortado la provisión de alimentos secos para los comedores populares, los cuales juegan un papel fundamental en el soporte de millones de trabajadores y sus familias que no llegan económicamente a fin de mes y no puedan completar una alimentación adecuada.

Los “intermediarios del cielo” sí

El gobierno acusa que no entregará más recursos alimentarios a los “intermediarios” –entiéndase por estos a quienes garantizan el funcionamiento de miles de comedores a pulmón-, y que lo hará de forma directa, cosa desmentida por el destrato de la ministra hacia quienes fueron a la cita que ella proclamó.

Sin embargo, se trata de una política sesgada con un claro visto de discriminación contra los trabajadores desocupados que se organizan para mejorar sus condiciones de vida, ya que el gobierno nacional firmó convenios de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) por $177.500.000 y con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin). Además, acaban de renovar un acuerdo con la Iglesia (Cáritas Argentina) por 310 millones de pesos para alimentos, luego del reproche público de la Conferencia Episcopal ¿Para la Iglesia sí y para los trabajadores desocupados no?

Los aumentos sobre la Asignación Universal por Hijo y los montos de la Tarjeta Alimentar no compensan el ajuste total del gobierno sobre la política de asistencia alimentaria, e incluso no llegan a cubrir siquiera la inflación profundizada por las políticas económicas de Javier Milei. Según un reporte de la consultora analytica, en enero cayó 19,8% interanual lo destinado a asignaciones familiares y AUH. Estamos ante un claro ajuste contra los que menos tienen, sacándoles el pan de la boca a las y los niños de los barrios más castigados por la política de ajuste nacional.

Los y las trabajadoras y comensales de los comedores populares y las organizaciones piqueteras que integran reclaman el restablecimiento y el envío de los alimentos recortados y que se garantice el funcionamiento de los miles de comedores populares con una dieta balanceada y cantidades suficientes para cubrir una demanda creciente. Junto al reclamo por la mejora en las condiciones laborales de miles de trabajadoras, quienes solo en algunos casos perciben un salario mínimo de indigencia por mes.