Movimiento piquetero
27/5/2024
Escándalo alimentos: 5 millones de kilos encanutados y el Estado no garantiza ni una sopa
Los gobiernos han tercerizado y precarizado la asistencia alimentaria como parte del ajuste.
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Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La guerra del gobierno nacional contra los comedores populares sumó un nuevo capítulo con el escándalo de los 5 millones de kilos de alimentos acopiados por el Estado en depósitos desde hace más de seis meses, cuando recrudece la crisis social y económica, junto a las necesidades alimentarias de la población. Desde el gobierno afirman que están “cuidando la mercadería”, pero… ¿por qué no la entregan por su cuenta?
La ministra Patricia Bullrich salió a polemizar con los reclamos de la Iglesia para que entreguen la mercadería retenida, señalando que “el Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Lo que hace es impedir que se roben la comida”. Pero el gobierno no solo no tiene un plan alternativo –las iglesias solo cubren menos del 5% del reparto preexistente-, sino que ataca a los “intermediarios” precarizados por el Estado que garantizan comida millones de personas, en el marco de una política que se niega a universalizar el acceso a la asistencia económica y alimentaria del Estado.
La ofensiva oficial tiene por propósito desmantelar el funcionamiento de los más de 40.000 comedores registrados en todo el país –y muchos otros que funcionan sin inscripción- organizados por trabajadores y trabajadoras desocupadas que enfrentan el ajuste que los ha empujado a la pobreza. Es que estos comedores se han transformado en el centro de la organización de la lucha contra las políticas de hambre del gobierno y de allí el ensañamiento oficial contra estos.
Para esto, el gobierno se vale de una campaña sucia contra las organizaciones, con mentiras, allanamientos policiales y colaboración de sus amigos en los medios de comunicación, bajo la premisa de que los alimentos “son mal distribuidos” y “no llegan a los necesitados”, lo que ha sido desmentido con sobrada documentación e infinidad de testimonios.
Comedores y números
Parte de la impugnación del gobierno a los comedores populares autoorganizados ha sido señalar sus límites y deficiencias como si se tratara de entidades financiadas enteramente por el Estado.
Los comedores han subsistido hasta la fecha gracias a grandes sacrificios organizativos de las barriadas y sus trabajadores/as, con colectas para complementar los alimentos, actividades y finanzas para costear alquileres y servicios, espacios, instrumentos y mobiliario acotados, y “salarios” de indigencia equivalentes al salario mínimo, en el mejor de los casos.
Valiéndonos de una estimación aproximada e incompleta pero ilustrativa, si el Estado se hiciera cargo de garantizar una política alimentaria de “emergencia” ante la crisis, tomando como punto de partida los 40.000 comedores registrados, debería ampliar la nómina de trabajadores estatales (reconociendo a los existentes) en al menos unos 200.000 trabajadores/as, a razón de un promedio de cinco trabajadores/as por comedor.
Esto representaría una inversión salarial aproximada de $510 mil millones por mes, a razón de salarios que cubran la canasta básica más los aportes y contribuciones correspondientes.
En este mismo orden de cosa, el Estado debería costear los alquileres de las 40.000 dependencias que actualmente se financian con los aportes solidarios de trabajadores y vecinos que el gobierno denuncia como “ilegales”. En este punto, Capital Humano denunció la existencia de comedores donde las instalaciones no podían albergar el universo de beneficiarios indicados, omitiendo que a falta de recursos/espacio muchos comedores entregan la comida para que las familias se lleven a sus casas.
Esto representaría gastos aproximados por $60 mil millones en alquileres, a razón de $150.000 por local, sumados otros gastos de servicios que podríamos redondear, siendo generosos en $60.000 adicionales por establecimiento. Además de sumar gastos en mobiliario (sillas, mesas, estantes) y en insumos de cocina. También habría que considerar alrededor de un centenar (o más) de depósitos provinciales/regionales con costos mucho más elevados y su correspondiente personal.
La cuenta va escalando pero aun así es insuficiente, debido a que la mercadería todavía debe llegar mensualmente a cada establecimiento: un costo logístico nacional incalculable, con despliegues de camiones y fletes de distinta envergadura. Solo la hora de un flete convencional promedia los $18.000, siendo el mínimo a contratar 2 horas. Sumado el traslado con camiones con acoplado de Nación a las provincias/regiones.
Por último están los propios alimentos. Como el gobierno terceriza no se hace cargo de la calidad y variedad de los mismos, pero si ejecutara un programa nacional de comedores sí debería hacerlo, ampliando el gasto en alimentos preexistente para cubrir una dieta nutricional balanceada, con alimentos frescos. Junto con una ampliación de la estructura administrativa que audite todo este proceso.
¿Lo van a hacer?
El tema es que el gobierno no piensa ocuparse de nada de esto, mucho menos financiar un solo punto de los mencionados. Por ejemplo, ¿Milei va a incorporar a cientos de miles de trabajadores cuando está despidiendo y dice avanzar sobre 70.000 empleados públicos?
Alguno de los pobres argumentos oficiales es que ellos han “reforzado” la asistencia alimentaria directa con la duplicación del programa Alimentar, cuando el precio de los alimentos se más que triplicó, por lo que estamos ante un recorte significativo.
Además, no es lo mismo para las familias obreras recibir saldo insuficiente para comprar mercadería que comida preparada, cuando el gobierno ha disparado los precios de los servicios y los alimentos.
La solución más práctica, incluso, es que cada trabajador/a pueda comprarse sus alimentos y cocinarlos con salarios que cubran el conjunto de las necesidades. Pero esto tampoco ocurre: el gobierno de Milei sumó más de 3 millones de nuevos pobres, y la pobreza y la indigencia trepan aceleradamente. No es que el gobierno no pueda unir al pan con el hambriento, solo quiere quitarle el pan.
Este escándalo pone de manifiesto el cinismo de un gobierno hambreador que ataca a los pobres que se organizan para no morir de hambre. Esta persecución contra las organizaciones de desocupados debe cesar de inmediato y reestablecerse la entrega mensual de alimentos a los comedores populares y el reconocimiento salarial de los/as trabajadores/as de los comedores populares, como medidas de emergencia ante la crisis. Junto a un programa de medidas económicas de los trabajadores para recuperar el empleo y los salarios.
