Los anuncios oficiales de un 6% de inflación en enero y 6,8% en alimentos y bebidas no alcohólicas -acumulando más de un 100% anual de aumento- muestran solo una parte del enorme derrumbe social que estamos viviendo en el país.

El gobierno lleva adelante un ajuste que significa un retroceso histórico en las condiciones de vida de la mayoría de la población trabajadora. Jubilaciones de miseria y más de la mitad de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza y millones de indigentes.

El FMI es el gran extorsionador

El FMI se viene mostrando satisfecho con la tarea de Massa, pero pide más ajuste, lo que equivale a decir menos salud, menos educación, menos trabajo y menos gasto social.

Ese es el marco en el que la ministra más “cheta” del gobierno de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, profundiza el ajuste de Desarrollo Social y la baja masiva de planes.

Los “piquetruchos” de Utep (Somos Barrios de Pie, CCC y Movimiento Evita) no abren la boca porque creen que la plata ahorrada va a ir parar a sus cooperativas. Esteban “Gringo” Castro señaló que “las bajas tienen que quedar en el circuito. Una vez resueltas las revalidaciones que se cayeron erróneamente queremos que, si hay gente que ya no necesita el salario social, esa plata se destine a unidades productivas”. Lo que da cuenta de que recibieron un revés de parte del Ministerio de Economía.

La resolución 63/23 del Ministerio de Economía, publicada el jueves 10 en el Boletín Oficial, dispone que sin su autorización explícita los ministerios no podrán reasignar partidas propias a diferentes programas, como sería este caso. Es decir que lo ahorrado va a las manos de Economía -o sea, al FMI.

Tolosa Paz insiste en un sistema de auditoría virtual que deja a miles de trabajadores y trabajadoras desocupadas fuera de la única ayuda social que tienen, en el marco de un rebrote inflacionario y de una pronunciada recesión que afecta a millones de personas en su derecho a tener trabajo genuino.

Tampoco está garantizada la provisión integral de alimentos a los comedores populares ni los 21 productos prometidos hace años por este mismo gobierno. Muchos de los proyectos presentados para la continuidad o apertura de proyectos de trabajo autogestionado siguen sin salir.

La política de ajuste del gobierno es inocultable. A la inflación galopante se suman los topes salariales y jubilaciones de miseria. No se trata solo de un ataque a los estigmatizados desocupados, detrás está un ajuste general a los trabajadores, que están pagando con enormes necesidades una crisis que no provocaron. Todo al servicio del pago de una deuda externa usurera y fraudulenta.

Tolosa nos acusa de extorsión igual que la ministra de Macri, Carolina Stanley.  El gobierno y sus ministros y ministras son cada vez más parecidos a la derecha: pacto con el Fondo, ajuste y estigmatización de los trabajadores más pobres y las organizaciones que luchamos contra esta ofensiva.

La Unidad Piquetera continúa su plan de lucha y nos preparamos para la organización del Plenario Piquetero Nacional.

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