Con la presencia del presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, el lunes pasado el gobierno lanzó el programa Argentina Unida por Educación y Trabajo: un plan de precarización laboral para transformar a los beneficiarios de los programas sociales en mano de obra barata.

La propia página oficial del gobierno revela que “Mediante esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Social busca redirigir los programas sociales al trabajo”. Un viejo anhelo se los sucesivos gobiernos de ajuste, de terminar con la herencia del movimiento piquetero y la lucha por un seguro al desocupado.

En los últimos días se han conocido algunas precisiones respecto al alcance y los términos del programa en cuestión. El mismo alcanzaría a los beneficiarios de los programas sociales Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, a quienes se les adicionará un “plus” de $8.500, que sumados a los $8.500 del programa que perciben llegaría a una suma total de $17.000, a cambio de realizar tareas de refacciones en escuelas e instituciones públicas.

Según anunciaron en el día de ayer, las tareas comenzarían durante el mes de febrero y la primera provincia destinataria sería Buenos Aires –hasta el momento hay una 14 provincias inscriptas- en donde prevén incorporar 12 mil cooperativistas en la refacción de 757 escuelas de la provincia, mientras que el plan nacional abarcaría a unas 30 mil personas (Página12, 28/1).

Ni salario ni convenio

Valiéndose de las necesidades económicas y laborales de miles de desocupados, Fernández y compañía ofrecen “formalizar” un tipo de contratación precaria que vulnera toda la legislación laboral vigente. Para esto se han valido del auxilio de sus socios del Triunvirato Cayetano, quienes acudieron en número al acto de oficialización, y que desde la cartera de Desarrollo Social impulsan la implementación del programa.

La retribución que ofrece el gobierno por las tareas demandadas ha sido vaciada de todo contenido remunerativo, debido a que la misma no garantiza aportes jubilatorios, prestaciones sociales, obra social, ni derechos de índole laboral. Los $17.000 que ofrece Fernández para realizar obras de refacción y acondicionamiento encuadradas bajo el convenio de la construcción alcanzan solo al 65% del salario inicial ($26.077) que cobra la categoría más baja (ayudante) de uno de los gremios peores pagos de la industria argentina. Tampoco contarán con el fondo de desempleo que perciben los trabajadores de la construcción al término de su relación contractual, ni se especifica que pasará con los trabajadores una vez concluidas las obras previstas hasta el inicio de las clases.

El gobierno juega con las necesidades de los desocupados para quienes los $8.500 resultan insuficientes para poder llegar a fin de mes, de allí que este programa resulte de interés para muchos compañeros y compañeras que necesitan mejorar sus ingresos y que siempre han estado dispuestos a trabajar para salir adelante. Fernández utiliza esta vulnerabilidad como un mecanismo para deprimir salarios y convenios: son las formas que adquiere la reforma laboral que el macrismo nunca pudo imponer y que ahora el nuevo gobierno impulsa sector por sector y convenio por convenio, bajo nuevas modalidades.

En un mismo lodo todos manoseados

Lo paradójico de todo esto es que si alguien esperaría que se levante una voz contra este avasallamiento de los derechos laborales de los trabajadores, esta debería provenir las organizaciones y centrales sindicales. Sin embargo, el propio programa establece que la UOCRA “llevará adelante el control de asistencia y la supervisión de las obras”. El sindicato que lidera el ex batallón 601 Gerardo Martínez, quien ha entregado todas y cada una de las condiciones de los obreros de la construcción llevando los siniestros laborales a records históricos, será el encargado de “controlar la asistencia”, hacer de capataces y velar por la seguridad de los trabajadores precarizados. Si de disciplinar se trata se ve que sea han esmerado en sus esfuerzos.

Por otra parte se encuentran los dirigentes del Triunvirato quienes son grandes entusiastas del programa. Su incorporación al Estado dentro de la secretaria de Economía Social los coloca en un lugar de privilegio respecto al ingreso de las cooperativas en este nuevo programa, seleccionando quienes serán los beneficiarios del mismo. La reciente conformación de un “sindicato de la economía popular” (UTEP) probablemente sea la estructura donde se afilie compulsivamente a los cooperativistas para cerrar de esta manera el ciclo de institucionalización del trabajo precarizado: con los dirigentes del Triunvirato en ambos lados de la brecha. La UTEP aparecería así como la garantía de que el programa no evoluciones, por medio de la lucha, en un reconocimiento integral de los derechos laborales de los trabajadores implicados.

¿Reactivación o fraude?

Si más de una década kirchnerista al servicio de la Patria Contratista sirvió para destruir las condiciones laborales y salariales de cientos de miles de obreros de la construcción, y el paso de macrismo por el gobierno no ha hecho más que recorrer el mismo camino, podemos afirmar que Alberto Fernández le ha dado una vuelta de tuerca al asunto.

La presentación oficial del programa se realizó, no por casualidad, en un club ubicado en la ciudad de Moreno, cuya elección tuvo por propósito hacer un contrapunto con la administración de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, donde el deterioro de las condiciones edilicias y de infraestructura llevó a la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, en agosto del 2018. Pero el plan de Fernández no aborda ni lo más elemental de las necesidades edilicias de la provincia y el país. La conformación de una masa de trabajadores precarizados, a bajos costos y sin ningún tipo de estructura operativa, técnica, ni logística, es solo a los fines de realizar refacciones superficiales en universo acotado de establecimientos.

El programa prevé que mientras el gobierno nacional se hace cargo de pagar la retribución económica, son las provincias adherentes las que deben cargar con los costos de los insumos de obra. Con las provincias con sus finanzas en rojo y muchas de ellas al borde del default, está garantizado que no se asignarán grandes obras. El propio Kicillof marca la pauta del lugar que ocupará el programa: con 2.000 establecimientos con necesidades de infraestructura  relevados en la provincia el plan solo abarca a un 38% de estos, con un presupuesto que se estima en $800 millones mientras en estos días debe afrontar el pago de $15.750 millones de deuda (convertido a precio oficial) y acaba de ofrecer unos $441 millones solo en concepto de intereses. Por más que afirmen lo contrario, los intereses de los bonistas están muy por delante de las necesidades de los trabajadores para el gobierno de la provincia y para Fernández.

El lanzamiento de este plan precarizador coloca la necesidad de luchar por el encuadramiento adecuado de los trabajadores y la verdadera defensa de sus derechos salariales y laborales, con derecho a afiliarse en sus respectivos gremios y a organizarse por sus reivindicaciones (ART, obra social, reconocimiento de la relación de dependencia, salario, etc.). Los programas de ajuste del gobierno no garantizan ninguna salida para millones de desocupados y trabajadores. Esta mas planteada que nunca la universalización de los programas sociales como un seguro al desocupado, sin contraprestación alguna, hasta que se garanticen los puestos de trabajo genuinos para los desocupados. Necesitamos un plan de obras públicas integral que solo puede venir de la mano del rechazo de la usurera deuda externa y la nacionalización de la banca para poner los recursos del país al servicio de las necesidades populares y de reactivar la industria.