El MTE, que dirige Juan Grabois, y las organizaciones sociales afines al kirchnerismo vienen de protagonizar una jornada de lucha con eje en el Salario Básico Universal y en la tesitura de una “presión popular” al gobierno para que garantice un piso “antiindigencia”.

En una entrevista posterior ante LN+ Grabois insistió en colocar al gobierno de Alberto Fernández como rehén de las presiones de los grupos capitalistas, lo que se invertiría con una presión antagónica, como si se tratara de una ecuación matemática.

La orientación del gobierno es más que el resultado del lobby capitalista: es una hoja de ruta trazada con el FMI, que fija una política económica de ajuste, recorte del gasto social, caída de la economía y el empleo y, por ende, generación de más pobreza y miseria. El planteo de un Salario Básico Universal de miseria, de $14.400, para evitar caer estadísticamente en la “indigencia individual” –aunque no en la familiar- termina siendo compatible con esta orientación política, con el agravante de ser un recurso para desmovilizar a las y los trabajadores desocupados que se han convertido en la vanguardia de la lucha contra la pobreza y el ajuste.

No es un problema “redistributivo”

Cuando Grabois afirma que “acá no hay ningún proyecto de país” omite justamente esto, que se está desenvolviendo el proyecto fondomonetarista. Las consecuencias de esta orientación fueron advertidas por los sectores independientes y combativos que se movilizaron contra este pacto. Contra la orientación que dejó pasar el acuerdo levantando la consigna de que la deuda también es con el pueblo.

La pretensión redistribucionista de que el gobierno recaude más afectando a los intereses capitalistas para otorgar el SBU choca con la dinámica del pacto con el FMI, que requiere afectar los fondos al pago de la deuda. Además es incompatible con el proceso de acumulación capitalista en su etapa de descomposición. Las patronales se valen del Estado para eliminar derechos y conquistas laborales y recuperar su tasa de ganancia. De allí que todas las políticas antipiqueteras en boga sean para deprimir la base de los salarios y no para extender beneficios universales.

Paro y plan de lucha, por un programa obrero

Grabois denuncia que el único trabajo que “crece” es el precarizado, cuando señala: “Pero no le pedíamos eso Alberto, sino que haya menos pobres y más y mejor trabajo. No únicamente más trabajo de mierda en la informalidad”. Esto incluye también a lo que ocurre con la denominada “Economía Popular”, que parte del supuesto de la autoexplotación obrera, sin derechos ni estabilidad económica.

Grabois le dijo al gobierno que si no concede algo van a venir los saqueos, no como una amenaza sino como un consejo, es decir, que con su planteo busca ayudar a la contención. Pero la mención a la posibilidad de saqueos, que implican la intervención desorganizada de los trabajadores ante la crisis, va contra la lucha organizada que es lo que hoy  se destaca, por ejemplo con la grandes jornadas de lucha piqueteras. Grabois ensambla con la orientación de Cristina Kirchner para desmovilizar a las organizaciones piqueteras.

La situación planteada no puede reducirse al horizonte que plantea Grabois, al afirmar que “¡Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes!”. Se trata de una salida que busca legitimar el ajuste sobre los salarios y la población. Algo que debe ser contrarrestado con un debate en el movimiento obrero, y con la intervención directa de los trabajadores, comenzando con el paro nacional.

Grabois intenta correr los ejes del debate: cede ante la pobreza para plantar bandera en la indigencia; entrega la lucha colectiva bajo la amenaza de saqueos; desarma a los trabajadores para “pedirle” al gobierno.

Quienes actuaron distinto fueron las organizaciones piqueteras, las cuales se reunieron con las centrales obreras (CGT y CTA´s) para exigirles que convoquen a un paro nacional y un plan de lucha con el conjunto de los trabajadores, ocupados y desocupados. Un plan de acción para derrotar una política concreta, sobre una realidad que ya se encuentra inserta en la agenda política nacional: la movilización independiente que las patronales y sus voceros quieren derrotar.

La Unidad Piquetera ya ha avanzado mucho en ese terreno, con plenarios piqueteros nacionales y un largo camino recorrido, para estructurar un planteo de salida inmediata a la crisis, con la generación de un millón de puestos de trabajo en la obra pública, bajo convenio de la actividad; seguro universal al desocupado equivalente a un salario mínimo que cubra los $100.000 de la canasta básica; bono de emergencia de $20.000; alimentos para los comedores y libertad de organización. Un programa que volverá a expresarse en la calles el próximo miércoles 27, con una movilización a Plaza de Mayo.

El movimiento de desocupados no requiere de ningún salvavidas de plomo, ni de distracciones ni maniobras, sino aportes concretos en la lucha para derrotar el pacto con el FMI y la política de ajuste oficial: algo que no se puede hacer desde los dos lados del mostrador.