Con esta consigna, 200 vecinos se concentraron en la legislatura porteña el pasado 9. Existen unas 3.000 órdenes de desalojo listas para ser ejecutadas.

Los vecinos denunciaron que, en La Boca, los desalojos se han acentuado a medida que avanzan las obras de contención del Riachuelo y se valorizan las tierras aledañas a la Ribera, que están siendo ahora compradas por especuladores e inmobiliarias. "Quieren echar a los trabajadores para construir casas de ricos y hoteles", expresaron varias mujeres, que constituían el grueso de la movilización. Los compañeros del Abasto denunciaron los "desalojos de Soros". En este barrio la policía entra por la noche, saca a la gente de sus casas y quema sus pertenencias. A las pocas horas, esa propiedad aparece tapiada de punta a punta. Los del Padelai (Balcarce y Humberto Primo) aseguraron que el Gobierno de la Ciudad está maniobrando para desarmar la Cooperativa San Telmo, propietaria del terreno en que viven 112 familias. Atilio, presidente de la cooperativa, denunció que hay una ofensiva de la Municipalidad, que los calumnia acusándolos de delincuentes. Una de las versiones es que ese terreno está en la mira de una cadena de supermercados, pero desde diciembre de 1991 está congelado un proyecto de ley que otorga fondos para la reconstrucción del Padelai a favor de sus habitantes. Cecilia vive, desde hace quince años, en un terreno municipal que tiene posibilidades de ser engullido por la ampliación del Museo de Arte Moderno. Esta situación tiene repercusión en una franja que va desde Belgrano R, pasando por Palermo hasta Pompeya; es decir, lo que corresponde al trazado de la ex AU 3, abarcando a miles de familias.

Responsabilidad

El gobierno aliancista es el responsable directo de este plan sistemático de expulsión para impulsar la especulación inmobiliaria y convertir a la ciudad en "un centro financiero y turístico", como dijera De la Rúa, o sea la construcción de shoppings, hoteles y casas y edificios para los ricos.

Aunque la Comisión Municipal de la Vivienda ha lanzado la operatoria 552, que implementó un sistema de créditos para grupos de familias, hasta el momento sólo ha otorgado cuatro préstamos por unos cien mil pesos, cuando cuenta con un presupuesto de 3 millones. Para acceder a esos créditos, hay que tener un salario en blanco de por lo menos setecientos pesos. Aún así, sólo podrían tener acceso a él cuatrocientas familias en el mejor de los casos. Entre los que lo pudieron obtener, ya hay quienes no pueden pagar las cuotas, por lo que enfrentan el desalojo.

Escrituración inmediata

Los legisladores que dieron la cara frente a la movilización, no dijeron nada.

Las viviendas que han sido ocupadas están en esta situación desde hace años, y han sido mejoradas. En su mayoría, son inmuebles ociosos o de propiedad municipal. El gobierno debe escriturarlas inmediatamente a nombre de los ocupantes. Además, frente a la catástrofe habitacional que vivimos, se hace necesario poner en marcha ya planes de vivienda populares, bajo el control de los trabajadores y los futuros habitantes, para evitar así los fraudes y negociados a que nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos y la burguesía en este tema. Este es el planteamiento del Partido Obrero:

• Ni un desalojo.

• Escrituración inmediata de los inmuebles ocupados que estén en condiciones de ser habitados.

• Plan de viviendas populares bajo el control de los trabajadores y los futuros habitantes.