El gobierno nacional dispuso, por medio de un decreto, una serie de medidas que refuerzan la estatización de las organizaciones sociales, promueven la precarización laboral y ofrecen “recursos” a cambio de la caída de los planes.

Se trata del decreto 728/2022, publicado el pasado viernes 4, que establece que el 30% de la obra pública nacional, de hasta $300 millones, sea realizada por cooperativas de trabajo de la “economía popular”, formalizando y extendiendo una práctica precarizadora que ya existe en los municipios y que también es fuente de diversas irregularidades.

La medida incorpora un límite a la ampliación de la nómina de programas sociales y dispone que lo que se “ahorre” con los recortes de planes será destinado a las unidades de gestión (y sus organizaciones) para la adquisición de bienes de capital –maquinaria, herramientas, vehículos, etc. Algo que ata la obtención de herramientas y recursos a cambio de la baja de trabajadores de los programas.

A su vez, se instruye a los organismos del Estado y a las organizaciones sociales afines a designar los integrantes del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), para promover una “Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular”.

Más precarización en la obra pública

El gobierno consagra la precarización laboral como una regla en las jurisdicciones municipales y provinciales. El decreto no establece con claridad las formas de contratación ni los derechos que le asisten a los trabajadores empleados bajo dicha modalidad, lo que libra su suerte a lo que establecen las reglas de la “economía popular”: la autoexplotación y el fraude laboral.

Tampoco establece con claridad los mecanismos de contratación de dichas cooperativas, allanando el camino para todo tipo de manipulaciones y negocios, como los que salieron a la luz bajo la gestión de la camporista Mayra Mendoza en Quilmes, donde las cooperativas oficiales eran utilizadas como un medio para desviar fondos para otros propósitos.

Esta medida también trajo tensión en el sector patronal. La Cámara Argentina de la Construcción salió a denunciar “competencia desleal”, debido a la asignación preferencial y los bajos “costos laborales” de este tipo de relación laboral encubierta, que supera incluso la estructura precarizadora e informal de las constructoras privadas, con la tercerización vía cuadrillas y contratistas al margen de toda regulación.

Herramientas por trabajadores

El artículo 6 del decreto incorpora un elemento chocante: el intercambio de bajas en los programas sociales, es decir trabajadores, a cambio de recursos para la adquisición de bienes de capital.

Esto suscitó incluso la oposición de parte de la Utep, en cabeza del dirigente de la CCC Juan Carlos Alderete, quien manifestó: “Yo no cambio herramientas por compañeros que no tienen programas sociales y la están pasando mal”. Lo que abre nuevas grietas en las organizaciones oficialistas, aunque sin anuncios de medidas o acciones concretas.

El decreto del gobierno apunta a un esquema ultraprecarizador, poniéndole precio a la liquidación de los programas sociales y dándole potestades a la cúpula de las organizaciones oficialistas a cambio de una mayor integración y regimentación por parte del Estado.

Rechazamos el canje de trabajadores por herramientas. Apertura y aumento de los programas sociales y trabajo genuino. Por una reactivación de la obra pública con reconocimiento laboral íntegro, con salario bajo convenio igual a la canasta familiar, derechos laborales, aportes, ART y condiciones de seguridad e higiene propicias, a la altura de las necesidades obreras y populares. Defendamos la independencia política del movimiento de desocupados y sus organizaciones para derrotar esta política ajustadora, como lo hacen el Polo Obrero y la Unidad Piquetera.

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