Las organizaciones piqueteras combativas preparan para este jueves 26 una acción de reclamo frente al rechazo del gobierno a la solicitud de 4 millones de trabajadores y trabajadoras, para el cobro del bono de $18.000 (IFE 4), pagadero en dos cuotas. En medio del plan de lucha piquetero, volverán a colocar la exigencia de trabajo genuino, seguro universal al desocupado, alimentos y libertad de organización.

Esta acción se inscribe como corolario de una situación que las organizaciones piqueteras ya habrían anticipado: el procedimiento dispuesto por el gobierno, a través de la Anses, deja a millones de trabajadores afuera de la inscripción y el cobro del “beneficio”.

El bono fue resultado de la lucha de la Unidad Piquetera, anunciándose su cobro a los pocos días de culminar un contundente acampe de tres días frente a Desarrollo Social. Sin embargo, el gobierno implementó un engorroso mecanismo de inscripción virtual –para un sector vulnerable que muchas veces carece de recursos técnicos y económicos para acceder al mismo-, como primer filtro, y luego utilizó el “cruzamiento” de datos para seguir reduciendo la lista de beneficiarios.

De los casi 12 millones de inscriptos, 4 millones fueron rechazados por distintas razones (uso de tarjetas de crédito, datos bancarios, registros laborales recientes, documentación insuficiente, etc.). El total de los alcanzados asciende a casi 18 millones de personas, sumados los 6,1 millones de jubilados y pensionados. Un número que totaliza el 57% de la población adulta.

Además del reclamo para que se pague el bono a los 12 millones de inscriptos, más quienes se han quedado por fuera de la inscripción, las organizaciones piqueteras volverán a manifestarse por el pliego de reivindicaciones pendientes, votadas en el Plenario Piquetero Nacional, como continuidad del plan de lucha, que viene de una masiva Marcha Federal.

Reclaman por trabajo genuino, rechazando la precarización laboral y el intento de convertir los programas sociales en mano de obra barata y ultraprecarizada, como lo hacen los intendentes; seguro al desocupado universal, de acceso irrestricto y con un monto que cubra las necesidades elementales de las familias obreras; alimentos para los comedores populares y la libertad de poder optar a qué organización pertenecer, contra los pases arbitrarios y unilaterales que dispone la cartera de Desarrollo Social en favor de los intendentes.