Más de un mes ha pasado ya desde que el gobierno nacional lanzó el IFE para los desocupados. La preinscripción superó los cálculos de los funcionarios y de movida fueron millones los rechazados por distintas causas.

Iniciando mayo, a casi dos meses de cuarentena, más del 50% de los aprobados aún esperan cobrar un monto de 10.000 pesos por demás insuficiente para hacer frente a la desocupación en medio de una carestía de vida que no deja de subir.

En el marco de la crisis sanitaria y el agravamiento de la debacle económica preexistente a la pandemia, el gobierno de Fernández viene echando mano a la caja de la Anses para asistir los capitalistas con distintos instrumentos, que van desde la rebaja de aportes patronales hasta el pago de una parte de la masa salarial. Las contradicciones explosivas de esta política ya se cobraron la primer baja significativa en el elenco gubernamental con la salida compulsiva de Vanoli de la dirección de la Anses.

Según un informe de la ONU para 2017 en la Argentina residían alrededor de 2.200.000 personas nacidas en el extranjero, que representan alrededor del 5% de la población total. De ese total los residentes bolivianos suman unos 350.000.

Al mismo tiempo más del 70% de los extranjeros residentes tiene entre 15 y 64 años, conformando una enorme masa de mano de obra disponible para la explotación del capital.

Los extranjeros residentes, que en su enorme mayoría provienen de países de la región vinieron empujados por las condiciones de miseria de sus lugares de origen, aunque, como les sucediera a los inmigrantes del siglo XIX, en la tierra de las vacas ajenas y de la soja, los esperaba la precarización laboral, el empleo de bajo salario, y en muchos casos la esclavitud laboral  y el desempleo como destino.

Muchos compañeros y hermanos inmigrantes se han instalado en la periferia de las grandes ciudades, sobre todo en la CABA y en la provincia de Buenos Aires. En las barriadas populares comparten su destino con otros millones de argentinos que padecen la misma explotación y las mismas condiciones de miseria.

Desatada la pandemia y decretada la cuarentena las condiciones de vida se han deteriorado aceleradamente. Sin changas, sin obra, sin rebusque alguno, solo queda reclamarle al estado que garantice los elementos básicos de subsistencia e higiene.

Pero el Estado, y en particular el gobierno de Alberto Fernández, tiene otras prioridades. El pago de la deuda externa y el salvataje de los capitalistas se imponen claramente sobre los intereses populares.

El IFE es un claro ejemplo de esta política. Se establece un monto miserable de 10.000 pesos cuando una canasta básica supera los 50.000. Todavía no ha cobrado la mayoría de los anotados y no hay certeza que el pago vuelva a repetirse.

Pero además hay miles de rechazos por razones de “residencia”. Se trata lisa y llanamente de una discriminación y una burla a miles de hermanos extranjeros que llevan más de 2 años de instalados en el país. Sin contar a otros cientos de miles de migrantes que todavía esperan finalizar sus trámites de radicación y que de movida habían quedado excluidos del IFE.

Por eso desde el Polo Obrero y el Partido Obrero llamamos a los residentes bolivianos a sumarse a la lucha y exigir que no haya exclusiones en el IFE.

Pero además impulsamos un programa obrero y popular de salida a la crisis, que contemple los siguientes puntos:

Seguro universal de desempleo de 30.000 pesos.

No pago de la deuda externa y ruptura con el FMI

Ni despidos ni suspensiones ni rebajas salariales

Que la crisis la paguen los capitalistas.