En estos últimos días el gobierno nacional informó que el coronavirus está expandiéndose en los barrios populares. En las villas de la Ciudad los casos positivos suman 4.886, representando más del 40% del total de los contagios a nivel local, siendo las más afectadas la villa 31 con 2.347 infectados, la villa 1-11-14 con 1.609 y en la villa 21-24 con 442 contagiados al 8 de junio según datos oficiales. En la provincia de Buenos Aires la cifra de contagios asciende a 8.700, aunque hay pocos datos sobre su distribución en barrios carenciados.

La crisis social se agrava día a día profundizando la precarización del trabajo, aumentando el trabajo a destajo, los despidos y suspensiones en un contexto donde las patronales buscan no perder ganancias y aprovechan crisis para pagar menos salarios. El Ingreso Familiar de Emergencia, por su parte, dejó a 4 millones y medio de trabajadores afuera y los que llegaron a cobrarlo tuvieron que dividir 10.000 pesos en más de 70 días que lleva la pandemia. En este contexto los comedores populares crecen día tras día y juegan un papel fundamental para dar acceso a la comida a quienes más lo necesitan.

En estas condiciones podemos decir que, si la primera línea de pelea contra el virus en materia sanitaria son las y los trabajadores de la salud, la primera línea contra el hambre la componen los miles de trabajadores/as y desocupados/as en las barriadas, frente a la completa inacción de los Estados nacional, provinciales y municipales. Se trata del sector más expuesto que afronta la crisis habitacional y pone en pie el funcionamiento de comedores, merenderos y ollas populares ante la necesidad alimentaria que se profundiza como consecuencia del avance de la pandemia. Los y las que se organizan en las barriadas afrontan la propia pandemia de la manera más brutal como lo demuestran las muertes de Ramona Medina, comunicadora de La Poderosa, Victor Giracoy, del comedor Estrella de Belén y de Agustín Navarro de Barrios de Pie. Son un lamentable botón de muestra de lo que estamos afrontando.

El Ministerio de Desarrollo Social lanzó el programa “El Barrio Cuida al Barrio”, que trata que los compañeros de las barriadas integren postas de salud sin el salario que corresponde, sin ninguna formación previa, sin los elementos de seguridad necesarios, sin las herramientas que se necesitan, como un simple tomador de fiebre u olfato. Esto fue rechazado en algunos barrios, como en Villa 20 en CABA, por la exposición que lleva a los vecinos de los barrios al virus y acompañado por el reclamo que eso debería de llevarlo adelante personal idóneo y no las organizaciones como pretende el Ministerio de Desarrollo Social.

A nivel nacional, el Polo Obrero tiene presencia en 18 provincias y cuenta con 488 bocas de comedores y merenderos en los cuales todo funciona a pulmón. El gobierno solo asiste a los comedores en materia de alimentos, pero no da nada para la manutención de locales, garrafas , y ni siquiera elementos de cocina. Todo esto funciona con colectas que hacen los propios compañeros de los barrios para poder llevar el plato de comida a la casa.

¿Qué pasa en los comedores y merenderos populares del Amba?

El Polo Obrero de La Matanza organiza 37 comedores populares donde diariamente llegan más de 11 mil personas a pedir alimentos. Según los compañeros/as, con lo que llega del Estado la capacidad asistencia solo llega a cubrir poco más de la mitad, teniendo que dividir raciones y acudir a donaciones que no son suficientes. Al día de hoy, casi 3.000 mil personas quedan sin poder alimentarse y los vecinos hacen colectas solidarias de las verdulerías para armar ollas populares.

En materia de salud, solo llegaron kits de limpieza con algunos elementos básicos a 25 de los 37 comedores, pero sin ningún barbijo, máscaras, ni alcohol en gel o común para poder prevenir los contagios. Liliana, compañera del Kilómetro 47, denuncia que a partir del medio día no llega el agua, imposibilitando algo tan elemental en medio de la pandemia como lavarse las manos. A su vez, denuncia que no hay testeos ni unidades de salud ni febriles en los barrios y agrega: “el hacinamiento en las barriadas de La Matanza es igual que en la villa 31, ya vimos qué pasó con el caso de Ramona Medina y acá puede ser mucho peor”. Ante la consulta por protocolos o elementos de higiene comenta: “los protocolos los armamos nosotros, el municipio no nos mandó nada”. Sofía Muñoz, vecina de Villa Unión, retrata cómo la falta de trabajo en la villa hace más necesaria la asistencia alimentaria.

En el caso de Merlo alrededor de 2.400 desocupados/as sostienen algunas ollas con donaciones y las duplicaron ante la falta de entrega de alimentos del gobierno nacional y la ausencia del municipio de Gustavo Menéndez (Frente de Todos) que no asiste en nada los comedores y merenderos. Lo mismo sucede en Moreno, donde distintas compañeras arman ollas populares itinerantes para poder llegar a más barrios. Lo cierto es que nunca alcanza, en un cuadro donde cada vez más vecinos se acercan con la necesidad debajo del brazo, y miles de trabajadores desocupados de esos barrios quedan desamparadas sin ningún tipo de ayuda.

Una situación similar se vive en la zona norte de la provincia, donde organizamos 28 puntos de entrega de alimentos y ollas populares para mil trabajadores/as, pero ante la falta de asistencia quedan sin cubrir otros mil.

La zona sur no dista de esta realidad. Allí el Polo Obrero organiza más de 40 puntos de distribución de comida y alimentos donde asisten a más de 5.000 personas. A su vez, según un relevamiento realizado por los propios compañeros/as desde que empezó la pandemia se registra una duplicación en la necesidad de asistencia. Esto se ve reflejado en el testimonio de Mirta Santillán, una abuela luchadora del municipio Presidente Perón (barrio Los Pinos), que relata que se sumaron 80 chicos al merendero que abren tres veces por semana. La situación se agudiza con el incremento de las familias en los comedores que llegan a un total de 130 personas: “todo corre por nuestra cuenta (…) tenemos una dolorosa angustia de decirle a muchísimas familias de que ya no queda más comida”.

Nuestra querida abuela pone plata de su jubilación y se suman las donaciones que hacen compañeros y vecinos para mantener ollas populares y el merendero. El municipio de Blanca Cantero (Frente de Todos) da la espalda a los vecinos: “ponemos un poco de plata de nuestro bolsillo para comprar el gas, somos dos jubilados que cobramos la mínima”. Tampoco asisten con alimentos y kits sanitarios, reflejando una desidia total del Estado: “para la limpieza y la higiene tenemos una amiga que nos dona los guantes y productos de limpieza, para el municipio no existimos”.

En la Ciudad de Buenos Aires más de 10 mil personas acuden a 24 puntos de distribución de alimentos, entre comedores y merenderos. La lista de espera con necesidad de asistencia, presentada al gobierno de Larreta, alcanza a 3.000 personas. Según compañeros/as y vecinos/as, aquí los kits sanitarios tampoco aparecen y los protocolos de actuación para el Covid-19 aparecieron 50 días después de la pandemia, cuando escalaban los casos confirmados. La falta de respuesta por parte del gobierno de la Ciudad frente a los problemas de hacinamiento, infraestructura y asistencia sanitaria se puso de relieve con el caso de Ramona Medina en la villa 31. Una realidad que se vive en todas las villas de la CABA. Por caso, las vecinas de la 1-11-14 denuncian la falta de agua en el barrio como un factor de expansión de la pandemia. El cuadro empeora teniendo en cuenta que el gobierno se niega a desinfectar los comedores populares donde llegan miles de personas y la asistencia alimentaria no da abasto.

Asimismo, el operativo Detectar planteado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene grandes falencias: se registran casos donde se trasladan a sospechosos de Covid-19 a la espera de resultados junto a los casos que ya dieron positivos, posibilitando mayores contagios. Asimismo, se pretenden aislamientos en casas en las que son impracticables por las condiciónes de hacinamiento. Por otro lado, no se asiste con alimentos y kits sanitarios a las familias con contagios o contactos estrechos.

Organicemos los reclamos por la comida y salud en los barrios populares

La situación social en las barriadas es devastadora. Mientras se profundiza la crisis económica y la recesión, el gobierno nacional pasó de hablar del impuesto a las grandes fortunas a meter mano a las cajas de la Anses para pagar deuda y subsidiar a empresas como Techint, del millonario Paolo Rocca.

Después de la crisis de los sobreprecios “de los fideos” denunciado por varias organizaciones y que terminó con la renuncia de 14 funcionarios de gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social dejó de entregar alimentos secos. En La Matanza entregó la mitad de lo que entregaba con normalidad y en el resto de los municipios de la provincia, así como en CABA la entrega es nula desde hace más de 40 días, lo que desató las movilizaciones del Polo Obrero junto al Frente de Lucha bajo la consigna “con hambre no hay cuarentena”. El aislamiento social y obligatorio no puede sostenerse sin alimentos, agua, elementos de seguridad e higiene elementales y un ingreso económico equiparado a la canasta básica.

La solución que encuentra Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a la medida del ministro Berni, es el aislamiento de los barrios populares, como Villa Azul, a través de despliegues de las fuerzas de seguridad, mientras que los vecinos del barrio denuncian la falta de asistencia en materia alimentaria y sanitaria. Se trata de una medida de contención, además de represiva, que convierte a los barrios en guetos frente a la falta de una salida al problema concreto de miseria. Debemos sumarle a esto que el gobierno del exministro de Economía tiene congelada la cantidad de alimentos desde la era Vidal, desde hace 2 años. En CABA la situación sigue siendo desesperante producto de la falta de agua, las condiciones de hacinamiento y la falta de la asistencia alimentaria. En este contexto el clero pidió el desembarco del ejército en las villas mostrando la línea represiva que comparte con el Estado nacional.

Lo que atraviesa transversalmente al gobierno nacional, provincial y al de la Ciudad es la inacción y la aplicación de paliativos que están lejos de dar una solución integral a los barrios populares.

Desde el Polo Obrero y el Partido Obrero planteamos la necesidad de partidas presupuestarias especiales para los barrios populares. Reclamamos la duplicación de los alimentos para los comedores populares y su regularización, la entrega masiva de kits de higiene y sanitarios. Exigimos que el gobierno asigne a cada barrio unidades febriles y de testeos para los casos que presenten síntomas y contactos estrechos, el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia sin restricciones y su continuidad.

Planteamos un seguro al parado de 30.000 pesos que se actualice por inflación para poder dar una salida al hambre. Y en vísperas de un acuerdo del gobierno con los bonistas reclamamos el no pago de la deuda usuraria y que se utilicen esos recursos para resolver las grandes penurias que vive la clase obrera.