El dirigente social oficialista, Juan Grabois, y los intendentes de los distritos de San Vicente y Lomas de Zamora, Nicolás Mantegazza y Martín Insaurralde respectivamente, protagonizaron una llamativa polémica en Twitter como consecuencia del conflicto por el despido de 21 trabajadores precarizados de un Eco Punto del municipio de San Vicente, que terminó con una protesta y posterior represión.

Se trata de trabajadores del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), organizados en el esquema de “Economía Popular” que promueve Grabois, los cuales realizaban tareas de reciclado en el distrito. Según denuncian desde la organización, hace 10 meses que no se les permite el ingreso a los galpones municipales donde se acopia el material para ser separado, debido a supuestas obras. Pero al ingresar recientemente a las instalaciones constataron no solo la inexistencia de reformas sino también la realización de trabajos en su ausencia.

https://twitter.com/mayores_sin/status/1357460133018820609

 

Los trabajadores manifiestan que realizan su actividad allí hace cinco años y que no cuentan con ninguna retribución por parte del Estado, con excepción del dinero que obtienen vendiendo los materiales reciclables extraídos de la basura. Por ese motivo tampoco cuentan con una relación de dependencia reconocida, derechos o estabilidad alguna.

Cuando el pasado miércoles se manifestaron frente a la Municipalidad de San Vicente fueron rechazados por el Ejecutivo municipal y reprimidos por los efectivos de la Bonaerense, dejando un saldo de varios heridos y cinco detenidos.

La polémica

Esto provocó un cruce por la red social de Twitter entre Grabois y Mantegazza, y luego se sumó Insaurralde. El primero denunció al intendente por impedir el ingreso de los cartoneros a su trabajo y por la represión, mientras el segundo alegó hechos de “vandalismo y desmanes”. Insaurralde se coló más tarde para respaldar la gestión de su colega.

Cuando el debate se calentó, los intendentes no dudaron en poner al dirigente social ante sus contradicciones como dirigente integrado al Estado. Insaurralde manifestó que los municipios “no manejan las fuerzas represivas”, trasladando la responsabilidad al gobernador Kicillof. Mantegazza lo interpeló: “¿Tu enemigo es el proyecto?”. El mensaje es claro, esta política está en sintonía con la línea que siguen Alberto Fernández y el gobernador bonaerense. Finalmente el empoderamiento de Berni no es más que un aspecto de la orientación fondomonetarista del Frente de Todos.

En efecto, la tan mentada Economía Popular se asienta sobre los pilares de la precarización laboral, lo que habilita todo tipo de arbitrariedades contra los trabajadores, como la que se produjo en San Vicente. Pero aquí también el líder del MTE es incapaz de ofrecer una salida. Grabois es conocido por su defensa de la Economía Popular como alternativa precaria a lo que él considera una inviable incorporación de los desocupados al mercado de trabajo formal. Sin embargo, esta política de ajuste no está exenta de sufrir más ajuste, como lo demuestra el despido de los 21 trabajadores sin ninguna cobertura legal que los respalde.

La autoexplotación bajo condiciones por fuera de la normativa laboral no representa ninguna salida viable para el pueblo trabajador, sino que “regulariza” la ultraexplotación para abaratar mano de obra, vulnerar convenios y disponer del personal según el antojo de las distintas gestiones. Tampoco implica ninguna garantía contra la represión policial, aunque provenga del propio sesgo político.

La solidaridad de Insaurralde con Mantegazza no solo responde a un “corporativismo de intendentes”, como señaló Grabois, sino a una defensa patronal de sus respectivos feudos e intereses. Los Eco Puntos existen en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y son solo la punta del iceberg de la política de precarización laboral que regentean intendentes, gobernadores y el Ejecutivo nacional.

Repudiamos la represión sufrida por los trabajadores del MTE y reclamamos su inmediata reincorporación y el reconocimiento de los derechos laborales violentados por el municipio. Los compañeros y compañeras deben ser reconocidos como trabajadores municipales, con su correspondiente convenio, salario y derechos.

Solo la acción independiente del Estado por trabajo genuino, un seguro al desocupado de $40.000 y salarios igual a la canasta familiar puede ofrecer una salida a la situación que padecen millones de desocupados y trabajadores precarizados en el país. La integración al gobierno es un camino de derrota.