Jornada nacional piquetera por un ingreso por arriba de la canasta básica

Denuncian la política de ajuste del gobierno y el Consejo del Salario Mínimo.

Miles de piqueteros se movilizaron en todo el país, con el reclamo de aumento del salario mínimo y los programas sociales por arriba de la canasta básica de $65.000 y contra las bajas en el plan Potenciar Trabajo. Denuncian que ya habían advertido del “acuerdo” ruinoso firmado en el Consejo del Salario Mínimo, que deja a un millón de programas sociales en la indigencia.

El adelantamiento del pago de las cuotas del “aumento” del salario mínimo, anunciado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es parte del encubrimiento de esta política de ajuste, ya que dicha actualización es más que insuficiente para cubrir la inflación del periodo y para recuperar el poder adquisitivo perdido tras años de recorte sobre los ingresos de los trabajadores.

Los niveles de miseria del salario mínimo impactan en millones de jubilaciones de indigencia, prestaciones sociales y en los ingresos de los programas Potenciar Trabajo, que alcanzan un 50% del valor de dicho salario, promediando los $13.000 por mes, por lo cual se encuentran sometidos a la indigencia absoluta.

Cuando en abril se reunió el Consejo del Salario Mínimo, y entre burócratas sindicales y sociales, las patronales y el gobierno pactaban este ajuste, el movimiento piquetero independiente se movilizó junto al sindicalismo combativo para denunciar esta política de hambre y exigir un salario mínimo por arriba de la canasta básica, en un país donde incluso un cuarto de los trabajadores cobra por debajo de esa línea de pobreza.

 

La leve modificación del gobierno ocurre cuando la pauta de inflación oficial pronosticada para el 2021 (29%) es enterrada por la realidad, y cuando se han reabierto las negociaciones paritarias en varios gremios, pasando de aumentos de entre un 30-35% a un 40-45%. Esto, aunque insuficiente, es superior al 35%, en siete cuotas, para el salario mínimo, y no hay adelantamiento de cuota que altere este ajuste, cuando se espera una inflación anual del 50% y la inflación interanual de mayo fue del 48,8%.

Al tiempo que el gobierno aplica esta política hambreadora, las organizaciones piqueteras denuncian que también se ha procedido a la baja de cientos de programas Potenciar Trabajo, que implica la pérdida de los magros ingresos que brinda el Estado para “algunos” desocupados.

La cuestión de la desocupación es un problema que se extiende junto a las medidas de gobierno que habilitan la proliferación de despidos y el cierre de las fábricas: un dato que surge comparando los índices de desocupación sumado a aquellos trabajadores que han abandonado el mercado de trabajo por falta de expectativa de obtener un empleo y que el gobierno no mide en sus estadísticas.

En un comunicado publicado por la Unidad Piquetera, que reúne a más de 40 organizaciones de lucha, afirman que “Hay que abrir fábricas y desarrollar un plan de obras públicas para construir las viviendas y la urbanización de los barrios que necesitamos las y los trabajadores y que permitiría un desarrollo industrial para sacar al país del estancamiento que nos hunde en la pobreza hace decenios”, como salida de fondo a la desocupación y a las necesidades populares. Al tiempo que denuncian que se siguen engrosando las filas de desocupados, ahora con 4.500 trabajadores/as de Garbarino, cuya continuidad laboral se encuentra amenazada.

 

La lucha del movimiento piquetero en las calles demuestra que sigue más vigente que nunca el reclamo por un salario mínimo por arriba de la canasta básica, la universalización del ingreso a los programas sociales, la obra pública y un plan de viviendas para reactivar la industria de la construcción, generar puestos de trabajo y satisfaciendo el derecho a la vivienda de miles de personas. Todas estas reivindicaciones son parte de la lucha política del Frente de Izquierda Unidad y del Partido Obrero.

 

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