Cristian Néstor Jaure, un joven de 20 años, murió electrocutado en Berazategui intentando bajar a un loro de unos cables de alta tensión, a pedido de un comisario de la Policía Federal que sabía del peligro cierto de que esto sucediera. Familiares y amigos de la víctima se manifestaron en la tarde del domingo 29 de enero frente a la casa del comisario para pedir justicia por el joven fallecido, y fueron reprimidos con balas de goma.

El uniformado tenía al Guacamayo de mascota y, a pesar de que conocía el riesgo mortal porque los bomberos ya se habían habían rehusado a hacerlo, le ofreció $1.000 al joven para que subiera. Este aceptó por necesidad lo que consideró “una changa” y se trepó a un palo para agarrar el ave; murió instantáneamente cuando entró en contacto con la sobrecarga de volteos, lo que le generó un paro cardíaco respiratorio. El hecho constituye un homicidio simple, por el que el comisario debe ser detenido e ir a la cárcel.

Para desprenderse de su responsabilidad, luego de que los vecinos intentaran hacer justicia por mano propia, el efectivo aseguró que en realidad el joven estaba intentando robar los cables de alta tensión. Silvio, vecino del barrio, aseguró que fue testigo de que el hombre le ofreció la suma de dinero al chico para recuperar a su mascota. La criminalización de la pobreza también es una política de Estado.

Esta realidad, donde los pibes ponen en riesgo su vida por el equivalente a un almuerzo que por su valor ni siquiera contaría con las condiciones nutricionales necesarias, es común en los barrios. Allí las familias trabajadoras comen gracias a la organización de los comedores populares, viven de changas, donde realizan labores de manera precarizada. Esta condición se agrava en el caso de la juventud, la cual es utilizada como mano de obra precaria y barata para las patronales, aprovechando que carece de experiencia y estudios terminados, o terminan trabajando sin ningún tipo de derecho en aplicaciones como Rappi o Pedidos Ya, donde también ponen en riesgo su vida por un pedido. El propio Cristian, la víctima, era un ejemplo de los que se organizan contra esta situación, ya que participaba de asambleas del Polo Obrero en su barrio.

Cristian, otro vecino del barrio y también militante del Polo Obrero, sostuvo: “Yo también hago changas, corto pasto y he hecho cosas de electricidad sin saber hacerlas, porque tenía que mantener a mi familia. No tiene piedad lo que hizo este asesino. Toda esta gente está pidiendo justicia y hoy no veo a ningún municipal ayudando a esta familia. La culpa de todo la tiene el intendente, hace años que no hace nada por los jóvenes, para darles trabajo porque todos se quejan de los planes sociales pero no son todos vagos, como la gente dice. Hay familias y jóvenes que trabajan, como tiene que ser. Se tiene que acabar esta política de miseria que hacen laburar a los jóvenes por monedas. Pedimos justicia”.

En un contexto social donde los índices de pobreza y de indigencia van en aumento, y donde la juventud es las que más sufre el cuadro de crisis social, el gobierno avanzó en el recorte de 160 mil planes sociales para aquellos beneficiarios que no pudieron renovar su inscripción vía online por carecer de dispositivos o conectividad, contra lo que se encuentra luchando la Unidad Piquetera. El objetivo es contribuir a la meta de déficit fiscal que impone el FMI a costa de los más pobres, generando el caldo de cultivo para que las familias de los barrios continúen haciendo lo que sea por un plato de comida, incluso poner en riesgo su vida.

Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero apoyamos el reclamo de justicia por parte del barrio y de los amigos y familiares de la víctima.

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