Desde el Polo Obrero de Córdoba hemos relanzado el empadronamiento de las familias sin vivienda, en la perspectiva de conquistar un plan de viviendas populares.

La cuarentena y el consecuente planteo del distanciamiento social han dejado expuesto todo un cuadro de hacinamiento y falta de vivienda, que se agrava a medida que las condiciones de vida de las familias obreras empeoran. La situación es cada vez más preocupante, sobre todo porque a la pandemia de coronavirus se suma la epidemia de dengue, reforzando la necesidad de que cada familia cuente con una vivienda en condiciones. La no satisfacción de este derecho pone en un riesgo aún mayor al conjunto de la población, particularmente del sector más vulnerable. Junto a ello, crece la crisis relativa a las personas que ya no pueden seguir haciendo frente a los alquileres o a las deudas generadas en esta pandemia.

En el caso de la provincia de Córdoba, un informe publicado en el mes de marzo en La Voz del Interior señalaba que “quienes viven hacinados representan un 5,6% del total de la población (…) juntos conformarían la segunda ciudad de la provincia, con 311.588 personas, según el último cálculo que el Indec realizó a través de la Encuesta de Hogares Urbanos, en 2014”.  Se trata de 57.885 familias viven hacinadas, “compartiendo por lo general un cuarto”, a lo que se suman profundas carencias de infraestructura básica: “28.163 hogares no cuentan con agua en el interior de su vivienda”.

Por su parte, un reciente estudio del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) informa que en la provincia 3 de 10 personas no acceden a una vivienda digna.

Enfocándonos en el Gran Córdoba, OTES informa que allí 116 mil personas (8%) no tiene acceso en a servicios esenciales (conexión a agua corriente y servicios de desagüe) en sus hogares; que los de 166 mil personas (11%) no cuentan con condiciones edilicias mínimas; y que hay 317 mil ciudadanos (21%)  que se encuentran en situación de hacinamiento, con tres o más personas por dormitorio. Otro estudio, de los profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, señala que hay 465.000 habitantes del aglomerado que residen en hogares con deficiencias fundamentales, lo que representa al 31% de la población.

Se hace evidente que las condiciones para la cuarentena van en muchísimos casos de lo extremadamente difícil a lo imposible.

La responsabilidad del Estado y la lucha del Polo Obrero

Desde el Polo Obrero desde hace años venimos denunciando esta gravísima situación que atraviesan miles de cordobeses. Por eso es que nos hemos organizado para luchar por el derecho a la vivienda digna. En ese sentido, hemos impulsado la ocupación de terrenos públicos y exigido al estado provincial la urbanización y el desarrollo de planes de viviendas populares. De esta manera apuntamos a enfrentar el problema de la falta de vivienda y que se generen puestos de trabajo genuino, frente a la desocupación que crece día a día.

En la últimas elecciones el gobernador Juan Schiaretti hizo compaña con el plantea de construir en 4 años 25.000 viviendas, lo cual está muy lejos de dar solución a los 465.000 cordobeses que carecen de las mismas.

Sin embargo, las promeses de Schiaretti en lo referente a vivienda ya las conocemos: son discursos de ocasión. El gobierno provincial está muy lejos de brindar una respuesta adecuada para resolver el problema de la vivienda. Lo testimonian las y los cordobeses que fueron estafados con los planes “Lo Tengo” y “Hogar Clase Media”; y aquellos que alcanzaron el plan Vida Digna, que es solo un subsidio para que familias hacinadas construyan una habitación o un baño, sin poder acceder a la vivienda que se necesite.

Desde el Polo Obrero y el Frente de Izquierda planteamos que se pongan todas las tierras públicas al servicio de un plan de viviendas populares, que se empadrone a todas las familias sin vivienda y que luego de entregadas paguen cuotas de hasta el 10% de sus ingresos. Con esos fondos se puede continuar con las construcciones. Los fondos para ello deben salir del Banco de Córdoba, que ha tenido superávit en los últimos años y debe estar al servicio de población trabajadora, y no de un grupo de empresarios para que incrementen sus ganancias en desmedro del conjunto de la población.

Es necesario que se empadrone a todas las personas desocupadas del sector para ser incorporadas a la construcción de viviendas, con salarios de convenio. También planteamos que un 50% de los que ingresen sean las y los compañeros de las organizaciones de desocupados.

En medio de esta cuarentena, desde el Polo Obrero, continuamos organizándonos y preparándonos para la lucha por el derecho a la vivienda.

Vamos por un plan de viviendas populares y para que la crisis la paguen los capitalistas.