El gobierno parece envuelto en una disputa por el control de los planes de empleo entre Alicia Kirchner, de Desarrollo Social, y Carlos Tomada, del Ministerio de Trabajo, el área que los controló hasta ahora. La disputa es por un formidable instrumento de clientelismo. El aparato duhaldista maneja más de 700.000 subsidios bonaerenses; Rozas, con 106.000 planes, hace y deshace sobre la vida y el hambre de los chaqueños. El zarpazo por parte de la hermana del Presidente implicará una trabajosa cooptación de los punteros locales.

También los gordos de la Cgt, quienes reclaman el manejo de los Jefes de Hogar y el ingreso de desocupados a las presuntas obras públicas (Infobae, 29/5). Tomada reivindicó el manejo para Trabajo alegando que “tiene la capacidad técnica y la vinculación a la economía real”, léase a la burocracia sindical y a las cámaras empresarias, para “profundizar los convenios con empresas que tomen gente y el Estado aporte el subsidio” (La Nación, 22/5). Al mismo tiempo impulsa que “el subsidio sea parte del salario en la obra pública y pague la mitad del sueldo o más” (ídem, La Nación).

Tomada avanzó sobre los piqueteros al plantear una mayor “intervención de los con sejos consultivos”. Los consejos son la cueva de los negociados y el clientelismo de los punteros, lo mismo que el Consejo Consultivo Nacional donde D’Elía y la Ccc prolongaron la tregua de la Cta a cambio de planillas.

Pero la crisis del esquema ya es vieja. En primer lugar, hay decenas de miles de compañeros de todas las provincias con planes caídos o discriminados por meses y meses. Sólo el Bloque Piquetero tiene 12.000 compañeros de la provincia de Buenos Aires prometidos y empantanados en el sistema; el Polo Obrero registra caídos y nunca anotados por miles en las distintas provincias, la Ftv denuncia 11.500, la Ccc, 3.290 y Castells, 2.790 (Ambito Financiero, 29/5).

Ambito habla de 30.000 caídas que se registrarán en junio. La explosividad en el movimiento de los trabajadores desocupados no ha disminuido un ápice, en primer lugar, por la miseria de un importe de 150 pesos, que cayó a la mitad de su poder adquisitivo, y en segundo lugar, por los millones de compañeros que no están incluidos en el sistema.

El relevo de la Sra. Camaño de Barrionuevo ha traído a un abogado de la más tradicional y recalcitrante burocracia sindical.