Cuando a las seis de la tarde, luego de más de seis horas de negociación, las fuerzas de seguridad cedieron el Puente Pueyrredón a las columnas piqueteras, terminó de consumarse otra gran derrota política del gobierno frente al movimiento piquetero. Este sentimiento de victoria unió a los 15.000 manifestantes en Plaza de Mayo o a los que se movilizaron en Tartagal, Salta, Orán, Córdoba, Cipolletti, Río Gallegos.

Pasado el mediodía, cerca de 10.000 piqueteros de Barrios de Pie, CTD y MTD Aníbal Verón, Polo Obrero, Bloque Piquetero Nacional, junto a familiares de los caídos desde la rebelión popular, la Correpi y otras organizaciones, llegaron hasta el Puente y se encontraron con un gigantesco operativo represivo que pretendía imponer el cacheo de los manifestantes. Invocaban una orden de la jueza Servini de Cubría propia de los tiempos de dictadura: “decomisar todo elemento que las fuerzas de seguridad entendieran violento y abrir la mochila de cada manifestante”. De hecho, existe una ley no escrita de bloqueo y cacheo que está funcionando en las rutas del Gran Buenos Aires sobre todo colectivo que no sea de línea. El viernes 22, una orden de la misma jueza en la misma línea del cacheo había frenado a columnas piqueteras de la Coordinadora Aníbal Verón que querían tomar el Puente Avellaneda en La Boca.

 

Prueba de fuerza hacia el 19 y 20

El operativo de Puente Pueyrredón no fue el producto de la orden de una jueza envalentonada sino una decisión de Estado, una prueba de fuerza con vistas al 19 y 20 de diciembre. No se explica de otro modo la puesta en escena de uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos tiempos, con más de veinte tanques y otros tantos carros hidrantes en un despliegue conjunto de la Gendarmería y la Prefectura como primera línea. No se explica de otro modo que hayan sido bloqueados y requisados los móviles con alimentos y agua para los piqueteros en distintas zonas del Gran Buenos Aires y Capital, en una operación de “inteligencia” destinada a cansar por hambre y sed a los manifestantes.

 

Intentar aplicar la “ley” de cacheo en el Puente fue una decisión política.

Es más, la orden de la jueza no existió formalmente (ni las fuerzas de seguridad ni Matzkin, a pesar de los reiterados reclamos de los dirigentes piqueteros, pudieron presentar la orden escrita), sólo fue un “pacto de Estado” por el cual el gobierno podía invocar su nombre pero la jueza no se hacía presente en el lugar de los hechos. Finalmente, la decisión política de dar marcha atrás provino del gobierno y en particular de Juan José Alvarez, ministro de Seguridad, y de la “dureza” de la jueza nadie habló una palabra más.

Luego de las seis largas horas de negociación el gobierno comprobó que la masividad de las columnas piqueteras no cedía a pesar de la temperatura brutal; que toda la población se concentraba en el desenlace de la pulseada en el Puente y que una encuesta sumaria elemental (en un gobierno adicto a ellas) daba una aprobación masiva a la acción de los piqueteros en una lucha en la que éstos se erigían en custodios y defensores de las libertades públicas. La perspectiva de un acampe en el Puente Pueyrredón, la cual era planteada por algunos medios, era sencillamente escalofriante para el gobierno, por la posibilidad de que se instalara una virtual Ruta 3 en pleno corazón del conurbano.

 

Derrota política

En estas condiciones el gobierno cedió y entregó literalmente todo. La supuesta concesión piquetera de no acampar en el Congreso no existió jamás; las organizaciones piqueteras convocantes habían decidido antes no concretar esa acción de lucha por razones humanitarias (ocho personas se desvanecieron extenuadas por el calor y las carencias en el acto final de Plaza de Mayo).

La derrota política del gobierno fue posibilitada por la solidaridad de vecinos y trabajadores. Cientos de manos alzadas fueron un abrazo a la distancia a quienes habían visto soportando, en muchos casos con sus propios hijos, el sol a plomo y la falta de comida, en tanto las fuerzas de seguridad se renovaban rigurosamente cada hora.

El 26 de junio pasado representó un primer escenario de la lucha política del movimiento piquetero. El 7 de noviembre, participaban del Acampe en el Ministerio de Trabajo casi 30.000 compañeros. Esta vez, en una movilización eminentemente política, reclamando “que se vayan todos”, “que se vaya el gobierno asesino de Duhalde”, planteando “un gobierno de trabajadores”, “un nuevo Argentinazo” y el juicio y castigo a los asesinos de todos los caídos en la lucha obrera y popular, en una manifestación con escaso tiempo de preparación, hecha “a pata y pulmón” y que obtuvo sólo algunos renglones en los medios gráficos, la Plaza reunió a más de 15.000 manifestantes.

 

Asamblea Nacional

La movilización del 26 forma parte de las decisiones de lucha surgidas de la Asamblea Nacional de Trabajadores (convocada por el BPN, el Mijd y Barrios de Pie) y sumó de conjunto a la Coordinadora Aníbal Verón. Al defender el método de la Asamblea Nacional, de concretar cada paso de un plan de lucha y marchar a las plazas, los piqueteros actúan como una representación soberana de los trabajadores en lucha frente al Estado capitalista. Este método está haciendo su trabajo de topo en el edificio montado por la burocracia en los sindicatos y en el propio bloque colaboracionista de la Cta-Ccc. Es lo que señala el periodista de Clarín: “Los piqueteros duros –que no enviaron al gobierno a su primera línea–” (…) “recorrieron la ciudad con otra protesta contundente en número; así marcaron un fuerte contraste con el escuálido reclamo de la semana anterior frente al Congreso, impulsado por los grupos piqueteros de la Cta y Ccc. Un punto a favor en la disputa interna piquetera” (27/11).

La pulseada del Puente puso de manifiesto que el Bloque convocante de la Asamblea Nacional es la única referencia del movimiento de lucha de los explotados que se manifiesta por doquier en el país.