Hace casi tres años, relatamos desde Prensa Obrera de qué modo la administración centroizquierdista de Ibarra había montado un dispositivo para "aceitar" la labor desalojadora de la Policía y la Justicia sobre centenares de familias sin techo. Allí donde los compañeros amenazados por un desalojo emprendían una resistencia, una legión de asistentes sociales de la Secretaría de Promoción Social concurría a ofrecerles la relocalización en la provincia o subsidiar su alojamiento en una pensión (ver Prensa Obrera N° 702: "Así desaloja un gobierno progresista", 11/4/2001).

Casi tres años después, las cosas han cambiado: el pasado viernes 26, compañeros del Polo Obrero concurrimos a la calle Venezuela 2887 por pedido de catorce familias que estaban siendo arrojadas a la vereda por efectivos policiales y un oficial de "Justicia", sin otra perspectiva que la de ir a parar, literalmente, a la calle. Esta vez, las clásicas "combis" de la Secretaría de Desarrollo Social, con sus asistentes y funcionarios, brillaban por su ausencia. Cuando reclamamos vivamente por la brutalidad del desalojo – que prescindía hasta de la intervención del área social del gobierno porteño – , el oficial de Justicia interviniente ordenó mi detención, que los efectivos de la Comisaría 8ª – viejos conocidos del movimiento piquetero en las jornadas de Brukman – no vacilaron en ejecutar. Sólo bajo el escándalo generado por el hecho fue que, posteriormente, se acercó al lugar el gobierno porteño para brindar una mínima asistencia a las familias que todavía se encontraban en el lugar.

La "emergencia habitacional", en quiebra

¿Qué revela el carácter de este desalojo? Sencillamente, que se han quebrado todos los "parches" que el ibarrismo viene aplicando ante la llamada "emergencia habitacional". Hace dos años, el gobierno pretendió salirse del sistema de re-alojamiento de los sin techo en hoteles: no para superar sus miserias y corruptelas, sino para colocar al desalojado… más cerca de la calle. En efecto, dispusieron un subsidio único de 1.800 pesos por familia afectada, obligando a ésta a emigrar de la Ciudad – o a vivir en la calle – una vez agotado ese recurso. La movilización piquetera ha arrancado, en muchas oportunidades, la renovación de estos subsidios. Sin embargo, en los últimos meses el área de "emergencia habitacional" del gobierno porteño se ha declarado en "default": ya no se entregan subsidios, según informan, porque "se agotó el presupuesto". Diariamente, decenas de compañeros peregrinan por la oficina de Pavón y Entre Ríos, reclamando subsidios, para los que se otorgan "fechas" de aquí a sesenta días aún con desalojos inminentes. La orientación de "contener" los desalojos con subsidios se ha fundido, bajo el peso de los miles de inquilinos que no pueden pagar los alquileres; y de las reformas reaccionarias a los códigos Penal y Comercial en materia de desalojos, que permiten la expulsión sumaria de los afectados. Ahora que su política de "parches" se ha agotado, Ibarra, sencillamente, mira para "otro lado". Así ocurrió en Venezuela 2887, hasta que intervino el Polo Obrero. Pero esta crisis plantea, también, la necesidad de una intervención a fondo de las organizaciones populares, movimientos piqueteros y asambleas populares que intervienen en la lucha por la vivienda: es necesario preparar un congreso de los sin techo, que vote un plan de lucha por la suspensión inmediata de desalojos por un plazo de dos años; la renovación automática de subsidios habitacionales de toda familia desalojada, hasta que se encuentre en condiciones de solventar un techo; el traspaso de todos los predios y tierras ociosas de la Ciudad – incluyendo las de la Corporación del Sur – a las cooperativas de vivienda y organizaciones de los sin techo, para el desarrollo de un plan de viviendas populares bajo control de los propios afectados.