Una consultora privada estimó, en base a estadísticas oficiales, que solo 1 de cada 10 trabajadores desocupados y/o necesitados accede actualmente a la asistencia económica del Estado, por medio de un programa social. El gobierno insiste en liquidar los planes sociales, en medio del ajuste del FMI, cuando lo que queda de manifiesto es la insuficiencia y precariedad de estos programas.

Se trata de un informe elaborado por Ieral, de la Fundación Mediterránea, que estima la existencia de 10 millones de personas en “condiciones de dificultad laboral”, lo que amplía la estadística oficial, que solo contempla como desocupado a quien a falta de empleo ha buscado trabajo en el pasado reciente.

El Potenciar Trabajo alcanzó en agosto la cifra de 1.131.977 titulares, lo que constituye el 10,6% del universo considerado por la consultora privada. Si se agrega que estos beneficiarios solo cobran la mitad de un salario mínimo de indigencia, se completa la fotografía de un régimen social de hambre y miseria.

Con todos estos límites, el programa Potenciar Trabajo implica el 43% del gasto nacional en Promoción y Asistencia Social, lo que da cuenta de los límites de toda la política asistencial del gobierno, que se encuentra en la picota en vías de cumplir con las metas de recorte fiscal acordadas con el FMI.

Los programas sociales se duplicaron desde el ascenso del gobierno de Alberto Fernández y pasaron de 142.000 planes hace diez años hasta la cifra actual, como un resultado del constante deterioro laboral de millones de trabajadores, bajo el kirchnerismo, el macrismo y el albertismo.

La orientación del gobierno de cerrar el ingreso de nuevos trabajadores y forzar el ensamble con el empleo precarizado responde a la idea de querer suprimir y/o achicar el caudal de programas pero de la manera incorrecta: ajustando. Además de que este tipo de políticas no encuentra realización en el mercado.

Históricamente los programas sociales oscilan según el nivel de trabajo genuino en las calles. Tras la crisis del 2001, cuando ya había cientos de miles de planes sociales, los mismos se fueron acotando con la “recuperación económica” posterior, aunque bajo la modalidad de un empleo precarizado, con las tercerizaciones y otros mecanismos antiobreros.

La Unidad Piquetera viene dando una lucha sin precedentes contra la política de ajuste del oficialismo, que busca cerrarle las puertas a estos millones de trabajadores desocupados, precarizados o en la informalidad. Además de la pelea por un seguro económico que cubra la canasta de pobreza y no los actuales montos de ultraindigencia, totalmente insuficientes.