En las últimas horas se desató un escándalo con los sobreprecios de hasta un 100 % de los alimentos que el Estado compra para la atención de las personas en emergencia alimentaria y que son asistidas por los comedores populares. En un país con 16 millones de pobres el tema no es solo un problema de corrupción.

Antes de la declaración de la cuarentena, el Estado compraba 8 millones de kilos de alimentos, en su mayoría hidratos de carbono, que eran distribuidos por comedores populares en todo el país.

A pesar de que el ministro Arroyo ha declarado una y otra vez en todos los medios de comunicación que la ayuda alimenticia es una prioridad de su gestión, la realidad es muy diferente.

El actual gobierno, igual que el anterior, incumple la ley de emergencia alimentaria sancionada, luego de un acampe nacional de 48 hs, en septiembre del 2019.

La ley obligaba al Estado a aumentar un 50 % los alimentos destinados a los comedores populares. En los últimos 6 meses solo se han entregado las partidas correspondientes a 4 meses, dos en cada periodo de los sucesivos gobiernos. Mauricio Macri y Alberto Fernández comparten la violación de la emergencia alimentaria.

La denuncia que surge hoy, y que fue reconocida por el propio Arroyo y justificada por el apuro, constituye un agravante a la crítica situación de desesperación por hambre que recorre la Argentina y mantiene en vilo a los millones de trabajadores que esperan por esa ayuda. Lamentablemente, los sobreprecios, la cartelización y la corrupción de funcionarios del Estado no son una novedad. Estas características han recorrido todos los gobiernos, desde el “Abuelo” Cafierito, que según Juan Domingo Perón se quedaba con los vueltos, hasta el contrabando de armas a Ecuador de Menem, las coimas del senado de la Alianza y el blanqueo de los parientes de Macri, por nombrar solo algunos incidentes recordados.

La situación que atravesamos, uno de los cuadros más dramáticos  de nuestra historia, hace urgente tomar medidas excepcionales.

Con sobreprecios de un 100% no hay dudas de que la corrupción está  presente en algún o todos los estamentos estatales que ejecutan, controlan y aprueban semejante desfalco.

Si se gasta mal y sale el doble, se podría dar el doble de asistencia con solo ahorrarnos el robo.

La responsabilidad en la corrupción es también del que vende. Los grandes empresarios alimentarios saben muy bien que el precio al que le venden al Estado es un robo. Sin embargo, ven en esta crisis una oportunidad para enriquecerse en forma ilegal y violando hasta las normas más elementales, Deben ir presos, tanto empresarios como funcionarios.  

Las responsabilidades deben ser debidamente determinadas y los culpables pagar por el daño social, sanitario y económico que han provocado.

Mientras crecen las demandas en los comedores y el gobierno no entrega ni un kilo más de alimentos a los comedores populares, lo ocurrido es de una gravedad inusitada. Es un crimen contra el pueblo.

Solo en los listados de espera de los comedores del Polo Obrero se han inscripto en 3 días más de 17 mil trabajadores desocupados que reclaman ayuda alimentaria y más de 80 mil se inscribieron para cobrar el IFE. Reclamamos que se constituya una comisión investigadora de las organizaciones sociales y los trabajadores del Estado que investigue y denuncie a los responsables. Esta comisión debe contar con amplios poderes para abrir los libros del Estado y las empresas que le venden al Estado.

Paralelamente reclamamos la constitución de un comité de control y seguimiento  de las futuras compras constituido por trabajadores electos de los ministerios de Economía, Desarrollo Social, la Secretaria de Comercio y de las organizaciones sociales.

IFE: otro frente de tormenta

Por otro lado el gobierno lanzó el programa IFE. Un subsidio ultralimitado de $ 10.000, al que sin embargo se han preinscripto 12 millones de personas. Esto habla por sí solo del enorme cataclismo social que nos envuelve.

El gobierno lanzó el programa explicando que abarcaría a unas 3,5 millones de personas. Ante el aluvión de 12 millones han empezado a llover las denuncias de exclusiones arbitrarias y totalmente fuera de toda lógica. Desocupados que hace más de 6 meses que no trabajan en blanco aparecen rechazados por aportes, trabajadores preinscriptos correctamente son rechazados en la segunda etapa del trámite sin explicación y sin lugar a reclamos. La página de Anses está totalmente colapsada y los posibles beneficiarios no encuentran respuesta. Vanoli, el titular del Anses implicado en el abandono criminal aplicado el viernes contra los jubilados y beneficiarios de la AUH, se prepara para protagonizar una nueva agresión al pueblo en en el contexto de la cuarentena.

La propuesta del Polo Obrero y el frente de lucha piquetero de un seguro al desocupado mayor de18 años de 30.000 aparece no solo como cada vez más necesaria, sino que sería una solución más económica, sanitaria y alimentariamente más adecuada, en función de la cuarentena.

Los recursos de este seguro deben salir del no pago de la deuda externa y de un impuesto progresivo a las grandes fortunas, no de los fondos del Anses, usados para múltiples destinos cuando se sigue incumpliendo con el 82% móvil para los jubilados.