El plan social del gobierno Duhalde tuvo su debut en La Rioja. El llamado “gabinete de crisis” se desplazó hasta la ciudad capital de la provincia y fue testigo allí de un violento “apriete” de los capitalistas riojanos. “Tanto Pymes como grandes empresas” denunciaron que “no cuentan siquiera con el capital de trabajo mínimo para aprovechar esa mejora de la competitividad” que supone la devaluación. Ante el conflicto, el gobernador y el “gabinete de crisis” resolvieron “asignar los subsidios para jefes y jefas de hogar desocupados a empleados de empresas en problemas” (BAE, 31/1). Allí mismo se asignaron a La Rioja 2.500 subsidios a ser utilizados por el sector privado y se comprometió otro tanto con la misma finalidad.

De este modo el Estado pasa a hacerse cargo del pago de los salarios de las empresas endeudadas, en calidad de subsidio directo y sin condición alguna. “Hasta el año pasado las empresas nos pedían financiamiento del Banco Nación, ahora no les alcanza y pretenden que paguemos los salarios de los empleados. ¿Para quién van a ser las ganancias de estas compañías?”, se preguntó, con vergüenza o cinismo, un funcionario del gabinete (ídem).

 

30 dólares

Los trabajadores de las empresas en quiebra, falta añadir, serán conminados a adecuar sus salarios a la “nueva realidad” de subsidios de 120 pesos en promedio, aproximadamente 30 dólares con la paridad que anuncia el mercado “libre”. Debe repararse en que el gobierno piensa afectar 1.000 millones de pesos anuales como subsidio para los jefes o jefas de hogar desocupados, que estima en 700.000, lo que supone 1.400 pesos anuales y 120 mensuales por familia.