A la madrugada de este martes un centenar de personas, que en su mayoría eran mujeres y niños que intentaban ocupar un terreno ubicado entre dos barrios populares de Guaymallén (Barrio Lihue y Capilla de Nieve),  en la provincia de Mendoza, fueron reprimidos por la policía violentamente.

En videos que circulan por las redes y grabados por las personas reprimidas se puede ver el despliegue de el helicóptero policial que persigue a las personas que corren mientras la infantería dispara balas de goma y gases lacrimógenos indiscriminadamente sobre el Barrio Lihue.

De esta manera, Mendoza se encolumna detrás de la doctrina del gobierno nacional que, junto a Massa y Berni, pretende criminalizar las tomas de tierras y reprimirlas violentamente detrás de la consiga “la propiedad privada es sagrada” como dijo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Pero esta doctrina no aplica a personas como el empresario Daniel Vila, quien usurpó tierras de la Universidad Nacional de Cuyo para construir su barrio privado Dalvian.

En un contexto donde aumentan el desempleo, la falta de changas, los alquileres que están por las nubes y el hacinamiento de las viviendas, es evidente que los sectores populares van a buscar resolver la problemática que los golpea y a la que los gobiernos solo le han respondido con palos y el Código Penal.

Por esto, desde el Polo Obrero nos ponemos del lado de los que luchan por poder vivir una vida digna, con trabajo y vivienda, y decimos basta de represión.

Necesitamos una salida de fondo al problema habitacional en la provincia, que dé respuesta a los trabajadores y sectores más pobres.

Es necesario hacer un relevamiento e investigar la entrega de tierras a grandes empresas inmobiliarias por parte del Estado. Crear un Banco de Tierras con destino exclusivo para la construcción de viviendas. Realización de un censo de los ocupantes de las tierras para establecer un criterio de prioridades. Suspender todo desalojo por 180 días de terrenos ocupados después del 20 de marzo del 2020 hasta verificar la situación social y la titularidad de los propietarios. Que la provincia destine las tierras fiscales y ociosas para su utilización en la construcción de viviendas.

Por un plan de viviendas con trabajo genuino y bajo convenio con participación de los trabajadores desocupados de la zona.

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