Cuando la jueza federal, al comando de 300 gendarmes armados hasta los dientes, se declaró incompetente para reprimir el ‘delito’ del corte de ruta, anunció ‘otro delito’, que llamó de “sedición” y corresponde por lo tanto a la jurisdicción provincial.

‘Concluida’ la pueblada, la jueza federal precisó en un canal local que “si bien el delito había cesado, la causa seguía abierta”.

En tanto que ante 20.000 movilizados el gobernador se comprometía a “no tomar represalias de ningún tipo” y la jueza federal y los gendarmes reculaban, comenzaba a montarse la represión ‘legal’. Ante esta perspectiva, en el “Encuentro Contra la Represión” que estaba convocado, el Partido Obrero propuso que se emitiera un comunicado de prensa exigiendo el cierre de la causa en el fuero federal, lo que fue aprobado. Ese mismo día, “el fiscal en lo penal, Santiago Terán, intimó a la jueza Beatriz Martínez para que investigue por presunta instigación a cometer un delito…”  a un dirigente del sector opositor del MPN y a los dos intendentes, imputándoles “… haber propiciado el corte de las rutas nacional 22 y provincial 17, durante la reciente pueblada” (Río Negro, 4/7).

Como “no tenemos nombres”, señaló el fiscal, “estamos investigando quiénes formaban parte de aquellos grupos que obstaculizaban la circulación”, y “requirió la colaboración de los medios de comunicación, en este caso de dos canales de televisión locales, para que aporten material fílmico” (ídem).

El fiscal cubre su ataque a los piqueteros, amagando procesar a los popes locales. ¡Hay que entender que estamos ante un proceso judicial contra los piqueteros y proceder en consecuencia!