En febrero, el Ministerio suspendió la mitad del ingreso a 160 mil beneficiarios; en marzo, a 100 mil y ahora en abril deja por fuera del programa a 86 mil trabajadorxs desocupadxs y precarizadxs.

Si se hubiera realizado de manera presencial la validación de datos, como reclamó la Unidad Piquetera, la cantidad de bajas hubiera sido aún menor. El Estado tiene responsabilidad de ir a ver a las 85 mil personas a quienes les recorta el programa, para verificar si salieron de su situación de indigencia.

La validación exclusiva por internet fue el instrumento para avanzar en el recorte, en un país donde la mitad de la población padeció la falta de luz y se encuentra en situación de pobreza y millones en indigencia. Como denunció la CCC, integrante de este gobierno ajustador: en El Impenetrable de Chaco, 1.500 personas no tienen luz ni agua, mucho menos tuvieron internet para realizar la validación.

El objetivo de bajas y de terminar con los planes sociales es un reclamo del FMI y la clase patronal, que quiere pagar salarios de hambre que no compitan con los programas y terminar con todo tipo de derecho laboral.

Para avanzar en los despidos, el gobierno contó con la complicidad y ejecución desde los sillones del ministerio de la Utep. Tenían la expectativa de que el presupuesto de baja se utilice en convenios de herramientas y maquinarias, pero tampoco ocurrirá, ya que el FMI y Massa dijeron que va al pago de la deuda.

Este ataque hay que enfrentarlo con la organización independiente, en cada barriada popular contra los punteros del gobierno y la oposición ajustadora, en defensa de lo conquistado y por nuevas reivindicaciones. Ese es el camino que el Polo Obrero y el frente de lucha impulsan en la Unidad Piquetera.

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