La Justicia federal acaba de disponer la liberación de los 57 piqueteros del MTR detenidos el 3 de agosto luego de una movilización al Ministerio de Trabajo bonaerense. La decisión fue adoptada por un juez del riñón duhaldista ajeno a la causa, que “hizo lugar a un recurso de hábeas corpus y, además, determinó que no existen elementos que confirmen el delito de coacción agravada” que se les imputaba (Clarín, 30/8). Como días antes la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata había confirmado las detenciones de los trabajadores en causas por las que podrían haber sido condenados hasta con diez años de prisión, el abrupto vuelco tiene las características de una decisión política. El gobierno bonaerense echa lastre ante la inmensa movilización que ha provocado su ajuste a partir de los planes de lucha de la Asamblea Nacional Piquetera.

En el norte de Salta, la campaña represiva está ceñida al intento de sostener una causa trucha que cae por todos los costados. El ejemplo es un trabajador a quien un oficial de la gendarmería le ofreció “limpiar” su causa si incriminaba como francotiradores a miembros de la UTD y que permanece detenido (ver nota en página 5). Con éste son hoy 42 los presos por luchar (sumar diecisiete de Pocitos, tres del MTR en Mar del Plata, Raúl Castells, Emilio Alí y diecinueve rehenes en la Plaza del Aguante).

La II Asamblea Nacional Piquetera tiene en la libertad y el desprocesamiento de los luchadores un punto insoslayable de su plan de lucha.