Organicemos la lucha contra la represión que crece

El miércoles 8 de mayo, en la Estación Benavídez del Ferrocarril Mitre, un policía de la provincia de Buenos Aires interceptó a María Emilia Leiva, una compañera del PO, constructora del movimiento de desocupados de la zona, la empujó contra la pared y le puso la pistola reglamentaria en el cuello, amenazándola de muerte. El policía, que conocía el movimiento del partido en la zona, pues se refirió a otros miembros del PO por su nombre y características, juramentó que pasaría a agresiones mayores “si no nos dejamos de joder en el barrio”, porque “esto no es un juego y se va a poner peor”. La comisaría de Benavídez es una de las varias intervenidas por casos de “gatillo fácil” y apremios a menores de edad.

Lo que le ocurrió a María Emilia, ¿tiene alguna diferencia con lo que le pasó cuatro meses atrás a Luis Salazar, miembro de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón? A principios de enero, cuando volvía de una protesta en el Puente Pueyrredón, dos desconocidos lo interceptaron a metros de su casa y le hundieron un arma en el estómago: ¿viste qué fácil? -le susurró uno de los matones al oído-, si te la damos acá, nadie te ve” (Página/12, 12/5).

Entre las agresiones a Luis y María Emilia existe una agenda abrumadora (y sin embargo, incompleta, por aquellas víctimas que no denuncian) que desnuda el accionar de los servicios y las “barras bravas” del duhaldismo contra el movimiento piquetero, los partidos que lo respaldan y las Asambleas Populares. El debut de esta metodología se produjo el mismo día de asunción del nuevo gobierno (1/1) en la agresión de policías y matones contra la movilización de la izquierda.

El 9 de enero pasado, en José C. Paz, la patota montó un camión a la caza de piqueteros. Primero, fue la agresión a la Coordinadora de Desocupados del Polo Obrero, que terminó con compañeros hospitalizados; luego un intento de desalojo a un piquete del MTD de la CTD Aníbal Verón, después (copiando a su colega Rico con el Larcade) el copamiento del Hospital Mercante.

El 6 de febrero, un hombre, “conocido como puntero justicialista de la zona” (Página/12, 8/2), mató de un balazo al piquetero Hugo Barrionuevo, también de la CTD Aníbal Verón. El asesino, hoy “está beneficiado en su casa con prisión domiciliaria” (ídem, 5/5). En marzo, un piquetero del MTD Solano fue víctima de una brutal golpiza de “advertencia”, según los captores. El 11 de abril, fue detenido por varias horas en la comisaría de San Justo, en La Matanza, José Villalba, dirigente del Futrade (Polo Obrero) acusado de ser responsable de la ocupación de la delegación de Empleo de Catán, hecho en el que Villalba no tuvo nada que ver. El 16 de abril fue vuelto a detener, esta vez sin razón aparente. El 18 de abril, tres balazos impactaron en el frente del domicilio de Susana Bordalotta, del PO, miembro de la Asamblea Popular de Villa Jardín y reconocida delegada del Suteba. En el distrito de Tres de Febrero, en los días previos, matones y patrulleros a los que no podía ser ajena la intendencia (Hugo Curto, también del riñón duhaldista) impidieron la realización de un cacerolazo y amenazaron a varios participantes de las Asambleas Populares, un accionar que se repitió en Merlo e Ituzaingó, intendencias del mismo cuño político.

El 15 de abril fue baleado Juan Arredondo, también de la Aníbal Verón, mientras participaba de un corte en reclamo de planes de empleo en Lanús, “feudo” reconocido del mismo aparato.

El viernes 3 de mayo, Pablo Mazparrote, integrante de la Asamblea Popular de Km 30, fue salvaje y cobardemente atacado por una banda que lo golpeó con un bate en la cabeza por lo cual fue hospitalizado. Todos los vecinos sospechan que se trata de “la gente” del intendente de Malvinas Argentinas, Jesus Cariglino. Pablo iba a entrevistarse ese mismo día, junto a otros asambleístas, con el secretario de Salud en reclamo de la salita del barrio. Tempranamente, un editorialista de La Nación saludó el primer accionar de las bandas fascistas porque “la calle ya no está libre, por lo menos para la izquierda (porque) el justicialismo movilizará también, si es necesario, gente adiestrada en choques despiadados” (2/1).

Persecución judicial

El accionar de las bandas tiene su complemento en la persecución judicial y policial. Esta se expresa en la reapertura del proceso con Roberto Martino y 59 miembros del MTR por la causa del Ministerio de Trabajo de La Plata, en el procesamiento de miembros de la Coordinadora de Desocupados de Mercedes y de Liliana Díaz, miembro del PO, por cortes de ruta y de vías. En el procesamiento de dirigentes del PO por cortes de ruta en 1997 (¡!) y de la CTA Neuquén por cortes en el 2000. O en la continuidad de la causa por el mismo “delito” contra José Barraza y otros dirigentes piqueteros del norte de Salta.

La lucha por derrotar el accionar de las bandas, la persecución judicial y el acoso policial contra el movimiento piquetero y popular, por la libertad de Raúl Castells y el desprocesamiento de los 2.800 luchadores encausados es una cuestión de “Estado” para el movimiento obrero y popular. El PO llama a coordinar una campaña de agitación y movilización por estas banderas. Defendamos a los luchadores.