El gobierno dejó trascender la idea de publicar un decreto que prohíba altas en los programas sociales, algo que viene desenvolviendo como parte de su política de ajuste pero que intentan consagrar como prohibición legal en medio de un salto en la precarización laboral, el desempleo y la indigencia.

La medida busca avanzar en la “regularización” del ajuste, planteando no solo la imposibilidad de la inclusión de nuevos beneficiarios a los programas sociales sino también el bloqueo a la reposición de los programas que el propio gobierno da de baja, más aún en tiempos de auditorías y recortes.

El gobierno intenta hacer pasar esta nueva ofensiva contra los trabajadores desocupados por medio de una provocación, comprometiéndose a usar el monto excedente –de la caída de planes no renovados- a la compra de herramientas y materiales de trabajo, las mismas que se viene comprometiendo a entregar, sistemáticamente, sin resultado concreto alguno.

De formalizarse la medida,se trata de un golpe en favor del FMI y las patronales, que reclaman una liquidación del gasto social para dejar en desamparo a cientos de miles de trabajadores desocupados y precarizados que deben vender su fuerza de trabajo a cambio de migajas y salarios bajos.

Esto ocurre cuando el gobierno nacional viene desenvolviendo un ajuste en toda la línea contra los desocupados. Así lo acaba de denunciar la Unidad Piquetera, en un comunicado público, señalando que el Ministerio de Desarrollo Social no estaría cumpliendo con la provisión de alimentos y las herramientas comprometidas.

Esta situación llevó a que las organizaciones piqueteras se declaren en estado de alerta general, luego de que tras la asunción de la ministra Victoria Tolosa Paz se intente desconocer los compromisos acordados con la cartera.

También denuncian lo escaso de los fondos que reciben los beneficiarios de los programas sociales, actualmente en $27.300 de hambre. Y acaban de movilizarse a la Anses, en todo el país, en rechazo a las exclusiones al bono de emergencia de temporada para los trabajadores en la indigencia.

El Ministerio de Desarrollo Social de Tolosa Paz aún le debe una reunión a la Unidad Piquetera, para desenvolver todas estas reivindicaciones y la agenda de compromisos pactada por el gobierno. Y discutir la creación de trabajo genuino y la asistencia económica a los trabajadores sin empleo. Pero la ministra sigue sin responder.

Así las cosas, desde la Unidad Piquetera anuncian que retomaran la lucha en las calles a partir de la semana próxima, contra los recortes en alimentos y herramientas, el bloqueo de la asistencia económica a los desocupados, el presupuesto de ajuste para el 2023 y por trabajo genuino. De concretarse la sanción del decreto, las medidas se van a profundizar.

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