Por el desprocesamiento de los luchadores

El gobierno (Página/12, 10/11) estaría barajando la posibilidad de dictar una amnistía o una ley de desprocesamiento para los luchadores populares que “abarca los juicios iniciados en los últimos 10 años, en el período en que el modelo económico originó el mayor índice de desocupación de la historia del país”.


La primera alternativa, una amnistía, fue presentada en Diputados por el grupo Talcahuano, alineado con Kirchner (La Nación, 13/11). La ley de amnistía opera hacia el pasado y pretende establecedor una “paz social”, o sea el fin de la movilización popular. Implica, a su vez, el reconocimiento del delito. “Este proyecto cuenta con el aval de la diputada por IU, Patricia Walsh (autora de un proyecto inicial en este sentido)…” (La Nación, 13/11).


De todos modos, dice este diario, “el gobierno tomó distancia del proyecto… el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó ayer que el gobierno no está analizando ningún proyecto en ese sentido” (ídem).


La otra posibilidad (ley de desprocesamiento), tal como fue tomada por el gobierno, no es otra cosa que una medida gatopardista, por varias razones: 1) de acuerdo a lo citado en la nota de Página/12 (10/11), “la idea de los proyectos de ley es actuar hacia atrás”; 2) la propuesta principal es la de “redactar un agregado para el art. 77 del Código Penal, que funciona como un comodín para interpretar los delitos”. La ley “perdonaría” a los luchadores de la etapa menemista, pero no tendría efectos hacia el futuro.


Para el “nuevo período” se regimentaría el ejercicio del derecho a la protesta social, a través del Código Penal. De esta forma, la “despenalización” de la protesta social pretende, en realidad, acotarla y reglamentarla, es decir, penarla, cumpliendo el anhelo de “limpiar las calles de piqueteros”.


Está claro que la marcha del 4 de noviembre obligó al gobierno a dar marcha atrás con sus brigadas antipiqueteras, o a fingir que impulsa proyectos de descriminalización a los luchadores populares, cuando en realidad boicotea todas las iniciativas en ese sentido e incluso llega a desvirtuar sustancialmente los proyectos originales.


Por la descriminalización de la protesta social y el desprocesamiento de todos los luchadores populares, sin restricciones ni condicionamiento alguno.