En el marco de una tensa relación del gobierno con las organizaciones sociales y piqueteras, por el ajuste contra los trabajadores desocupados y precarizados de los programas sociales, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que están trabajando en el pago de un bono de $15.000 para el Potenciar Trabajo, que implicaría un cuarto de un salario mínimo de hambre y se encontraría por debajo, incluso, de una Canasta Básica Alimentaria individual de $20.000.

El anuncio aún no es oficial ya que desde la cartera de Desarrollo Social señalan que carecen de presupuesto y que la medida dependería de la aprobación del ministro de Economía Sergio Massa y de las directivas del presidente Alberto Fernández.

Este bono de miseria viene después de que se efectivizaran 20.400 bajas en base a los cruces con la Afip, utilizando argumentos como la compra de dólares contra compañeros que lo unico que hicieron fue contratar Netflix. O que compraron dólares autorizados por el Banco Central cuando tenían trabajo en blanco.

Por último, no hay perspectiva de que lleguen las entregas de alimentos para los comedores populares en el mes de diciembre, un reclamo que viene levantando la Unidad Piquetera.

El gobierno subordina la precaria política asistencial al ajuste fondomonetarista, con el recorte de las partidas para hacer frente a las consecuencias del desempleo, la inflación y la devaluación producto de las políticas económicas aplicadas. Además, allanan el camino a los reclamos patronales de liquidación de los programas sociales con miras a la baja de los salarios.

El reclamo de un bono de fin de año fue colocado en la agenda política por las organizaciones piqueteras que se movilizaron recientemente en rechazo a las políticas de ajuste contra los trabajadores desocupados, con la amenaza de bajas masivas en los programas, el ajuste sobre el salario mínimo, el desenganche de los planes, el bloqueo a nuevas altas y el retardo en el envío de alimentos a los comedores populares.

En un país dominado por una pobreza que supera el 43,1% de la población y los 20 millones de habitantes, el reclamo de un “doble aguinaldo” o bono del 100% se extiende como consigna para compensar parte de lo perdido por la inflación.

Llegado el final del año, los planes sociales –en consonancia con el salario mínimo- han aumentado alrededor de un 80%, contra una canasta alimentaria que acumula un 100,8% de aumento y una canasta básica que ascendió el 93,1%. Este deterioro en los ingresos se expresa en las dificultades económicas de miles de trabajadores desocupados y precarizados.

Aún así, desde el gobierno intentaron avanzar en su agenda antiobrera, detenidos por el momento por la respuesta de las organizaciones piqueteras e, incluso, de las propias organizaciones sociales oficialistas, las cuales no pueden disimular el marcado rumbo antipopular de la política oficial, que persigue y audita a los pobres y les brinda facilidades y beneficios a los capitalistas.

Tolosa Paz ahora pretende desentenderse de la responsabilidad del ataque emprendido, colocándose como supuesta rehén de la Justicia; sin embargo, el origen de la ofensiva contra los programas sociales se remonta a las tratativas e internas del propio gobierno, con el pedido de informe del exministro Juan Zabaleta y el “informe estadístico” del kirchnerista Carlos Castagneto, al frente de la Afip, que inició la campaña sucia contra los trabajadores desocupados.

La Justicia ya le ha puesto un “precio” al juego del gobierno, donde se habla de la baja de 150.000 programas sociales y la insistencia ara que se culmine el proceso de auditoria virtual para la primera quincena de enero.

La lucha contra esta ofensiva antiobrera sigue en pie, con un movimiento piquetero con respuesta rápida y capacidad de organización de los reclamos populares, y que levanta entre sus reivindicaciones en bono del 100%, aumento y la apertura de los programas sociales, el aumento del salario mínimo y el trabajo genuino para terminar con la pobreza y el hambre.

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