El gobierno nacional anunció que en las próximas horas publicará el DNU con la iniciativa del Puente Empleo: un marco legal para transformar los planes sociales en subsidio a las patronales. Como anticipo, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti informó que las patronales contarán con exenciones a los aportes y cargas patronales, es decir que los jubilados que cobran haberes de miseria serán condenados a financiar a las patronales.

El gobierno adelanta información del Puente Empleo con la intención de tentar a las patronales a que se adhieran al programa, pero hasta ahora los anuncios se parecen mucho al programa ya vigente, que implicó un rotundo fracaso y que no significó la creación de ningún puesto de trabajo.

La oferta de que las patronales tengan “bonificados” sus aportes y contribuciones a la Anses va en la línea de atacar el cálculo de la movilidad jubilatoria, cuyo uno de sus dos componentes centrales -el 50% de la fórmula- es la suma de la recaudación del organismo.

De esta manera, de tener éxito el programa del gobierno, son los jubilados quienes financiarán parcialmente el subsidio a las patronales, por medio de una movilidad deprimida por la caída en la recaudación aprobada por el gobierno.

Aun así, desde las patronales reclaman una reforma laboral a fondo, ya que incluso en estos términos deberían blanquear sus negocios clandestinos y/o incorporar plantel laboral con las obligaciones que eso conlleva.

El reclamo de los capitalistas es, justamente, desprenderse de lo que ellos denominan el “costo laboral”, que no es más que los derechos laborales adquiridos con décadas de lucha obrera (jornada laboral, indemnizaciones, salarios, etc.). El gobierno “empalma” con parte de estos reclamos patronales, lo que va allanando el camino para las reformas antiobreras.

De allí que el gran problema del momento sea la huelga de inversiones y la ausencia de trabajo genuino. El gobierno se adelantó en anunciar una supuesta caída de la desocupación que tuvo que ser desmentida por el Indec, a la espera de los números finales. Mientras otros registros ponen el énfasis en la caída de la actividad industrial.

La orientación fondomonetarista del gobierno está alimentando esta tendencia al estancamiento económico y la recesión, por la vía de las subas de las tasas de interés, el cepo a las importaciones y su repercusión en la industria y el derrumbe de la obra pública, entre algunas cuestiones centrales.

El gobierno apunta a adecuar una normativa que sea flexible con las industrias con alta y baja temporada y/o estacionales, como la construcción, el agro, economías regionales y otros. Se trata de sectores con salarios muy bajos y empleos circunstanciales, lo que opera como desincentivo para los trabajadores desocupados, que ven la amenaza de perder la asistencia económica conquistada.

Pero el ingreso parcial a estas actividades no soluciona el problema de fondo de la permanencia de los programas sociales, ya que se trata de empleos circunstanciales. De allí que esta orientación, ya practicada, también haya fracasado como medida para absorber y eliminar una cantidad importante de programas sociales.

La superación de los programas sociales no tiene otra salida que la generación de trabajo genuino, algo incompatible con las medidas económicas de fondo que está desenvolviendo el gobierno nacional. La Unidad Piquetera lidera la lucha por la creación de trabajo genuino, en la obra pública y con la construcción de cientos de miles de viviendas para las familias obreras. Pero, aun así, no son recibidos por el ministro de Economía, Sergio Massa.

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