El bloque de Unidad Ciudadana del Senado, con Juliana Di Tullio a la cabeza, presentó un proyecto de “Salario Básico Universal”, que restringe los posibles beneficiarios a solo 1,7 millones de personas: una devaluación del alcance de un programa de miseria, para compatibilizar con el ajuste.

Cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner manifestó públicamente su adhesión a un proyecto de estas características, estimó en alrededor de 7 millones de personas el universo de los destinatarios.

Ante la negativa oficial difundida por la portavoz presidencia Gabriela Cerruti, el kirchnerismo pasó a hablar de un proyecto para 3 millones de beneficiarios, para ahora pararse en 1,7 millones y sin que el proyecto aún pase por el debate en comisiones -donde podría seguir deteriorándose.

Se trata de una política que busca “ajustar” las políticas sociales al margen estrecho del pacto con el FMI, de allí que la senadora ubique el costo fiscal de la “nueva” iniciativa en 0,09% del PBI para lo que resta del año y 0,44% para 2023: algo incompatible con los anuncios de Sergio Massa de cumplimiento de las metas del déficit fiscal comprometidas ante el FMI.

Ajustar para ajustar

La re-reelaboración de la medida defendida por el kirchnerismo y gran parte de las organizaciones de la Utep, ahora bajo el nombre de Ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia, busca compatibilizar la asistencia social con el ajuste del gobierno y el FMI: algo solo viable en los límites de la contención, pero con escaso o nulo margen real.

De allí que esta última propuesta ya no tenga nada de “universal”, cuando el universo de los potenciales beneficiarios oscila entre las 7 y 10 millones de personas. El proyecto va orientado a mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64, que no perciban ninguna prestación, plan o cuenten con bienes a su nombre.

Además, la prestación, que sería originariamente equivalente a la canasta alimentaria individual de indigencia, hoy en $15.057, se actualizaría trimestralmente y no conforme la propia canasta, que lo hace de forma mensual y que, incluso, es una imagen del mes vencido y no del actual, impactando en el mes siguiente (dos meses de diferencia).

El supuesto propósito de garantizar “el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad” tampoco es tal, ya que la canasta alimentaria representa valores de bienes de subsistencia, y no una “adecuada alimentación”. También sería la excusa para ajustar más las partidas alimentaria, incluso programas como la Tarjeta Alimentar, que que el gobierno daría por “cubiertas” las necesidades básicas, por lo que se refinanciaría con más ajuste.

Por último, se establece que el beneficio será de carácter anual, sujeto a auditoría y evaluación sobre su renovación, quedando en manos de la administración de la Anses como autoridad de aplicación: el mismo organismo que aplicó un sinfín de filtros para otorgar el “IFE 4”.

Con esta nueva presentación queda al desnudo el caracter limitado y de miseria del programa que levanta el kirchnerismo y sus aliados, que no cuestiona el pacto con el FMI y que busca compatibilizar el ajuste con la degradación  material de las condiciones de vida de millones de trabajadores.

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