En el marco de la jornada nacional del Frente de Lucha Piquetero, realizada el martes 19 de mayo, las organizaciones sociales independientes del Estado volvieron a ganar las calles en distintos puntos de la provincia para reclamar asistencia para los nuevos comedores y merenderos, una demanda que el gobierno de Salta se niega a atender.

El gobernador Gustavo Sáenz había dejado de asistir a merenderos y comedores en medio de la cuarentena, a pesar de que todas las organizaciones barriales manifiestan que atienden a miles de familias por día. Ahora, rechaza el reconocimiento de los nuevos merenderos y comedores.

Las organizaciones que integran el Frente Piquetero de Lucha -el Polo Obrero, MAR, MTR CUBa, MTL Rebelde, MTR 12 de Abril, junto a Comunidad Salin y Comunidad Carboncito- se movilizaron en la capital salteña y en Joaquín V. González, Apolinario Saravia Burela, Güemes, Campo Santo, Cerrillos, Rosario de Lerma, Comunidad Salin y Comunidad Carboncito de Embarcación, todas localidades en donde ya funcionan a pulmón merenderos y comedores. En la jornada de lucha también se exigieron medidas para combatir la epidemia de dengue, que sigue avanzando en la provincia.

En Salta casi la mitad de la población se encuentra debajo la línea de pobreza, con los mayores índices de precarización laboral y desocupación del NOA. Esta situación se agrava por la cuarentena y la falta de asistencia del Estado a quienes se vieron obligados a dejar de trabajar. En muchos lugares los comedores escolares fueron cerrados, y en donde siguen abiertos se redujo el presupuesto para los bolsones alimentarios. La carencia de viviendas y el hacinamiento se han manifestado con más fuerza en la cuarentena, llevando a cientos de familias a ocupar terrenos (por lo que fueron en muchos casos reprimidos, como ocurrió días atrás en Tartagal).

Todo esto configura un cuadro de situación imposible de soportar por parte de las familias más pobres. La cuarentena no se asegura con brutalidad policial sino con asistencia alimentaria, la provisión de agua potable y elementos de higiene, y un subsidio de $30.000 por mes para los desocupados.

Mientras Sáenz ajusta en la asistencia social e intenta imponer una rebaja salarial a los trabajadores estatales, hace gala de sus políticas de rescate a distintos sectores empresarios. En un sentido opuesto al de estas prioridades del gobierno provincial, el Partido Obrero tiene presentado un proyecto de ley para gravar con un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas para constituir un fondo que permita atender esta grave crisis que atraviesa la población salteña. El martes, 26 este proyecto estará incluido en el temario de la sesión de la Cámara de Diputados; vamos a exigir su aprobación para terminar con esta desidia.