Vecinos autoconvocados del Barrio Justicia se manifestaron este jueves frente al IPV (Instituto Provincial de Vivienda), por falta de respuesta del gobierno de Sáenz a 50 familias sin techo.

La pandemia profundizó las condiciones precarias y de hacinamiento del sector más vulnerable de los salteños. Parejas jóvenes sin trabajo, hacinados con los padres, fue lo que los llevó a tomar medidas extremas como tomar terrenos fiscales ubicados entre el barrio Justicia y el río Ancho.

Esta situación crítica se repite en toda la provincia: la falta de trabajo agravada por la cuarentena les impide seguir pagando un alquiler, en algunos casos incluso, hay mujeres víctimas de violencia de género que no quieren regresar a la casa donde está su agresor por temor a tener un final fatal, como ya lo están demostrando las estadísticas.

En la víspera, más de 400 familias tomaron terrenos fiscales de ampliación Parque La Vega. A pesar de la amenaza de un fiscal y la Policía, la persistencia en permanecer en el lugar les abrió la posibilidad de una reunión con el IPV y los funcionarios de Tierra y Hábitat.

La semana pasada, la Policía de gatillo fácil de Sáenz, con una brutal represión, desalojó a 150 familias de las comunidades originarias de Tartagal.

Hace un mes 10 familias de Villa Mitre fueron desalojadas brutalmente de un terreno fiscal de Villa Foresta.

Un Estado sin planificación habitacional

La reunión de los vecinos de Justicia con los funcionarios fue absolutamente infructuosa. El IPV les respondió que ya no se hacían cargo de programas de viviendas y los enviaron a Tierra y Hábitat. Lo grotesco es que en Tierra y Hábitat les dijeron que la Provincia no tiene presupuesto para comprar tierras.

Recordemos que bajo el gobierno de Macri, el Estado organizó una operatoria de viviendas sociales, a través del IPV, para familias de escasos recursos, con ingresos de hasta 2 salarios mínimos, por la que el Estado nacional construía la vivienda sobre terrenos aportados por las provincias. El sistema clausuraba la existencia de Tierra y Hábitat. El programa tuvo corto vuelo, ni el Estado con Macri aportó los recursos, ni el gobierno provincial compró tierras para loteo en los últimos 6 años. Lo único que efectivamente organizó la Nación fue el Plan Procrear, que terminó en una crisis con cientos de familias movilizadas por el aumento desenfrenado de las cuotas que crecían al ritmo de la brutal devaluación macrista. Hoy el gobierno de Fernández, empeñado en pagar la usuraria deuda externa, anuncia apenas 5 mil viviendas en todo el país, cuando en Salta tenemos por lo menos un déficit de más de 70 mil viviendas.

El ping pong de los organismos muestra un Estado quebrado, sin presupuesto 2020 para compra de lotes ni construcción de viviendas populares y el hacinamiento agravado de los últimos 6 años.

Desde el Partido Obrero llamamos a todas las familias sin techo a marchar sobre el Estado para exigirle la inmediata expropiación de terrenos y la construcción de viviendas populares para resolver con plazos determinados la necesidad de vivienda de todas las familias. Y para que se apruebe el proyecto del Partido Obrero que crea un fondo de emergencia con un impuesto a las grandes fortunas y ganancias que permitiría la construcción de miles de viviendas en Salta.