En la mañana del lunes 18 de julio, la Unidad Piquetera se movilizó hasta las oficinas de Saeta, la Sociedad Anónima estatal que maneja el transporte en Salta, para rechazar el aumento del boleto, que sería el segundo en el año, y reclamar que se garantice el boleto solidario para todos los desocupados y precarizados. Mientras tanto, en Rosario de Lerma se realizaba la audiencia pública convocada por la Autoridad Metropolitana del transporte con nula concurrencia. La importante cobertura de los medios a la movilización mostró que el centro de la discusión por el aumento del boleto estaba allí y no en la audiencia.

Saeta pide un aumento del 55% del boleto, que llevaría el mismo a casi $64 para los recorridos urbanos, y el boleto más alto, que es hacia una localidad como Chicoana, quedaría por encima de los $150. Cabe recordar que a principios de 2022 el boleto aumento un 25% y, si se concreta este nuevo pedido, el aumento llegaría a casi un 100%. Ningún salario aumentó ni la mitad de eso, y hay que sumar también los tarifazos que se vendrán en la luz y el gas con la tan mentada segmentación que se planteó a nivel nacional.

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Ante la negativa de la Unidad Piquetera de que las autoridades de Saeta solo recibirían a tres representantes, se obtuvo que se haga presente en la movilización el gerente general, Claudio Juri. Una especie de asamblea elevó un pliego de reclamos que luego fue formalmente presentado. Si bien el reclamo principal fue contra el aumento, que implica un golpe mortal al bolsillo, y por el boleto solidario, hubo cuestionamientos al servicio, como por ejemplo la espera de hasta una hora, en algunas barriadas, para poder tomar un colectivo.

Juri se comprometió a discutir con el directorio de Saeta algunos de los puntos reclamados y polemizó con las intervenciones de las compañeras del Partido Obrero, Gabriela Cerrano y Cristina Foffani quienes denunciaron el volumen de subsidios que la provincia otorga al sistema de transporte, incluso cuando su funcionamiento fue ínfimo durante la pandemia. Llegó a decir incluso que el sistema era estatal ya que Saeta, que es del Estado, contrata a las empresas privadas, un absurdo.

El compañero Claudio Del Plá respondió a Juri mostrando que tanto la enorme masa de subsidios del Estado como lo que los trabajadores pagan de boleto va a garantizar la ganancia parasitaria de las 8 empresas que prestan el servicio de manera monopólica y que cobran por kilómetro recorrido, con cero riesgo. Denunció que Saeta se creó en el 2004 para rescatar a algunas empresas de transporte que estaban fundidas y que ahora sus dueños son multimillonarios (otras empresas directamente desaparecieron).

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Los números son claros

Si se revisan las ejecuciones de los presupuestos de la provincia se podrá comprobar la justeza de las denuncias de las compañeras del PO. Para 2020 el gobierno había presupuestado poner para el sistema $1300 millones. Luego se hizo una modificación aumentando $1800 millones más, a partidas que se ejecutaron en un 99%. Es decir que más que se duplicó el presupuesto en plena pandemia con un servicio menos que mínimo, lo que no deja dudas de que los empresarios embolsaron sus ganancias como si hubiese sido un año normal.

Para el 2021 también hubo modificaciones para incrementar el presupuesto del sistema en $1400 llevando el mismo a $4900 millones. Para el 2022 el Estado presupuestó $8600 millones, casi duplicando lo del año anterior. Lo que nunca dice Saeta es que una parte importante de todo el presupuesto, porque a esos números hay que sumar lo que el sistema recauda, se llevan de ganancia los empresarios, que como dijo el compañero Del Plá es lo que habría que ajustar y no el bolsillo de los trabajadores.

¿Cómo continúa la lucha?

Desde la Unidad Piquetera se dejó en claro que la lucha contra el boletazo va a seguir. En un primer intercambio, y a propuesta del PO, se acordó en que hay que salir a ganar al resto de la población que va a sufrir un golpe mortal a sus ingresos. Por ejemplo, con los horarios de Salta un empleado de comercio usa por lo menos 4 colectivos al día y gasta hoy aproximadamente $4000 de su salario al mes, y con el aumento se va a por lo menos unos $6000.

Por eso se van a organizar asambleas en las distintas zonas de la ciudad, para convocar a todas las y los trabajadores a luchar contra el boletazo y por supuesto a partir de ahí continuar impulsando la campaña por un paro general contra el ajuste fondomonetarista, del cual Sáenz es el ejecutor en Salta.